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CUBA: continúan
los ataques contra las libertades fundamentales
Amnistía
Internacional.
Han pasado tres años desde que la
represión de los disidentes por parte
del gobierno cubano desembocó en
el encarcelamiento de 75 personas únicamente
por ejercer de forma pacífica su
derecho a las libertades de expresión,
reunión y asociación. Amnistía
Internacional insta una vez más a
las autoridades cubanas a que pongan en
libertad a todos los presos de conciencia
de forma inmediata e incondicional. La organización
también insta a las autoridades a
que revoquen todas las leyes que restringen
las libertades de expresión, reunión
y asociación, y que pongan fin a
todas las acciones destinadas a hostigar
e intimidar a disidentes, periodistas y
defensores y defensoras de los derechos
humanos.
Presos y presas de conciencia
En la actualidad hay 72 presos y presas
de conciencia en Cuba; de ellos, 62 fueron
encarcelados durante la represión
de marzo de 2003. Aunque a lo largo de 2004
y 2005 quedaron en libertad condicional
un total de 22 presos y presas de conciencia,
en su mayoría por razones médicas,
se siguieron produciendo encarcelamientos
de críticos al gobierno.
En julio de 2005, otro periodo de represión
de la disidencia finalizó con la
detención de unos 50 disidentes que
participaban en manifestaciones y actos
conmemorativos de índole pacífica.
El 13 de julio de 2005, alrededor de 20
personas fueron detenidas mientras conmemoraban
el desastre que se produjo en 1994 en relación
con el remolcador 13 de Marzo, en el que
unas 35 personas murieron cuando intentaban
salir de Cuba; según los informes,
su embarcación fue embestida por
embarcaciones que seguían instrucciones
de las autoridades cubanas(1). Más
de ocho meses después, cinco de estas
personas siguen bajo custodia sin que se
hayan presentado cargos en su contra.
El 22 de Julio de 2005, alrededor de 30
personas fueron detenidas mientras participaban
en una manifestación pacífica
en el exterior de la Embajada de Francia
en La Habana, en la que exigían la
liberación de los presos políticos
en Cuba. Nueve de ellas siguen detenidas
sin cargos.
Amnistía Internacional considera
que al menos cuatro de las personas detenidas
en Julio de 2005 son presos de conciencia,
detenidos únicamente por ejercer
su derecho a las libertades de expresión,
reunión y asociación. Todos
los presos siguen detenidos sin que se les
haya sometido a juicio ni se hayan presentado
cargos formales en su contra. Aunque no
han sido acusados, los informes indican
que permanecen recluidos en cárceles
de máxima seguridad fuera de La Habana.
Las personas a las que se acaba de declarar
presos de conciencia son:
René Gómez Manzano, (detenido
el 22 de Julio de 2005), de 63 años,
abogado y vicepresidente de la Asamblea
para Promover la Sociedad Civil. Ya había
sido preso de conciencia en el pasado, cuando
fue detenido en julio de 1997 y condenado
a cuatro años de cárcel tras
ser acusado de sedición. Quedó
en libertad en mayo de 2000.(2)
Oscar Mario González Pérez,
(detenido el 22 de Julio de 2005), de 62
años, periodista independiente de
la agencia de noticias Grupo Decoro. Según
los informes, en marzo de 2005 estuvo un
día detenido y se le dijo que dejase
de escribir como periodista independiente.
Emilio Leyva Pérez, (detenido el
13 de Julio de 2005), de 41 años,
presidente del Frente Línea Dura,
delegado de la Asamblea para Promover la
Sociedad Civil y miembro activo de la campaña
del Proyecto Varela destinada a conseguir
la celebración de un referéndum
sobre reformas constitucionales relativas
a los derechos humanos en Cuba. Fue preso
de conciencia en el pasado, cuando era presidente
en funciones del Partido Pro Derechos Humanos
de Cuba, no autorizado. Se cree que fue
detenido el 22 de febrero de 2002 para impedirle
participar en las actividades destinadas
a conmemorar el derribo, el 24 de febrero
de 1996, de dos aviones pertenecientes a
un grupo cubano en el exilio por parte de
la fuerza aérea cubana. Fue acusado
de desorden público, desacato y resistencia,
pero nunca fue juzgado. Quedó en
libertad el 8 de junio de 2004.(3)
Julio César López Rodríguez,
(detenido el 22 de Julio de 2005), de 39
años, vicepresidente del Frente Línea
Dura y director de una biblioteca independiente.
Según los informes, llevaba muchos
años haciendo campaña de forma
pacífica a favor de la reforma política
y en defensa de los derechos humanos, y
en su biblioteca contaba con libros contra
el totalitarismo.
Represión política
Amnistía Internacional también
siente gran preocupación por el número
de disidentes, periodistas y defensores
y defensoras de los derechos humanos que,
según los informes, son detenidos
por cargos de "peligrosidad predelictiva".
