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Reporteros sin Fronteras
Cuba - Informe anual 2002


Reporteros sin Fronteras

La liberación de dos periodistas en 2001 no es sinónimo de flexibilidad. Más discreta ahora, la represión es igual de eficaz y permite al gobierno proteger lo esencial : su monopolio de la información. Así, se vigila estrechamente tanto el trabajo de los periodistas independientes como el de los corresponsales de la prensa extranjera.

El año 2001 comenzó con dos liberaciones. La de Jesús Joel Díaz Hernández, cuando aun le quedaba por cumplir la mitad de la condena, y posteriormente la de Manuel Antonio González Castellanos, algunas semanas antes de la fecha prevista. Situación inédita, Cuba ahora no tiene más que un periodista encarcelado, Bernardo Arévalo Padrón.

Sin embargo resulta difícil decir que se ha producido una flexibilidad del régimen en materia de libertad de prensa. Ante todo porque, de acuerdo con la Constitución que estipula que "en ningún caso" los medios de comunicación pueden ser de propiedad privada, el Estado continua teniendo un monopolio absoluto sobre la información. Después, porque el régimen del presidente Fidel Castro, celoso de su imagen, prefiere una represión más discreta, aunque igual de eficaz, contra los periodistas independientes, a los que califica de "contra-revolucionarios". El número de detenciones - veintinueve frente a las treinta y nueve del año precedente -, ha disminuido ligeramente. En cambio, los actos de hostigamiento, cerca de un centenar, han experimentado un claro aumento (70 en 2000).

El Departamento de la Seguridad del Estado (DSE), que depende del Ministerio del Interior, sigue siendo el principal instrumento de esa represión. Así, este año se ha producido una multiplicación de citaciones, que han dado lugar a interrogatorios, durante los cuales los periodistas fueron normalmente amenazados con la cárcel o un proceso. Igualmente se han ejercido presiones sobre miembros de sus familias. Una guardería se negó a conceder una plaza al hijo de Pablo Pacheco Avila, de la agencia Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes. Interceptación del correo, escuchas telefónicas, agresiones anónimas, visitas domiciliarias, son otros tantos métodos utilizados por el gobierno para desanimar a los autores de una información alternativa, o para convencerles de que se exilien. Y, cuando consiguen un visado de una embajada extranjera, las autoridades intentan canjear su autorización para salir del territorio por informaciones sobre la disidencia.

De esta manera, el gobierno pretende sofocar cualquier intento de organización de la prensa independiente. A la Sociedad Manuel Márquez Sterling, creada este año, se le ha impedido impartir cursos de periodismo a sus cuarenta miembros. A pesar de todo, los periodistas independientes intentan ejercer su derecho a informar. Envían sus artículos por fax, o por teléfono, a los miembros de la comunidad cubana en el exilio, que los difunden a continuación en sus sitios de Internet. Un sistema tolerado por el gobierno porque no pone en peligro su monopolio sobre la información que llega a los cubanos, verdadero santuario.

Un santuario que no está protegido sólo contra las incursiones de la prensa independiente. Este año, en el marco de la campaña "No a la diversión ideológica", se han llevado a cabo nuevas operaciones para hacer desaparecer de los tejados las antenas que permiten captar canales extranjeros de televisión. También se interceptan las radios internacionales extranjeras. En el mes de enero, en la prensa oficial se llevó a cabo una violenta campaña contra Pascal Fletcher, corresponsal de la agencia Reuters, después de que escribiera un despacho sobre un controvertido desfile organizado por la embajada de España. Fidel Castro acusó entonces a "algunos reporteros" de estar buscando "que se les expulse", y apeló a sus agencias para que dieran muestra de "sentido común". Dos meses más tarde, Pascal Fletcher fue trasladado a Venezuela. Un incidente que fue interpretado como una advertencia para los corresponsales, precisamente en el momento en que el grupo de prensa norteamericano Tribune Co. y el diario The Dallas Morning News abrían una oficina en La Habana. Según Earl Maucker, editor de una de las publicaciones de Tribune Co., la apertura de esta oficina es el resultado de diez años de negociaciones con el gobierno cubano.

