Acoso a periodistas invidentes

LA HABANA, Cuba, 13 de mayo, (Roberto de Jesús Guerra Pérez, CIHPRESS / www.cubanet.org)  - El Departamento de Seguridad del Estado (DSE) continúa acosando al profesor de inglés invidente Sergio Díaz Larrastegui, Díaz Larrastegui fue expulsado en enero pasado de su centro de trabajo por alojar en su domicilio al Centro de Información del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba (CRDHC), y hospedar a Juan Carlos González Leiva, abogado también invidente, y a Tania Maceda Guerra,  ambos periodistas independientes del Centro de Información.

En el Centro de Información del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba (CRDHC), que funciona desde el domicilio de Sergio Díaz, en La Vibora, Ciudad de La Habana, se  elaboró  un informe presentado el pasado 6 de enero en Naciones Unidas.
“Desde que ese informe fue entregado a los funcionarios de Naciones Unidas y publicado en el Examen Periódico Universal,  la represión contra todos los que de una forma u otra colaboraron en su confección se ha recrudecido”, declaró a este periodista, Juan Carlos González Leiva, quien también ocupa el cargo de Secretario General  del CRDHC.

Juan Carlos informó que  Tania Maceda Guerra, Sergio Díaz Larrastegui y el, están citados para el día 13 de mayo (hoy), para comparecer ante oficiales del DSE  y de la Policía Nacional en la unidad policial,  de las calles Municipio y  Atarés, en el barrio habanero de Lúyano, municipio 10 de Octubre. Maceda Guerra y González Leiva, originarios de Ciego de Ávila, han sido amenazados con imponerles altísimas multas de 4, 500 pesos (moneda nacional) por encontrarse “ilegalmente”  en la capital y con ser deportados a su provincia de origen.

González Leiva informó que el pasado viernes Sergio Díaz, fue obligado a salir solo, sin protección a la calle para comparecer ante un capitán en la unidad policial anteriormente mencionada. EL oficial lo amenazó con sacarlo “a rastras” de su  vivienda si no comparecía a la cita. En dicha unidad fue interrogado por agentes.

La represión contra Larrastegui arreció después que éste se negara a colaborar con la Seguridad del Estado, no permitiendo que los agentes instalaran cámaras y micrófonos en su domicilio, para espiar.