Según el artículo 72 del Código
Penal cubano (Ley 62), "[s]e considera
estado peligroso la especial proclividad
en que se halla una persona para cometer
delitos, demostrada por la conducta que
observa en contradicción manifiesta
con las normas de la moral socialista".(4)
La declaración del estado peligroso
predelictivo puede decidirse sumariamente
en virtud del Decreto nº 129, promulgado
en 1991.(5) Toda persona que haya recibido
una o más advertencias puede ser
declarada culpable de peligrosidad y condenada
por un Tribunal Municipal a una pena de
hasta cuatro años de cárcel.
Según la Comisión Cubana
de Derechos Humanos y Reconciliación
Nacional, a lo largo de 2005 fueron detenidos
más de 20 disidentes por cargos de
"peligrosidad".
Libertad de expresión, reunión
y asociación
El derecho internacional obliga a los gobiernos
a respetar el derecho a la libertad de expresión,
que incluye la libertad de buscar, recibir
y difundir información e ideas de
todo tipo, al margen de las fronteras y
por cualquier medio. Sin embargo, la libertad
de expresión está muy restringida
en Cuba, debido al control absoluto que
ejerce el gobierno sobre todos los canales
de comunicación. La propiedad privada
de prensa, radio, televisión y otros
medios de comunicación está
prohibida por ley, lo que hace que el ejercicio
de la libertad de expresión esté
restringido debido a la ausencia de medios
de comunicación que no estén
controlados por el Estado.
El periodista independiente Guillermo Fariñas
lleva en huelga de hambre desde el 31 de
enero de 2006 con el fin de conseguir el
acceso a Internet para todos los cubanos
y cubanas. Internet continúa estando
bajo el control del gobierno, y el acceso
sólo se permite a través de
organizaciones oficiales o en hoteles en
los que los ciudadanos cubanos suelen tener
prohibida la entrada.
A todos los sindicatos y las organizaciones
profesionales, civiles y de derechos humanos
que existen en Cuba en la actualidad al
margen de los círculos oficiales
del aparato del Estado y de las organizaciones
de masas controladas por el gobierno se
les prohíbe legalizarse. A menudo
esto hace que las personas que pertenecen
a estas organizaciones corran peligro de
sufrir hostigamiento o intimidación,
o de que se presenten en su contra cargos
por actividades que constituyen el ejercicio
legítimo de las libertades fundamentales
de expresión, reunión y asociación.
La denegación de la libertad de
expresión se ha considerado un factor
que contribuye a las violaciones de otros
derechos humanos, en especial de los derechos
de los defensores y defensoras de los derechos
humanos consagrados en la Declaración
de la ONU sobre los Defensores de los Derechos
Humanos(6), aprobada por la Asamblea General
de la ONU el 9 de diciembre de 1998. Cuba,
como Estado miembro de la ONU, se comprometió
claramente a defender los derechos humanos
del colectivo de defensores y defensoras
de los derechos humanos en los ámbitos
nacional e internacional. Sin embargo, las
dificultades y el hostigamiento que sufren
quienes defienden los derechos humanos reflejan,
en la Cuba de hoy en día, la ausencia
de libertades fundamentales y el carácter
omnipresente de las violaciones de derechos
humanos en general.
Aumento de los ataques violentos
Amnistía Internacional también
siente gran preocupación por los
casos recientes de "actos de repudio",
en los que grandes grupos de partidarios
del gobierno insultan, intimidan y a veces
agraden físicamente a quienes consideran
"contrarrevolucionarios", además
de arrojar piedras y otros objetos contra
sus viviendas. Estos actos suelen realizarse
en connivencia con las fuerzas de seguridad,
y en ocasiones participan en ellos los Comités
de Defensa de la Revolución(7) o
los Destacamentos Populares de Respuesta
Rápida(8). El nivel de violencia
de estos actos recientes es especialmente
preocupante y no tiene precedentes en los
últimos años.
Por ejemplo, el 21 de enero de 2006, una
gran multitud de personas llegó a
la vivienda de la familia Sigler Amaya en
la provincia de Matanzas. Según los
informes, algunos miembros de la multitud
tenían megáfonos y gritaron
insultos, y posteriormente entraron en la
vivienda con palos. Según los informes,
golpearon y propinaron patadas a quienes
vivían allí, además
de romper mobiliario. Según los informes,
unos días después, el 27 de
enero, Juan Francisco Sigler Amaya, miembro
del grupo de la oposición Movimiento
Independiente Opción Alternativa,
sufrió un atentado contra su vida
cuando se dirigía a su trabajo en
bicicleta a primera hora de la mañana.
Según los informes recibidos, un
coche apagó las luces, aceleró
e intentó atropellarle, causándole
diversas contusiones en brazos y piernas
al caerse de la bicicleta. Según
los informes, los ocupantes del vehículo
le gritaron insultos y amenazas mientras
se alejaban. El 23 de enero también
fue víctima de un "acto de repudio"
en su trabajo. Dos de los hermanos Sigler
Amaya, Ariel y Guido, son en la actualidad
presos de conciencia, tras ser detenidos
en la represión de marzo de 2003
y ser condenados a 20 años de cárcel
cada uno.
