Reporteros sin Fronteras
La liberación de dos periodistas en 2001 no es sinónimo de
flexibilidad. Más discreta ahora, la represión es igual de eficaz
y permite al gobierno proteger lo esencial : su monopolio de la información.
Así, se vigila estrechamente tanto el trabajo de los periodistas
independientes como el de los corresponsales de la prensa extranjera.
El año 2001 comenzó con dos liberaciones. La de Jesús
Joel Díaz Hernández, cuando aun le quedaba por cumplir la mitad de
la condena, y posteriormente la de Manuel Antonio González Castellanos,
algunas semanas antes de la fecha prevista. Situación inédita,
Cuba ahora no tiene más que un periodista encarcelado, Bernardo Arévalo
Padrón.
Sin embargo resulta difícil decir que se ha producido una
flexibilidad del régimen en materia de libertad de prensa. Ante todo
porque, de acuerdo con la Constitución que estipula que "en ningún
caso" los medios de comunicación pueden ser de propiedad privada, el
Estado continua teniendo un monopolio absoluto sobre la información.
Después, porque el régimen del presidente Fidel Castro, celoso de
su imagen, prefiere una represión más discreta, aunque igual de
eficaz, contra los periodistas independientes, a los que califica de "contra-revolucionarios".
El número de detenciones - veintinueve frente a las treinta y nueve del año
precedente -, ha disminuido ligeramente. En cambio, los actos de hostigamiento,
cerca de un centenar, han experimentado un claro aumento (70 en 2000).
El Departamento de la Seguridad del Estado (DSE), que depende del Ministerio
del Interior, sigue siendo el principal instrumento de esa represión. Así,
este año se ha producido una multiplicación de citaciones, que han
dado lugar a interrogatorios, durante los cuales los periodistas fueron
normalmente amenazados con la cárcel o un proceso. Igualmente se han
ejercido presiones sobre miembros de sus familias. Una guardería se negó
a conceder una plaza al hijo de Pablo Pacheco Avila, de la agencia Cooperativa
Avileña de Periodistas Independientes. Interceptación del correo,
escuchas telefónicas, agresiones anónimas, visitas domiciliarias,
son otros tantos métodos utilizados por el gobierno para desanimar a los
autores de una información alternativa, o para convencerles de que se
exilien. Y, cuando consiguen un visado de una embajada extranjera, las
autoridades intentan canjear su autorización para salir del territorio
por informaciones sobre la disidencia.
De esta manera, el gobierno pretende sofocar cualquier intento de organización
de la prensa independiente. A la Sociedad Manuel Márquez Sterling, creada
este año, se le ha impedido impartir cursos de periodismo a sus cuarenta
miembros. A pesar de todo, los periodistas independientes intentan ejercer su
derecho a informar. Envían sus artículos por fax, o por teléfono,
a los miembros de la comunidad cubana en el exilio, que los difunden a
continuación en sus sitios de Internet. Un sistema tolerado por el
gobierno porque no pone en peligro su monopolio sobre la información que
llega a los cubanos, verdadero santuario.
Un santuario que no está protegido sólo contra las incursiones
de la prensa independiente. Este año, en el marco de la campaña "No
a la diversión ideológica", se han llevado a cabo nuevas
operaciones para hacer desaparecer de los tejados las antenas que permiten
captar canales extranjeros de televisión. También se interceptan
las radios internacionales extranjeras. En el mes de enero, en la prensa oficial
se llevó a cabo una violenta campaña contra Pascal Fletcher,
corresponsal de la agencia Reuters, después de que escribiera un despacho
sobre un controvertido desfile organizado por la embajada de España.
Fidel Castro acusó entonces a "algunos reporteros" de estar
buscando "que se les expulse", y apeló a sus agencias para que
dieran muestra de "sentido común". Dos meses más tarde,
Pascal Fletcher fue trasladado a Venezuela. Un incidente que fue interpretado
como una advertencia para los corresponsales, precisamente en el momento en que
el grupo de prensa norteamericano Tribune Co. y el diario The Dallas Morning
News abrían una oficina en La Habana. Según Earl Maucker, editor
de una de las publicaciones de Tribune Co., la apertura de esta oficina es el
resultado de diez años de negociaciones con el gobierno cubano.
El control de la información se extiende a Internet, cuyo acceso está
regulado estrictamente. Su utilización está sometida al respeto "de
los principios morales de la sociedad cubana y de las leyes del país".