El control de la información se extiende a Internet, cuyo acceso está regulado estrictamente. Su utilización está sometida al respeto "de los principios morales de la sociedad cubana y de las leyes del país". Sólo tienen acceso las empresas extranjeras y las instituciones gubernamentales. Desde septiembre de 2001, cuatro oficinas postales de La Habana ofrecen a los cubanos la posibilidad de crearse una dirección electrónica, y de acceder a la red. Sin embargo, la navegación está limitada a los sitios aprobados por las autoridades, un espacio apodado "la Intranet". En cuanto al conjunto de los medios de comunicación públicos cubanos, radios, televisiones y periódicos, difunden las informaciones que han recibido el imprimatur del Departamento de Orientación Revolucionaria. Según el código ético de la profesión, "el periodista contribuye con su trabajo a promover el perfeccionamiento constante de nuestra sociedad socialista." Como hecho excepcional, dos periodistas oficiales emprendieron este año el camino del exilio. El caso de Guillermo Morales Catá, caído en desgracia tras haber criticado la censura impuesta por el gobierno durante una manifestación oficial, demuestra la imposibilidad de reformar el régimen desde el interior.

A causa de la gravedad de la situación en Cuba, el presidente Fidel Castro está considerado, por Reporteros Sin Fronteras, como uno de los treinta y nueve predadores de la libertad de prensa en el mundo.

Un periodista encarcelado

En dos ocasiones, primero en abril y luego en octubre de 2001, las autoridades carcelarias rechazaron la petición de libertad condicional de Bernardo Arévalo Padrón, fundador de la agencia independiente Línea Sur Press en Aguada de Pasajeros, cuando teóricamente tiene derecho a esa liberación desde octubre de 2000, por haber cumplido la mitad de su condena. El periodista no estaría todavía "reeducado políticamente". Se le acusa, entre otras cosas, de no seguir los discursos televisados del presidente Fidel Castro. Bernardo Arévalo Padrón fue condenado en apelación, el 28 de noviembre de 1997, a seis años de cárcel por "desacato" al presidente Fidel Castro y el vicepresidente Carlos Lage. Entrevistado en una radio de Miami, el periodista les calificó de "mentirosos", después de haberles acusado de no respetar los compromisos democráticos firmados en una precedente Cumbre Iberoaméricana. Encarcelado en la prisión de Ariza, Bernardo Arévalo Padrón fue maltratado por dos agentes de la seguridad, el 11 de abril de 1998. El 15 de mayo de 1999 fue transferido al centro de trabajo "Medios propios", en la provincia de Cienfuegos, y posteriormente a otros centros de trabajo donde se le ocupó en arrancar hierbas y en cortar caña de azúcar. Desde entonces padece dolores lumbares (sacrolumbalgia) y problemas cardíacos. En una carta dirigida en junio de 2001 al periodista y poeta Raúl Rivero, Bernardo Arévalo Padrón calificaba el campo de El Diamante, donde entonces se encontraba, de "campo de concentración" en el que imperan "la promiscuidad, los roedores, las humillaciones, la falta de agua potable y la prostitución".

Dos periodistas liberados en 2001.

El 17 de enero, quedó en libertad Jesús Joel Díaz Hernández . Se benefició de una remisión de pena, sobre la que las autoridades no han dado ninguna explicación. Jesús Joel Díaz Hernández, director de la agencia Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes (CAPI), con base en Ciego de Avila (Centro), fue detenido el 18 de enero de 1999 y condenado, al día siguiente, a cuatro años de cárcel por "peligrosidad social". Encarcelado en la prisión de Canaleta, en Ciego de Avila, el periodista denunció frecuentemente las malas condiciones de su detención, emprendiendo varias huelgas de hambre. Sus padres pensaban que le habían condenado "para dar ejemplo", a fin de disuadir a la juventud local de lanzarse al periodismo independiente. Dos días después de su liberación, Jesús Joel Díaz Hernández, fue citado por el tribunal municipal, donde se le notificó que sería inmediatamente devuelto a la cárcel, para cumplir la totalidad de su condena, al primer acto delictivo que cometiera. Sin embargo, decidió reanudar sus actividades periodísticas. En dos ocasiones, en marzo y agosto, fue detenido. La primera vez, Jesús Joel Díaz Hernández quedó en libertad a cambio de su promesa de abandonar el país. La policía le citó, por segunda vez, en octubre. El 1 de noviembre, le "advirtieron" que no iba a trabajar más para el Estado. La acumulación de advertencias le valió, durante su proceso del 19 de enero de 1999, ser condenado por "peligrosidad social".

