La Posición Común, signo legítimo de rechazo al totalitarismo

Miguel Saludes

MIAMI, Florida, febrero, www.cubanet.org -El eurodiputado español Antonio López-Isturiz estuvo en Miami para intercambiar impresiones con el exilio sobre la decisión de la mayoría de gobiernos europeos en mantener la posición común hacia Cuba.

La discusión sobre la posición europea en el caso cubano enciende pasiones entre quienes pretenden eliminarla por ineficiente y los que la defienden al considerarla un paso importante en el respaldo a la democratización de la Isla. Las gestiones de la actual presidencia española en la Unión Europea, tendientes al aniquilamiento de la Posición Común adoptada por el conjunto de esos gobiernos, ocupan el foco de la porfía. 

Para el gobierno cubano el embargo norteamericano y el acuerdo político tomado por la Comunidad Europea son la misma cosa. La nomenclatura partidista cubana, exige que estas sean eliminadas. A ello dedica amplios esfuerzos propagandísticos en una campaña cuyo discurso coloca en el mismo saco a ambas iniciativas.  

El llamado bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, tan llevado y traído en foros internacionales, incluyendo el de las Naciones Unidas, tiene características que lo distinguen de la disposición comunitaria.

La aplicación de un plan de presiones contra el recién instalado gobierno revolucionario fue estimulada por las leyes de nacionalización, seguidas por la intervención de las propiedades norteamericanas en Cuba. El apriete de las tuercas tenía como premisa fundamental el interés económico, más que razones de derechos y libertades democráticas violentadas.

El embargo, como herramienta disuasoria, buscaba convencer a los belicosos barbudos instalados en La Habana de las consecuencias de un acercamiento entre Cuba y la Unión Soviética, que tomó de sorpresa a los norteños. Este punto era mucho más importante en las prioridades de la potencia cercana, enfrascada en una guerra fría que podía tornarse hirviente en cualquier momento. Octubre le dio la razón. Pero la dictadura sobrevivió, creció y se potenció a pesar de esa política de aislamiento.

Durante años el gobierno de Castro ha acusado al “bloqueo” de todos los males acaecidos en sus predios. Plagas, virus, enfermedades, crisis de toda índole, déficit económicos, culturales y de todo tipo, han sido achacados a la imposibilidad de comerciar con el vecino del Norte o sus representaciones transnacionales dispersas por el orbe. No valía argumentar las excelencias de relaciones con la hermandad socialista o el resto del mundo capitalista. El embargo siguió siendo la evidencia esgrimida por Castro para mostrar la agresión a que era sometido su gobierno.

Al final este singular “bloqueo”, según prefieran llamarle, no logró lo que proponía. Menos aún cuando aquellos a los que buscaba afectar con su aplicación jamás conocieron de sus efectos. La ética de un método que impone sanciones privativas donde los perjudicados resultan ser los más desprotegidos, termina siendo indefendible, sobre todo si su figura vale además como escudo para esconder al verdadero y más férreo bloqueo impuesto por el gobierno comunista contra la propia población.

A diferencia de la norteamericana, la Posición Común Europea tiene características que le confieren legitimidad, no obstante sus magros resultados. La postura de los europeos se produce en respuesta a un hecho represivo que concluyó con el encarcelamiento y condena de decenas de activistas de la sociedad civil cubana. La reprobación como táctica política adoptada por los miembros comunitarios no incluyó sanciones económicas contra el gobierno totalitario. Al contrario, mantuvo todos los vínculos con este, sin poner barreras a las inversiones de sus empresas en la Isla. La mayoría de las medidas tomadas eran realmente tan inocentes como anodinas. Pero ninguna significó un acto de agresión contra la soberanía cubana y su pueblo.

Los críticos de la posición alegan que lo ideal sería hacer un reclamo a Cuba para que cumpla los compromisos que hizo su gobierno al ser re electo en el consejo de De Derechos Humanos de la ONU. Los que defienden esta salida olvidan, o quieren olvidar, la burla constante del régimen cubano hacia la buena voluntad de la comunidad internacional. Primero ocurrió en Viña del Mar, donde el gobernante en Jefe no tuvo reparos en firmar la declaración, convencido que no iba a cumplir ni una coma en lo que a derechos humanos atañía. Es la misma determinación de los actuales personeros del sistema en su alegato, más sofisticado pero no menos cínico, de que ellos cumplen con los derechos humanos fundamentales, sacando de la prioridad los aspectos tocantes a libertades políticas y de expresión. Por ello reciben además una amplia aprobación en la ONU.

Las presiones políticas ejercidas con justeza moral puede que no logren efectos inmediatos o simplemente no den ninguno. Pero echarlas a un lado sin garantías de que el trasgresor ceda un ápice, supone el asiento de un peligroso antecedente. Esperar que cada país decida la política a aplicar por su cuenta sería dejar abierta la división que garantice la impunidad del violador, a quien poco le importa el cuestionamiento individualizado de las naciones.

Puede que la posición común, como el embargo norteamericano, termine siendo un símbolo. Pero al menos ello será el único indicio de que la situación de Cuba ocupa en algo la atención del mundo.