Sólo tienen acceso las empresas extranjeras y las instituciones
gubernamentales. Desde septiembre de 2001, cuatro oficinas postales de La Habana
ofrecen a los cubanos la posibilidad de crearse una dirección electrónica,
y de acceder a la red. Sin embargo, la navegación está limitada a
los sitios aprobados por las autoridades, un espacio apodado "la Intranet".
En cuanto al conjunto de los medios de comunicación públicos
cubanos, radios, televisiones y periódicos, difunden las informaciones
que han recibido el imprimatur del Departamento de Orientación
Revolucionaria. Según el código ético de la profesión,
"el periodista contribuye con su trabajo a promover el perfeccionamiento
constante de nuestra sociedad socialista." Como hecho excepcional, dos
periodistas oficiales emprendieron este año el camino del exilio. El caso
de Guillermo Morales Catá, caído en desgracia tras haber criticado
la censura impuesta por el gobierno durante una manifestación oficial,
demuestra la imposibilidad de reformar el régimen desde el interior.
A causa de la gravedad de la situación en Cuba, el presidente Fidel
Castro está considerado, por Reporteros Sin Fronteras, como uno de los
treinta y nueve predadores de la libertad de prensa en el mundo.
Un periodista encarcelado
En dos ocasiones, primero en abril y luego en octubre de 2001, las
autoridades carcelarias rechazaron la petición de libertad condicional de
Bernardo Arévalo Padrón, fundador de la agencia independiente Línea
Sur Press en Aguada de Pasajeros, cuando teóricamente tiene derecho a esa
liberación desde octubre de 2000, por haber cumplido la mitad de su
condena. El periodista no estaría todavía "reeducado políticamente".
Se le acusa, entre otras cosas, de no seguir los discursos televisados del
presidente Fidel Castro. Bernardo Arévalo Padrón fue condenado en
apelación, el 28 de noviembre de 1997, a seis años de cárcel
por "desacato" al presidente Fidel Castro y el vicepresidente Carlos
Lage. Entrevistado en una radio de Miami, el periodista les calificó de "mentirosos",
después de haberles acusado de no respetar los compromisos democráticos
firmados en una precedente Cumbre Iberoaméricana. Encarcelado en la prisión
de Ariza, Bernardo Arévalo Padrón fue maltratado por dos agentes
de la seguridad, el 11 de abril de 1998. El 15 de mayo de 1999 fue transferido
al centro de trabajo "Medios propios", en la provincia de Cienfuegos,
y posteriormente a otros centros de trabajo donde se le ocupó en arrancar
hierbas y en cortar caña de azúcar. Desde entonces padece dolores
lumbares (sacrolumbalgia) y problemas cardíacos. En una carta dirigida en
junio de 2001 al periodista y poeta Raúl Rivero, Bernardo Arévalo
Padrón calificaba el campo de El Diamante, donde entonces se encontraba,
de "campo de concentración" en el que imperan "la
promiscuidad, los roedores, las humillaciones, la falta de agua potable y la
prostitución".
Dos periodistas liberados en 2001.
El 17 de enero, quedó en libertad Jesús Joel Díaz Hernández
. Se benefició de una remisión de pena, sobre la que las
autoridades no han dado ninguna explicación. Jesús Joel Díaz
Hernández, director de la agencia Cooperativa Avileña de
Periodistas Independientes (CAPI), con base en Ciego de Avila (Centro), fue
detenido el 18 de enero de 1999 y condenado, al día siguiente, a cuatro años
de cárcel por "peligrosidad social". Encarcelado en la prisión
de Canaleta, en Ciego de Avila, el periodista denunció frecuentemente las
malas condiciones de su detención, emprendiendo varias huelgas de hambre.
Sus padres pensaban que le habían condenado "para dar ejemplo",
a fin de disuadir a la juventud local de lanzarse al periodismo independiente.
Dos días después de su liberación, Jesús Joel Díaz
Hernández, fue citado por el tribunal municipal, donde se le notificó
que sería inmediatamente devuelto a la cárcel, para cumplir la
totalidad de su condena, al primer acto delictivo que cometiera. Sin embargo,
decidió reanudar sus actividades periodísticas. En dos ocasiones,
en marzo y agosto, fue detenido. La primera vez, Jesús Joel Díaz
Hernández quedó en libertad a cambio de su promesa de abandonar el
país. La policía le citó, por segunda vez, en octubre. El 1
de noviembre, le "advirtieron" que no iba a trabajar más para
el Estado. La acumulación de advertencias le valió, durante su
proceso del 19 de enero de 1999, ser condenado por "peligrosidad social".