Según los informes, el 3 de febrero,
el psiquiatra Pedro Arturo Hernández
Cabrera, presidente de la Comisión
de Atención a la Salud, fue atacado
en su casa de la provincia de Cienfuegos
cuando su esposa abrió la puerta
a una multitud, en la que se encontraba
el ministro del Interior. Le gritaron y
le insultaron. Registraron su casa, se llevaron
sus cartas, libros, fotografías y
radio, y lo trasladaron a la Unidad Municipal
de la Policía Nacional Revolucionaria,
una comisaría de policía.
Según los informes, cuando finalmente
regresó a su casa por la noche, la
vivienda estaba rodeada por unas 300 personas
que pasaron alrededor de 40 minutos gritando
comentarios ofensivos.
Según el abogado y defensor de los
derechos humanos ciego Juan Carlos González
Leiva, presidente de la Fundación
Cubana de Derechos Humanos, él ha
sufrido numerosos "actos de repudio".
Por ejemplo, en enero de 2006, a él
y a algunas personas que estaban de visita
se les impidió salir de su casa durante
varios días, mientras en el exterior
se ponía música prorrevolución
a gran volumen; además les cortaron
el suministro de agua, electricidad y teléfono
y no permitieron la entrada a los familiares.
Según los informes, la ex presa
de conciencia Marta Beatriz Roque Cabello,
presidenta de la Asamblea para Promover
la Sociedad Civil, ha sufrido diversos "actos
de repudio" desde su excarcelación,
el 22 de julio de 2004. Por ejemplo, según
informes, el 16 de febrero de 2006 se produjo
en torno a su casa una aglomeración
de miembros de los Destacamentos Populares
de Respuesta Rápida que no permitieron
que nadie entrase ni saliese de ella. También
gritaron insultos y pusieron música
a gran volumen durante varias horas.
El embargo estadounidense contra Cuba
Amnistía Internacional siente preocupación
porque el actual embargo unilateral estadounidense
contra Cuba continúa afectando negativamente
en Cuba al ejercicio de la amplia variedad
de derechos humanos. Amnistía Internacional
considera que el embargo estadounidense
contribuye al debilitamiento en Cuba de
derechos políticos y civiles fundamentales.
Por esta razón, Amnistía Internacional
pide su levantamiento inmediato. La organización
también insta al gobierno cubano
a que deje de utilizar el embargo y el antagonismo
político con el gobierno de Estados
Unidos como pretexto para violar los derechos
humanos de los cubanos.
Amnistía Internacional insta a
las autoridades cubanas a:
· dejar en libertad a todos los
presos y las presas de conciencia de forma
inmediata e incondicional;
· respetar los derechos consagrados
en la Declaración de la ONU sobre
los Defensores de los Derechos Humanos;
· presentar cargos contra las personas
que aún permanecen detenidas o dejarlas
en libertad, y garantizar que los acusados
son objeto de un juicio justo conforme a
las normas internacionales:
· poner fin al hostigamiento, la
persecución y el encarcelamiento
de defensores y defensoras de los derechos
humanos, periodistas independientes y disidentes
políticos que ejercen su derecho
a las libertades de expresión, reunión
y asociación, y permitirles la legalización
de sus organizaciones;
· reformar las leyes, los reglamentos
y las prácticas administrativas relativas
a las libertades de expresión, reunión
y asociación para que sean conformes
a las normas internacionales;
· eliminar del Código Penal
las disposiciones relativas a la "peligrosidad"
y todas las demás disposiciones que
pudieran contribuir a que se realicen detenciones
arbitrarias.
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(1) Véase AMR 25/13/97,
julio de 1997.
(2) Véanse AMR 25/16/98
y AMR 25/24/98.
(3) Véanse AMR 25/008/2002
y AMR 25/001/2003.
(4) Artículo 72,
Código Penal cubano, Ley 62 de 1987.
(5) Informe Anual 1998,
OEA/Ser.L/V/II.102, Capítulo V, párrafo
29, Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, OEA.
(6) La Declaración
sobre los Defensores de los Derechos Humanos
es la forma breve de denominar a la Declaración
sobre el Derecho y el Deber de los Individuos,
los Grupos y las Instituciones de Promover
y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales Universalmente Reconocidos.
(7) Los Comités de
Defensa de la Revolución nacieron
en 1960 con el objetivo de "movilizar
a todo el pueblo en las tareas de defensa
de la Revolución y de las conquistas
del socialismo". Constituyen la mayor
organización de masas que existe
en Cuba, y están presentes en todos
los barrios, con la tarea colectiva de vigilar
las actividades contrarrevolucionarias.
(8) Los Destacamentos Populares
de Respuesta Rápida están
formados por miembros del partido Comunista
y otras personas. Fueron creados en 1991
para hacer frente, por medios violentos
en caso necesario, a toda señal de
descontento u oposición con respecto
al gobierno.
Índice AI: AMR 25/001/2006
17 de marzo de 2006
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