Informe Anual
2005
CUBA
Human
Rights Watch,
Enero de 2005.
El gobierno cubano niega sistemáticamente
a sus ciudadanos los derechos fundamentales
a la libertad de expresión, asociación,
asamblea, movimiento y a un juicio justo.
Cuba, un Estado monopartidista, restringe
casi todas las vías para la disidencia
política. Las tácticas para
la imposición de la conformidad política
incluyen advertencias policiales, vigilancia,
detenciones a corto plazo, arrestos domiciliarios,
restricciones de los viajes, enjuiciamientos
penales y despidos laborales políticamente
motivados.
En abril de 2003, las autoridades sentenciaron
a 75 disidentes a penas de prisión
que iban de los 6 a los 28 años,
y todos ellos menos 14-que fueron puestos
en libertad en 2004 por razones humanitarias-seguían
encarcelados en el momento de escribir este
capítulo. Raúl Rivero, poeta
y periodista, y Marta Beatriz Roque, destacada
economista independiente-y la única
mujer enviada a prisión durante la
campaña de represión-se encontraban
entre las 14 personas puestas en libertad.
Fallos jurídicos e institucionales
Las estructuras legales e institucionales
de Cuba se encuentran en el origen de las
violaciones de los derechos humanos. La
legislación cubana limita estrictamente
el ejercicio de los derechos a la libertad
de expresión, asociación,
asamblea, movimiento y prensa. Al criminalizar
la propaganda enemiga, la divulgación
de "noticias no autorizadas",
y el insulto a los símbolos patrios,
el gobierno limita la libertad de expresión
con la excusa de proteger la seguridad del
Estado. El gobierno también encarcela
u ordena la vigilancia de personas que no
han cometido ninguno acto ilegal, utilizando
leyes que penalizan el "estado peligroso"
y permiten la "advertencia oficial".
Las estructuras legales e institucionales
de Cuba se encuentran en el origen de las
violaciones de los derechos humanos.
Los tribunales controlados por el gobierno
socavan el derecho a un juicio justo al
restringir el derecho a la defensa y, con
frecuencia, no respetan las pocas garantías
procesales de que disponen los acusados
conforme a la legislación nacional.
Juicio y puesta en libertad de disidentes
políticos
El primer juicio político importante
desde la campaña de represión
de 2003 se celebró en abril de 2004
en la ciudad del interior de Ciego de Ávila.
En el juicio estaban acusadas diez personas,
entre ellas Juan Carlos González
Leiva, abogado invidente que preside la
Fundación Cubana de Derechos Humanos.
González Leiva fue condenado a cuatro
años de arresto domiciliario por
desacato a la autoridad, desorden público,
desobediencia y resistencia al arresto.
Otros varios acusados, entre ellos Virgilio
Mantilla Arango, recibieron condenas de
prisión de hasta siete años.
La acusación estaba basada en una
protesta política que celebraron
en un hospital provincial en marzo de 2002.
En septiembre de 2004, René Montes
de Oca Martija, líder del Partido
Pro Derechos Humanos de Cuba, fue condenado
a ocho meses de cárcel por "desacato
a la autoridad".
En 2004, se concedió la libertad
provisional a 14 disidentes encarcelados,
ostensiblemente por razones humanitarias.
Además de Raúl Rivero, de
59 años, y Marta Beatriz Roque, de
59 años, los liberados incluyeron
al bibliotecario Roberto de Miranda, de
62 años, que sufrió graves
problemas de salud en prisión, y
el periodista independiente Manuel Vásquez
Portal, de 52 años.
Condiciones penitenciarias
Los presos viven generalmente en condiciones
abusivas, con frecuencia, hacinados en celdas.
Los presos suelen perder peso durante el
encarcelamiento, y algunos reciben una atención
médica inadecuada. Algunos también
son víctimas del abuso físico
y sexual, habitualmente a manos de otros
reclusos con la tolerancia de los guardias.
En octubre de 2004, se informó de
que el activista de derechos humanos Luis
Enrique Ferrer García fue desnudado
y golpeado por funcionarios de la policía
y de prisiones en la Prisión Juvenil
de Santa Clara. El mes siguiente, el disidente
Juan Carlos Herrera Acosta fue golpeado
repetidamente hasta perder el conocimiento
por presos que le llamaron "traidor,
gusano, cobarde". Otros disidentes
encarcelados informaron de que habían
recibido amenazas de muerte y sufrido otras
formas de acoso.