El 26 de febrero, salió en libertad Manuel Antonio González Castellanos, de cuarenta y cuatro años, corresponsal de la agencia de prensa independiente Cuba Press en Holguín (Oeste). Fue detenido el 1 de octubre de 1998, y condenado, el 6 de mayo de 1999, a treinta y un meses de cárcel por "desacato" a Fidel Castro, en virtud del artículo 144 del código penal. En un altercado provocado por la policía, hizo personalmente responsable al jefe del Estado del acoso de que era víctima. Encarcelado en la prisión provincial de Holguín, el periodista fue trasladado, el 30 de junio de 1999, a la cárcel de alta seguridad de la misma ciudad, conocida con el nombre de "cementerio de los vivos". Nueva meses más tarde, volvió a la prisión provincial. El 26 de junio de 2000, fue golpeado por el capitán Narciso Ramírez Caballero, y aislado durante diez días, por haber protestado contra la confiscación de documentos personales. Manuel Antonio González Castellanos padece una hernia umbilical, de la que se negó a dejarse operar en la cárcel, y problemas respiratorios.

En 2001, un ciberdisdente fue condenado por haber "difamado a las instituciones", en un artículo publicado en Internet.

Periodistas detenidos

El 12 de enero de 2001, Antonio Femenías y Roberto Valdivia, respectivamente periodista y colaborador de la agencia Patria, con sede en Ciego de Avila, fueron detenidos por la seguridad del Estado e interrogados durante tres horas. La víspera, se habían entrevistado con Ivan Pilip, diputado y ex ministro checo de Finanzas, y con Jan Bubenik, antigua figura estudiantil de la "revolución de terciopelo", que estaban de visita privada en Cuba. Después de haberse entrevistado con los dos periodistas, los dos checos fueron detenidos y acusados de "asociación para provocar una rebelión" y de haberse entrevistado con personas pertenecientes a la oposición "contrarrevolucionaria". Los dos ciudadanos checos quedaron en libertad algunas semanas más tarde. En 2000, la República checa apadrinó, con Polonia, una moción de censura contra Cuba, ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El 26 de enero, Silvio Herrera Nuñez, de la Agencia Fraternal de Periodistas Carlos Piñeiro, fue detenido en su domicilio por un agente de la seguridad del Estado, y conducido al puesto de policía y después a un local, situado fuera de la ciudad. Durante el interrogatorio, le acusaron de ejercer el oficio de periodista sin diploma. Quedó en libertad después de siete horas de detención.

El 16 de febrero, la policía vigiló estrechamente el domicilio de Ricardo González, periodista independiente y corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, cuando varios periodistas debían encontrarse allí para una reunión de trabajo. La víspera, fue detenido e interrogado durante cuatro horas, antes de quedar en libertad. Durante el interrogatorio, los policías ordenaron al periodista que anulara la reunión. A Ricardo González se le amenazó también con aplicarle la ley 88, por haber concedido entrevistas a una radio, con sede en Miami. Esa ley prevé hasta veinte años de cárcel para cualquier persona que colabore con medios de comunicación extranjeros. Finalmente, los policías dirigieron una "advertencia" al periodista, por haberse entrevistado con personalidades de la oposición, no reconocida por el gobierno, y con periodistas extranjeros.

El 8 de marzo, Normándo Hernández González y Pablo Pacheco Avila, respectivamente director y reportero de la agencia Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey (CPIC), y Pedro Argüelles Morán, de la agencia CAPI, fueron detenidos cuando cubrían una reunión de una organización ilegal. Los policías dirigieron una "advertencia" a los periodistas, por "participación en una asociación ilegal" y "participación en una reunión no autorizada". Era la tercera vez que, en un mes, eran detenidos Pablo Pacheco Avila y Pedro Argüelles Morán.