El 26 de febrero, salió en libertad Manuel Antonio González
Castellanos, de cuarenta y cuatro años, corresponsal de la agencia de
prensa independiente Cuba Press en Holguín (Oeste). Fue detenido el 1 de
octubre de 1998, y condenado, el 6 de mayo de 1999, a treinta y un meses de cárcel
por "desacato" a Fidel Castro, en virtud del artículo 144 del código
penal. En un altercado provocado por la policía, hizo personalmente
responsable al jefe del Estado del acoso de que era víctima. Encarcelado
en la prisión provincial de Holguín, el periodista fue trasladado,
el 30 de junio de 1999, a la cárcel de alta seguridad de la misma ciudad,
conocida con el nombre de "cementerio de los vivos". Nueva meses más
tarde, volvió a la prisión provincial. El 26 de junio de 2000, fue
golpeado por el capitán Narciso Ramírez Caballero, y aislado
durante diez días, por haber protestado contra la confiscación de
documentos personales. Manuel Antonio González Castellanos padece una
hernia umbilical, de la que se negó a dejarse operar en la cárcel,
y problemas respiratorios.
En 2001, un ciberdisdente fue condenado por haber "difamado a las
instituciones", en un artículo publicado en Internet.
Periodistas detenidos
El 12 de enero de 2001, Antonio Femenías y Roberto Valdivia,
respectivamente periodista y colaborador de la agencia Patria, con sede en Ciego
de Avila, fueron detenidos por la seguridad del Estado e interrogados durante
tres horas. La víspera, se habían entrevistado con Ivan Pilip,
diputado y ex ministro checo de Finanzas, y con Jan Bubenik, antigua figura
estudiantil de la "revolución de terciopelo", que estaban de
visita privada en Cuba. Después de haberse entrevistado con los dos
periodistas, los dos checos fueron detenidos y acusados de "asociación
para provocar una rebelión" y de haberse entrevistado con personas
pertenecientes a la oposición "contrarrevolucionaria". Los dos
ciudadanos checos quedaron en libertad algunas semanas más tarde. En
2000, la República checa apadrinó, con Polonia, una moción
de censura contra Cuba, ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas.
El 26 de enero, Silvio Herrera Nuñez, de la Agencia Fraternal de
Periodistas Carlos Piñeiro, fue detenido en su domicilio por un agente de
la seguridad del Estado, y conducido al puesto de policía y después
a un local, situado fuera de la ciudad. Durante el interrogatorio, le acusaron
de ejercer el oficio de periodista sin diploma. Quedó en libertad después
de siete horas de detención.
El 16 de febrero, la policía vigiló estrechamente el domicilio
de Ricardo González, periodista independiente y corresponsal de
Reporteros Sin Fronteras, cuando varios periodistas debían encontrarse
allí para una reunión de trabajo. La víspera, fue detenido
e interrogado durante cuatro horas, antes de quedar en libertad. Durante el
interrogatorio, los policías ordenaron al periodista que anulara la reunión.
A Ricardo González se le amenazó también con aplicarle la
ley 88, por haber concedido entrevistas a una radio, con sede en Miami. Esa ley
prevé hasta veinte años de cárcel para cualquier persona
que colabore con medios de comunicación extranjeros. Finalmente, los
policías dirigieron una "advertencia" al periodista, por
haberse entrevistado con personalidades de la oposición, no reconocida
por el gobierno, y con periodistas extranjeros.
El 8 de marzo, Normándo Hernández González y Pablo
Pacheco Avila, respectivamente director y reportero de la agencia Colegio de
Periodistas Independientes de Camagüey (CPIC), y Pedro Argüelles Morán,
de la agencia CAPI, fueron detenidos cuando cubrían una reunión de
una organización ilegal. Los policías dirigieron una "advertencia"
a los periodistas, por "participación en una asociación
ilegal" y "participación en una reunión no autorizada".
Era la tercera vez que, en un mes, eran detenidos Pablo Pacheco Avila y Pedro
Argüelles Morán.