Los presos políticos que denuncian
las malas condiciones en las prisiones o
incumplen de otro modo las reglas carcelarias
son castigados frecuentemente con largos
períodos de aislamiento en celdas
de castigo, la restricción de las
visitas o la negación de tratamiento
médico. El disidente Óscar
Elías Biscet fue castigado frecuentemente
de esta manera. Estas condiciones abusivas
son particularmente duras para los disidentes
de mayor edad, algunos de los cuales han
pasado de los sesenta y tienen mala salud.
Pena de muerte
De acuerdo con la legislación cubana,
se puede aplicar la pena de muerte a toda
una serie de delitos. Dado que Cuba no publica
información sobre su uso de esta
pena, es difícil comprobar la frecuencia
con la que se utiliza. Sin embargo, por
lo que se sabe, no se han producido ejecuciones
desde abril de 2003.
Ningún grupo local de derechos
humanos disfruta de estatuto legal.
Defensores de los derechos humanos
La observación del respeto a los
derechos humanos no se considera una actividad
legítima, y se le ha atribuido el
estigma de la traición a la soberanía
cubana. Ningún grupo local de derechos
humanos disfruta de estatuto legal. En cambio,
los defensores de los derechos humanos se
enfrentan a un hostigamiento sistemático,
mediante el cual el gobierno obstaculiza
seriamente su capacidad de observación
de la situación de los derechos humanos.
Tampoco se permite el envío de misiones
de investigación a Cuba a grupos
internacionales de derechos humanos como
Human Rights Watch. Y Cuba sigue siendo
uno de los pocos países del mundo,
y el único del Hemisferio Occidental,
que niega el acceso a las prisiones al Comité
Internacional de la Cruz Roja.
Derechos laborales
El gobierno sólo reconoce a un sindicato,
la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
Los sindicatos independientes no pueden
legalizarse y sus miembros son acosados.
Los trabajadores empleados en empresas respaldadas
por la inversión extranjera se mantienen
bajo el estricto control del gobierno. De
acuerdo con las restrictivas leyes laborales
del país, las autoridades tienen
un papel destacado en la selección,
la remuneración y el despido de trabajadores,
lo que les niega efectivamente el derecho
a negociar directamente los beneficios,
los ascensos y los salarios con los empleadores.
Actores internacionales fundamentales
A mediados de abril de 2004, la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU aprobó
por 22 votos a favor y 21 en contra la adopción
de una resolución en la que se lamentaban
"los hechos ocurridos el año
pasado en Cuba en relación con algunas
condenas a disidentes políticos y
periodistas", en referencia a las duras
sentencias impuestas a los disidentes en
abril de 2003. Una serie de países
latinoamericanos votaron a favor de la resolución.
En mayo, la Organización de la ONU
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) concedió su premio
anual a la libertad de prensa al periodista
independiente Raúl Rivero. Rivero,
condenado a una pena de prisión de
20 años durante la campaña
de represión de 2003, fue galardonado
por "el valiente compromiso que ha
mantenido durante largos años con
la información independiente, que
constituye la esencia del periodismo profesional".
La Unión Europea continúa
manteniendo su posición común
sobre Cuba, condicionando la mejora de las
relaciones económicas y comerciales
al progreso del país en materia de
derechos humanos. En octubre de 2004, sin
embargo, el nuevo embajador de España
en Cuba criticó la política
de la Unión Europea con respecto
a la isla y dijo que su gobierno intentaría
distender las relaciones. A los pocos días,
tres políticos europeos-dos holandeses
y un español-que visitaban Cuba para
entrevistarse con disidentes fueron arrestados
en el Aeropuerto de La Habana, retenidos
brevemente y expulsados del país.
El embargo económico de Estados
Unidos sobre Cuba, en efecto desde hace
más de cuatro décadas, continúa
imponiendo indiscriminadamente penalidades
a la población cubana e impidiendo
a los estadounidenses viajar a la isla.
A principios de mayo de 2004, el Presidente
Bush anunció nuevas medidas para
estrechar el embargo. Las medidas incluyeron
límites más estrictos sobre
las remesas de dinero y las visitas a familiares.
En octubre, por decimotercero año
consecutivo, la Asamblea General de la ONU
resolvió por abrumadora mayoría
que se instara a Estados Unidos a poner
fin al embargo.
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