El 29 de marzo, Juan Carlos Garcell, de la Agencia de Prensa Libre Oriental (APLO), fue detenido por oficiales de la seguridad del Estado, cuando se disponía a cubrir una manifestación organizada por la disidencia. El periodista fue interrogado durante varias horas, antes de ser conducido a 150 kilómetros de su casa, y abandonado allí. El 25 de julio, de nuevo fue detenido por tres policías que le confiscaron varios artículos. Un mes más tarde, uno de ellos le agredió sin razón aparente. Después de ese incidente, al periodista se le prohibió la utilización de teléfonos públicos, para transmitir sus informaciones, con la disculpa de que es un "contrarrevolucionario" que se dedica a difundir informaciones "contra el gobierno". Sólo en el año 2000, Juan Carlos Garcell fue detenido en cinco ocasiones.

El 22 de agosto, Dorka de Céspedes, de la agencia Havana Press, fue detenida cuando se disponía a cubrir una manifestación organizada por asociaciones civiles, no reconocidas por las autoridades. Conducida fuera del barrio donde iba a tener lugar el evento, la periodista fue amenazada con ir a la cárcel por una decena de agentes de la seguridad del Estado, antes de recobrar la libertad. El 4 de noviembre, agentes de la seguridad del Estado previnieron a la madre de la periodista de que su hija corría el peligro de ser condenada a tres años de cárcel.

El 29 de agosto, María Elena Alpizar, de la agencia Noticuba, fue detenida en la vía pública, cuando intentaba cubrir el proceso de un opositor. Los policías obligaron a la periodista a subir a un coche, y después la abandonaron a una decena de kilómetros. El 16 de enero, María Elena Alpizar ya fue detenida en circunstancias similares, y luego abandonada a 90 kilómetros de su domicilio.

El 4 de octubre, fue detenido Mario Enrique Mayo, de la agencia Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey (CPIC). Durante el interrogatorio le amenazaron con denunciarle por "usurpación de funciones públicas", porque no posee el título oficial de periodista. Se le acusó de la publicación, en el extranjero, de una información sobre un caso de lepra en Cuba. Mario Enrique Mayo quedó en libertad tres horas más tarde.

El 26 de octubre, Jesús Zúñiga, colaborador de la revista Carta de Cuba, María del Carmen Leyva Carro y Eduardo Pérez, colaboradores del sitio web Cuba Free Press, y Jesús García Leyva, de la agencia Cuba Voz, fueron detenidos cuando preparaban una reunión prohibida por las autoridades. Los periodistas permanecieron detenidos durante tres horas, y fueron amenazados con la cárcel por "ejercicio ilegal del periodismo" y "relaciones con movimientos políticos anticastristas".

El 25 de diciembre, Normando Hernández González, Carlos Brizuela Yera y Joel Blanco García, de la agencia CPIC, así como Léster Téllez Castro y Misley Delgado Bambino, de la Agencia de Prensa Libre Avileña (APLA), fueron golpeados y después detenidos brevemente, por miembros de la policía y agentes de civil, mientras cubrían la inauguración de una biblioteca "independiente", en la ciudad de Florida (Centro). Las bibliotecas independientes, creadas por particulares, ofrecen entre, otros libros, prohibidos por el régimen.

Cuatro periodistas exiliados

A principios de mayo de 2001, Guillermo Morales Catá, periodista de los canales oficiales de televisión Canal 2 y Canal 6, abandonó Cuba para irse a España. El periodista explica que, el 17 de diciembre de 2000, durante una asamblea de la Unión de Jóvenes Comunistas del Instituto Cubano de Radio y Televisión, criticó vivamente la política de información del gobierno, acusándole de mentir a la población, y de imponer la censura. Según Guillermo Morales Catá, fue citado después por tres agentes de la seguridad del Estado, que intentaron convencerle de que rectificara sus declaraciones e hiciera una autocrítica. En las semanas siguientes, fue citado otras dos veces, y recibió amenazas telefónicas anónimas. Después de conceder entrevistas a varios medios de comunicación españoles, recibió nuevas amenazas telefónicas. Igualmente manifiesta que, tras su partida, varios miembros de su familia han sufrido presiones.