El 29 de marzo, Juan Carlos Garcell, de la Agencia de Prensa Libre Oriental
(APLO), fue detenido por oficiales de la seguridad del Estado, cuando se disponía
a cubrir una manifestación organizada por la disidencia. El periodista
fue interrogado durante varias horas, antes de ser conducido a 150 kilómetros
de su casa, y abandonado allí. El 25 de julio, de nuevo fue detenido por
tres policías que le confiscaron varios artículos. Un mes más
tarde, uno de ellos le agredió sin razón aparente. Después
de ese incidente, al periodista se le prohibió la utilización de
teléfonos públicos, para transmitir sus informaciones, con la
disculpa de que es un "contrarrevolucionario" que se dedica a difundir
informaciones "contra el gobierno". Sólo en el año 2000,
Juan Carlos Garcell fue detenido en cinco ocasiones.
El 22 de agosto, Dorka de Céspedes, de la agencia Havana Press, fue
detenida cuando se disponía a cubrir una manifestación organizada
por asociaciones civiles, no reconocidas por las autoridades. Conducida fuera
del barrio donde iba a tener lugar el evento, la periodista fue amenazada con ir
a la cárcel por una decena de agentes de la seguridad del Estado, antes
de recobrar la libertad. El 4 de noviembre, agentes de la seguridad del Estado
previnieron a la madre de la periodista de que su hija corría el peligro
de ser condenada a tres años de cárcel.
El 29 de agosto, María Elena Alpizar, de la agencia Noticuba, fue
detenida en la vía pública, cuando intentaba cubrir el proceso de
un opositor. Los policías obligaron a la periodista a subir a un coche, y
después la abandonaron a una decena de kilómetros. El 16 de enero,
María Elena Alpizar ya fue detenida en circunstancias similares, y luego
abandonada a 90 kilómetros de su domicilio.
El 4 de octubre, fue detenido Mario Enrique Mayo, de la agencia Colegio de
Periodistas Independientes de Camagüey (CPIC). Durante el interrogatorio le
amenazaron con denunciarle por "usurpación de funciones públicas",
porque no posee el título oficial de periodista. Se le acusó de la
publicación, en el extranjero, de una información sobre un caso de
lepra en Cuba. Mario Enrique Mayo quedó en libertad tres horas más
tarde.
El 26 de octubre, Jesús Zúñiga, colaborador de la
revista Carta de Cuba, María del Carmen Leyva Carro y Eduardo Pérez,
colaboradores del sitio web Cuba Free Press, y Jesús García Leyva,
de la agencia Cuba Voz, fueron detenidos cuando preparaban una reunión
prohibida por las autoridades. Los periodistas permanecieron detenidos durante
tres horas, y fueron amenazados con la cárcel por "ejercicio ilegal
del periodismo" y "relaciones con movimientos políticos
anticastristas".
El 25 de diciembre, Normando Hernández González, Carlos
Brizuela Yera y Joel Blanco García, de la agencia CPIC, así como Léster
Téllez Castro y Misley Delgado Bambino, de la Agencia de Prensa Libre
Avileña (APLA), fueron golpeados y después detenidos brevemente,
por miembros de la policía y agentes de civil, mientras cubrían la
inauguración de una biblioteca "independiente", en la ciudad de
Florida (Centro). Las bibliotecas independientes, creadas por particulares,
ofrecen entre, otros libros, prohibidos por el régimen.
Cuatro periodistas exiliados
A principios de mayo de 2001, Guillermo Morales Catá, periodista de
los canales oficiales de televisión Canal 2 y Canal 6, abandonó
Cuba para irse a España. El periodista explica que, el 17 de diciembre de
2000, durante una asamblea de la Unión de Jóvenes Comunistas del
Instituto Cubano de Radio y Televisión, criticó vivamente la política
de información del gobierno, acusándole de mentir a la población,
y de imponer la censura. Según Guillermo Morales Catá, fue citado
después por tres agentes de la seguridad del Estado, que intentaron
convencerle de que rectificara sus declaraciones e hiciera una autocrítica.
En las semanas siguientes, fue citado otras dos veces, y recibió amenazas
telefónicas anónimas. Después de conceder entrevistas a
varios medios de comunicación españoles, recibió nuevas
amenazas telefónicas. Igualmente manifiesta que, tras su partida, varios
miembros de su familia han sufrido presiones.
El 6 de junio se supo que Luis Acosta, ex periodista de la radio estatal
CMHW, y del canal público Telecubanacán, emisora de la provincia
de Villaclara, había pedido asilo político en Estados Unidos, a
donde había llegado vía México. "Estaba harto de Cuba.