El 6 de junio se supo que Luis Acosta, ex periodista de la radio estatal CMHW, y del canal público Telecubanacán, emisora de la provincia de Villaclara, había pedido asilo político en Estados Unidos, a donde había llegado vía México. "Estaba harto de Cuba. Le habían humillado tanto persona como profesionalmente", explica Teresita de Paz, su mujer, refugiada en Miami. Relata que Luis Acosta, periodista deportivo, fue despedido de la CMHW, por haber criticado el material del equipo de motociclismo. La dirección de la radio le acusaba por sus comentarios, contrarios a la política del Partido Comunista. El 24 de diciembre de 2000, cuando intentaba abandonar la isla, los guardacostas cubanos interceptaron su embarcación. Ese intento de exilio provocó que se anulara su programa en Telecubanacán, y se le trasladara a otro puesto.

El 31 de julio, Luis Alberto Rivera Leyva, director de la agencia APLO, abandonó Cuba para irse a Estados Unidos. En 2000 fue detenido en cuatro ocasiones y luego, una vez más, el 31 de marzo de 2001, cuando cubría el desalojo de su vivienda de una mujer y sus dos hijos. Demandado por haber denunciado los métodos de la seguridad del Estado, le propusieron abandonar los cargos que pesaban contra él a cambio de que renunciara a sus actividades periodísticas. Igualmente, la policía política intentó comprometerle, proponiéndole ventajas si facilitaba los nombres de otros periodistas independientes. "Todos los medios son buenos para obstaculizar nuestra actividad", explicaba Luis Alberto Rivera Leyva, en un artículo publicado, en febrero de 2001, en la página web de Reporteros Sin Fronteras.

El 21 de agosto, acompañado de dos disidentes, Gustavo Cardero, ex periodista de la agencia Noticuba, abandonó Cuba clandestinamente, por el mar de Florida, para dirigirse a Estados Unidos. Interceptado tres días más tarde, por los guardacostas norteamericanos, los tres hombres fueron conducidos a la base militar norteamericana de Guantánamo. El periodista poseía un visado para entrar en Estados Unidos, desde el año anterior, pero las autoridades cubanas le niegan una autorización para salir del territorio. Su mujer y su familia están exiliados en Miami.

Periodistas agredidos

El 6 de octubre de 2001, los apartamentos del periodista Víctor Rolando Arroyo Carmona, de la agencia UPECI, y de su madre, fueron el blanco de botellazos llevados a cabo por unos desconocidos. Igualmente, aparecieron carteles en el barrio, en los que se afirmaba que el periodista es un "traidor", y que debe "pagar el mal que causa". Para Víctor Rolando Arroyo, esos actos de intimidación podrían proceder de las Brigadas de Respuesta Rápida, unidades de simpatizantes del régimen, encargadas de controlar las actividades de los opositores.

Presiones y trabas

El 5 de enero de 2001 se supo que la línea telefónica de Angel Pablo Pacheco, director de la agencia Noticuba, estaba cortada desde hacía cuatro días, a pesar de las reclamaciones del periodista.

El 8 de enero, Jaime Leygonier Fernández, de la agencia Noticuba, fue interceptado por un agente de la seguridad del Estado, ante un tribunal de La Habana, donde debía celebrarse el proceso de un opositor. El policía indicó al periodista que sólo los miembros de la familia estaban autorizados a asistir al proceso.

En el mes de marzo, Pascal Fletcher, corresponsal en La Habana de la agencia Reuters y del diario Financial Times, dejó Cuba para trasladarse a Venezuela. Dos meses antes, fue víctima de una violenta campaña en la prensa oficial. El 6 de enero, el diario cubano Granma le calificó de "ponzoñero habitual contra la Revolución cubana" y le acusó de mantener una "estrecha relación con la Sección de Intereses de Estados Unidos". Tres días más tarde, durante un programa de televisión, el corresponsal británico fue criticado por "su actitud provocadora, tendenciosa y pérfida", tras haber escrito un despacho sobre un controvertido desfile organizado por la embajada de España. Esos ataques se interpretaron como una advertencia para el conjunto de los corresponsales extranjeros. En un discurso retransmitido por la televisión cubana en la noche del 17 al 18 de enero, el presidente Fidel Castro acusó a "algunas agencias" de ser "nada objetivas", criticando sin dar nombres a "reporteros tolerados por las agencias que representan" que "difaman a la Revolución". Tras haber acusado a esos periodistas de estar buscando "que se les expulse", el Presidente indicó que prefería "que sus propias compañías tengan el suficiente sentido común como para retirar a esos personajes".