Le habían humillado tanto persona como profesionalmente", explica
Teresita de Paz, su mujer, refugiada en Miami. Relata que Luis Acosta,
periodista deportivo, fue despedido de la CMHW, por haber criticado el material
del equipo de motociclismo. La dirección de la radio le acusaba por sus
comentarios, contrarios a la política del Partido Comunista. El 24 de
diciembre de 2000, cuando intentaba abandonar la isla, los guardacostas cubanos
interceptaron su embarcación. Ese intento de exilio provocó que se
anulara su programa en Telecubanacán, y se le trasladara a otro puesto.
El 31 de julio, Luis Alberto Rivera Leyva, director de la agencia APLO,
abandonó Cuba para irse a Estados Unidos. En 2000 fue detenido en cuatro
ocasiones y luego, una vez más, el 31 de marzo de 2001, cuando cubría
el desalojo de su vivienda de una mujer y sus dos hijos. Demandado por haber
denunciado los métodos de la seguridad del Estado, le propusieron
abandonar los cargos que pesaban contra él a cambio de que renunciara a
sus actividades periodísticas. Igualmente, la policía política
intentó comprometerle, proponiéndole ventajas si facilitaba los
nombres de otros periodistas independientes. "Todos los medios son buenos
para obstaculizar nuestra actividad", explicaba Luis Alberto Rivera Leyva,
en un artículo publicado, en febrero de 2001, en la página web de
Reporteros Sin Fronteras.
El 21 de agosto, acompañado de dos disidentes, Gustavo Cardero, ex
periodista de la agencia Noticuba, abandonó Cuba clandestinamente, por el
mar de Florida, para dirigirse a Estados Unidos. Interceptado tres días más
tarde, por los guardacostas norteamericanos, los tres hombres fueron conducidos
a la base militar norteamericana de Guantánamo. El periodista poseía
un visado para entrar en Estados Unidos, desde el año anterior, pero las
autoridades cubanas le niegan una autorización para salir del territorio.
Su mujer y su familia están exiliados en Miami.
Periodistas agredidos
El 6 de octubre de 2001, los apartamentos del periodista Víctor
Rolando Arroyo Carmona, de la agencia UPECI, y de su madre, fueron el blanco de
botellazos llevados a cabo por unos desconocidos. Igualmente, aparecieron
carteles en el barrio, en los que se afirmaba que el periodista es un "traidor",
y que debe "pagar el mal que causa". Para Víctor Rolando
Arroyo, esos actos de intimidación podrían proceder de las
Brigadas de Respuesta Rápida, unidades de simpatizantes del régimen,
encargadas de controlar las actividades de los opositores.
Presiones y trabas
El 5 de enero de 2001 se supo que la línea telefónica de Angel
Pablo Pacheco, director de la agencia Noticuba, estaba cortada desde hacía
cuatro días, a pesar de las reclamaciones del periodista.
El 8 de enero, Jaime Leygonier Fernández, de la agencia Noticuba, fue
interceptado por un agente de la seguridad del Estado, ante un tribunal de La
Habana, donde debía celebrarse el proceso de un opositor. El policía
indicó al periodista que sólo los miembros de la familia estaban
autorizados a asistir al proceso.
En el mes de marzo, Pascal Fletcher, corresponsal en La Habana de la agencia
Reuters y del diario Financial Times, dejó Cuba para trasladarse a
Venezuela. Dos meses antes, fue víctima de una violenta campaña en
la prensa oficial. El 6 de enero, el diario cubano Granma le calificó de "ponzoñero
habitual contra la Revolución cubana" y le acusó de mantener
una "estrecha relación con la Sección de Intereses de Estados
Unidos". Tres días más tarde, durante un programa de televisión,
el corresponsal británico fue criticado por "su actitud provocadora,
tendenciosa y pérfida", tras haber escrito un despacho sobre un
controvertido desfile organizado por la embajada de España. Esos ataques
se interpretaron como una advertencia para el conjunto de los corresponsales
extranjeros. En un discurso retransmitido por la televisión cubana en la
noche del 17 al 18 de enero, el presidente Fidel Castro acusó a "algunas
agencias" de ser "nada objetivas", criticando sin dar nombres a "reporteros
tolerados por las agencias que representan" que "difaman a la Revolución".