El 15 de marzo, un funcionario del Ministerio del Interior impidió a Oswaldo de Céspedes, de la agencia Cooperativa de Periodistas Independientes (CPI), así como a su familia, embarcar en el avión en que debían abandonar Cuba, para dirigirse a Estados Unidos, como refugiados políticos. El funcionario indicó al periodista que no era válida su autorización para salir del territorio. De acuerdo con la legislación cubana, los muebles y la vivienda del periodista fueron requisados veinticuatro horas antes de su partida prevista este día.

El 11 de abril se supo que policías y empleados de telecomunicaciones habían obligado, dos semanas antes, a los propietarios de una antena parabólica, en La Habana, a desengancharla y entregársela. Esas antenas, que permiten captar canales extranjeros de televisión, están prohibidos desde noviembre de 1998. Regularmente, son confiscados en el marco de una operación llamada "No a la diversión ideológica", y sus propietarios están amenazados con una multa de 1.500 pesos (82 euros).

El 30 de mayo, la periodista Ohalys Víctores, de la agencia Cuba Voz, fue citada por los servicios de identificación del estado civil, donde le interrogaron dos agentes de la seguridad del Estado. Amenazaron a la periodista con enviarla a la cárcel y no concederle autorización para salir del territorio, si no dejaba de enviar artículos al extranjero. En febrero de 2000, la Sección de Intereses norteamericanos de La Habana, concedió a Ohalys Víctores un visado de refugiado político.

El 4 de junio, agentes de la seguridad del Estado advirtieron a Idelfonso Hidalgo González, de la agencia Libertad de la provincia de Las Tunas, que podrían condenarle a dos años de cárcel si seguía enviando informaciones al extranjero. Los policías amenazaron con golpearle.

El 14 de junio, Adela Soto Alvárez, periodista de la agencia Nueva Prensa, fue citada en una comisaría de la capital. El agente que firmaba la convocatoria no se encontraba allí a la hora señalada, y a la periodista le dejaron marcharse.

El 28 de junio, mientras le hacía una visita en Cuba, la hermana de Marylin Lahera, de la agencia APLO, fue interrogada por un agente de la seguridad del Estado acerca de las razones de su vista a Cuba, sobre su trabajo en Estados Unidos y sobre las eventuales relaciones que pudiera tener con organizaciones anticastristas.

El 17 de julio, Julio César Gálvez Rodríguez fue despedido de su puesto de redactor en Radio Ciudad de La Habana y Radio Cadena Habana, dos emisoras oficiales, en las que estaba encargado del boletín informativo "Síntesis". El 15 de junio, el periodista había empezado a colaborar con una organización no reconocida por el gobierno. La dirección de los dos medios oficiales consideró que el periodista no tenía una actitud "conforme a los principios ideológicos de la revolución".

El 20 de julio, Graciela Alfonso, de la agencia Cuba Press, fue atacada por agentes de la seguridad del Estado cuando cubría una reunión prohibida, organizada por disidentes, en La Habana. Las fuerzas del orden pusieron fin a la reunión y ordenaron a la periodista que regresara a su casa.

El 1 de agosto, Jesús Alvárez Castillo, corresponsal de Cuba Press en la región de Ciego de Avila, fue interrogado durante dos horas por agentes de la seguridad del Estado, entre otras cosas acerca de sus relaciones con Raúl Rivero, director de la agencia. En el mes de junio, el periodista advirtió que su línea telefónica estaba normalmente cortada, para impedirle transmitir sus artículos al sitio Nueva Press Cubana, situado en Miami.

El 10 de agosto, Normando Hernández González, director de la agencia CPIC, fue citado por un agente de la seguridad del Estado. En el interrogatorio, le amenazó con denunciarle si seguía con sus actividades de periodista.