Tras haber acusado a esos periodistas de estar buscando "que se les expulse",
el Presidente indicó que prefería "que sus propias compañías
tengan el suficiente sentido común como para retirar a esos personajes".
El 15 de marzo, un funcionario del Ministerio del Interior impidió a
Oswaldo de Céspedes, de la agencia Cooperativa de Periodistas
Independientes (CPI), así como a su familia, embarcar en el avión
en que debían abandonar Cuba, para dirigirse a Estados Unidos, como
refugiados políticos. El funcionario indicó al periodista que no
era válida su autorización para salir del territorio. De acuerdo
con la legislación cubana, los muebles y la vivienda del periodista
fueron requisados veinticuatro horas antes de su partida prevista este día.
El 11 de abril se supo que policías y empleados de telecomunicaciones
habían obligado, dos semanas antes, a los propietarios de una antena
parabólica, en La Habana, a desengancharla y entregársela. Esas
antenas, que permiten captar canales extranjeros de televisión, están
prohibidos desde noviembre de 1998. Regularmente, son confiscados en el marco de
una operación llamada "No a la diversión ideológica",
y sus propietarios están amenazados con una multa de 1.500 pesos (82
euros).
El 30 de mayo, la periodista Ohalys Víctores, de la agencia Cuba Voz,
fue citada por los servicios de identificación del estado civil, donde le
interrogaron dos agentes de la seguridad del Estado. Amenazaron a la periodista
con enviarla a la cárcel y no concederle autorización para salir
del territorio, si no dejaba de enviar artículos al extranjero. En
febrero de 2000, la Sección de Intereses norteamericanos de La Habana,
concedió a Ohalys Víctores un visado de refugiado político.
El 4 de junio, agentes de la seguridad del Estado advirtieron a Idelfonso
Hidalgo González, de la agencia Libertad de la provincia de Las Tunas,
que podrían condenarle a dos años de cárcel si seguía
enviando informaciones al extranjero. Los policías amenazaron con
golpearle.
El 14 de junio, Adela Soto Alvárez, periodista de la agencia Nueva
Prensa, fue citada en una comisaría de la capital. El agente que firmaba
la convocatoria no se encontraba allí a la hora señalada, y a la
periodista le dejaron marcharse.
El 28 de junio, mientras le hacía una visita en Cuba, la hermana de
Marylin Lahera, de la agencia APLO, fue interrogada por un agente de la
seguridad del Estado acerca de las razones de su vista a Cuba, sobre su trabajo
en Estados Unidos y sobre las eventuales relaciones que pudiera tener con
organizaciones anticastristas.
El 17 de julio, Julio César Gálvez Rodríguez fue
despedido de su puesto de redactor en Radio Ciudad de La Habana y Radio Cadena
Habana, dos emisoras oficiales, en las que estaba encargado del boletín
informativo "Síntesis". El 15 de junio, el periodista había
empezado a colaborar con una organización no reconocida por el gobierno.
La dirección de los dos medios oficiales consideró que el
periodista no tenía una actitud "conforme a los principios ideológicos
de la revolución".
El 20 de julio, Graciela Alfonso, de la agencia Cuba Press, fue atacada por
agentes de la seguridad del Estado cuando cubría una reunión
prohibida, organizada por disidentes, en La Habana. Las fuerzas del orden
pusieron fin a la reunión y ordenaron a la periodista que regresara a su
casa.
El 1 de agosto, Jesús Alvárez Castillo, corresponsal de Cuba
Press en la región de Ciego de Avila, fue interrogado durante dos horas
por agentes de la seguridad del Estado, entre otras cosas acerca de sus
relaciones con Raúl Rivero, director de la agencia. En el mes de junio,
el periodista advirtió que su línea telefónica estaba
normalmente cortada, para impedirle transmitir sus artículos al sitio
Nueva Press Cubana, situado en Miami.
El 10 de agosto, Normando Hernández González, director de la
agencia CPIC, fue citado por un agente de la seguridad del Estado. En el
interrogatorio, le amenazó con denunciarle si seguía con sus
actividades de periodista.