El 29 de agosto, Milagros Beatón, directora de la Agencia de Prensa Libre Oriental (APLO), con base en Santiago de Cuba, fue citada, junto con sus dos hijas, de diez y trece años, por la seguridad del Estado. Durante el interrogatorio, los policías le prometieron facilitarle una autorización para salir del territorio, para poder visitar a su marido exiliado en Estados Unidos, si aceptaban poner fin a la publicación de artículos en el sitio Cubanet, con base en Florida, entregar su fax a las autoridades y cerrar su agencia. Milagros Beatón, médico, no está autorizada a salir de Cuba, en virtud de una ley que prohibe emigrar a los profesionales de la medicina. Es la tercera directora de APLO, en menos de dieciocho meses. Los dos directores precedentes se vieron obligados a exiliarse, después de ser objeto de numerosas presiones. La APLO es la única agencia de prensa independiente en Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, situada en la extremidad oriental de la isla.

El 7 de septiembre, se supo que las autoridades cubanas se negaban a autorizar una salida del territorio a Oswaldo de Céspedes, de la agencia CPI, Milagros Beatón, de la agencia APLO, Ohalys Víctores, de la agencia Cuba Voz, Jorge Dante Abad, de la agencia Lux Info Press, y Manuel Vásquez Portal, de la agencia Grupo de Trabajo Decoro, aunque disponían de un visado norteamericano. Por otra parte, Jadir Hernández Hernández, corresponsal de la agencia Havana Press en Güines (a 50 kilómetros al sudeste de La Habana), tuvo que soportar no menos de seis interrogatorios, durante el mes de septiembre, a pesar de que dispone de un visado de refugiado político, concedido en Estados Unidos. Según varios observadores, las autoridades intentan así presionar a los periodistas, para conseguir de ellos informaciones sobre el ambiente del periodismo independiente y de la oposición.

El 8 de noviembre, Blanca Reyes Castañón, mujer de Raúl Rivero, director de la agencia Cuba Press, fue citada por la policía de La Habana, como sospechosa de tráfico de divisas. "Las autoridades me citaron en varias ocasiones. La última vez, me dijeron que, si no obedecía, sería detenida.", dice la esposa del periodista. "Cuando llegué, un oficial me preguntó cuánto dinero recibía del extranjero, si mi marido cobraba del Nuevo Herald (un periódico de la comunidad hispanófona en Estados Unidos), y si dábamos dinero a la disidencia. Al final, me sugirieron que abandonara el país y que me fuera con Raúl", concluye. Al final del interrogatorio, a Blanca Reyes le amenazaron con un proceso por "compra ilegal de dólares norteamericanos". Según Raúl Rivero, se trataría de una manera de hacer presión sobre él.

El 9 de noviembre, la aduana informó a la periodista María del Carmen Carro, periodista independiente, y a dos opositores, Leonardo Bruzón Avila y Midalia Rosado, que los paquetes que les habían enviado estaban confiscados porque contenían artículos "atentatorios contra los intereses de la nación".

El 12 de noviembre, José Caraballo, de la agencia CAPI, fue citado en la comisaría de Ciego de Avila (centro), donde se le acusó de ser fotógrafo por cuenta propia. Fue condenado a pagar una multa de cinco pesos (0,3 euros), por no haberse presentado a una

convocatoria anterior. El 2 de noviembre, en una cita precedente, el fotógrafo fue acusado de falsificación de documentos, y amenazado con encarcelamiento por hechos que se remontan a varios años atrás.

El 13 de noviembre, Jorge Olivera, de la agencia Havana Press, fue condenado a pagar una multa de 200 pesos (once euros), por haber dormido en el apartamento de su esposa, que no es su residencia oficial. Algunos días antes, el periodista fue expulsado de la iglesia Adventista del Séptimo Día, al parecer a causa de las presiones ejercidas sobre ella por la seguridad del Estado.

El 21 de noviembre se supo que a la mujer de Pablo Pacheco Avila, de la agencia CAPI, se le había negado una plaza en una guardería para su hijo, en la ciudad de Ciego de Avila (Centro). A finales de agosto, la seguridad del Estado interceptó la línea telefónica del periodista.

El 13 de diciembre se supo que Angel Lahera Bazán, colaborador de la agencia CPIC, fue acosado y amenazado por agentes de la seguridad del Estado de Santa Cruz del Sur (centro), que le exigían que dejara de dar informaciones a la agencia de prensa.

El presidente Fidel Castro forma parte de los predadores de la libertad de prensa, denunciados por Reporteros Sin Fronteras.

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