El 29 de agosto, Milagros Beatón, directora de la Agencia de Prensa
Libre Oriental (APLO), con base en Santiago de Cuba, fue citada, junto con sus
dos hijas, de diez y trece años, por la seguridad del Estado. Durante el
interrogatorio, los policías le prometieron facilitarle una autorización
para salir del territorio, para poder visitar a su marido exiliado en Estados
Unidos, si aceptaban poner fin a la publicación de artículos en el
sitio Cubanet, con base en Florida, entregar su fax a las autoridades y cerrar
su agencia. Milagros Beatón, médico, no está autorizada a
salir de Cuba, en virtud de una ley que prohibe emigrar a los profesionales de
la medicina. Es la tercera directora de APLO, en menos de dieciocho meses. Los
dos directores precedentes se vieron obligados a exiliarse, después de
ser objeto de numerosas presiones. La APLO es la única agencia de prensa
independiente en Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, situada en
la extremidad oriental de la isla.
El 7 de septiembre, se supo que las autoridades cubanas se negaban a
autorizar una salida del territorio a Oswaldo de Céspedes, de la agencia
CPI, Milagros Beatón, de la agencia APLO, Ohalys Víctores, de la
agencia Cuba Voz, Jorge Dante Abad, de la agencia Lux Info Press, y Manuel Vásquez
Portal, de la agencia Grupo de Trabajo Decoro, aunque disponían de un
visado norteamericano. Por otra parte, Jadir Hernández Hernández,
corresponsal de la agencia Havana Press en Güines (a 50 kilómetros
al sudeste de La Habana), tuvo que soportar no menos de seis interrogatorios,
durante el mes de septiembre, a pesar de que dispone de un visado de refugiado
político, concedido en Estados Unidos. Según varios observadores,
las autoridades intentan así presionar a los periodistas, para conseguir
de ellos informaciones sobre el ambiente del periodismo independiente y de la
oposición.
El 8 de noviembre, Blanca Reyes Castañón, mujer de Raúl
Rivero, director de la agencia Cuba Press, fue citada por la policía de
La Habana, como sospechosa de tráfico de divisas. "Las autoridades
me citaron en varias ocasiones. La última vez, me dijeron que, si no
obedecía, sería detenida.", dice la esposa del periodista. "Cuando
llegué, un oficial me preguntó cuánto dinero recibía
del extranjero, si mi marido cobraba del Nuevo Herald (un periódico de la
comunidad hispanófona en Estados Unidos), y si dábamos dinero a la
disidencia. Al final, me sugirieron que abandonara el país y que me fuera
con Raúl", concluye. Al final del interrogatorio, a Blanca Reyes le
amenazaron con un proceso por "compra ilegal de dólares
norteamericanos". Según Raúl Rivero, se trataría de
una manera de hacer presión sobre él.
El 9 de noviembre, la aduana informó a la periodista María del
Carmen Carro, periodista independiente, y a dos opositores, Leonardo Bruzón
Avila y Midalia Rosado, que los paquetes que les habían enviado estaban
confiscados porque contenían artículos "atentatorios contra
los intereses de la nación".
El 12 de noviembre, José Caraballo, de la agencia CAPI, fue citado en
la comisaría de Ciego de Avila (centro), donde se le acusó de ser
fotógrafo por cuenta propia. Fue condenado a pagar una multa de cinco
pesos (0,3 euros), por no haberse presentado a una
convocatoria anterior. El 2 de noviembre, en una cita precedente, el fotógrafo
fue acusado de falsificación de documentos, y amenazado con
encarcelamiento por hechos que se remontan a varios años atrás.
El 13 de noviembre, Jorge Olivera, de la agencia Havana Press, fue condenado
a pagar una multa de 200 pesos (once euros), por haber dormido en el apartamento
de su esposa, que no es su residencia oficial. Algunos días antes, el
periodista fue expulsado de la iglesia Adventista del Séptimo Día,
al parecer a causa de las presiones ejercidas sobre ella por la seguridad del
Estado.
El 21 de noviembre se supo que a la mujer de Pablo Pacheco Avila, de la
agencia CAPI, se le había negado una plaza en una guardería para
su hijo, en la ciudad de Ciego de Avila (Centro). A finales de agosto, la
seguridad del Estado interceptó la línea telefónica del
periodista.
El 13 de diciembre se supo que Angel Lahera Bazán, colaborador de la
agencia CPIC, fue acosado y amenazado por agentes de la seguridad del Estado de
Santa Cruz del Sur (centro), que le exigían que dejara de dar
informaciones a la agencia de prensa.
El presidente Fidel Castro forma parte de los predadores de la libertad de
prensa, denunciados por Reporteros Sin Fronteras.
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