La represión contra los firmantes del
Proyecto Varela
LA HABANA, 30 de noviembre (Oswaldo Payá y Miguel Saludes) - Los
gestores del Proyecto Varela estamos haciendo público un informe parcial
que recoge los principales hechos represivos desatados por el Departamento de la
Seguridad del Estado (DSE), el Partido Comunista de Cuba y algunos funcionarios
del Ministerio de Justicia y de las Asambleas Municipales del Poder Popular.
Estos hechos se han venido produciendo desde el comienzo de la campaña
de recogidas de firmas necesarias para la presentación del Proyecto
Varela en la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero la incidencia mayor de la
represión se hace sentir desde junio a la fecha.
El informe recoge los nombres de los gestores y firmantes del Proyecto
Varela que han sido detenidos, citados, interrogados e intimidados por la policía
política, todo ello para impedir que continúe el proceso legal de
recogida de firmas.
Dentro de la campaña del Proyecto Varela se han entregado en las
sedes de más de cincuenta Asambleas Municipales del Poder Popular, cartas
dirigidas a los diputados que representan a los correspondientes municipios.
Mediante esta carta varios ciudadanos electores han dado a conocer a sus
diputados este proyecto cívico y las peticiones que dentro del mismo se
hacen. También ha tenido como fin pedir a los mismos diputados que lo
presenten en la próxima sesión plenaria de la Asamblea Nacional y
que observen cualquier irregularidad que pueda ser dirigida contra los gestores
y firmantes del proyecto por agentes o autoridades policiales.
Entre los diputados a los que se les ha enviado esta petición, esta
carta, entregada en 50 municipios de todo el país por más de dos
mil 500 electores, se encuentran el propio presidente del Consejo de Estado,
Fidel Castro Ruz; el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular,
Ricardo Alarcón de Quesada; el vicepresidente del Consejo de Estado,
Carlos Lage Dávila; el ministro del Interior, Abelardo Colomé
Ibarra, y otros 260, lo que significa más de un tercio del total.
Ninguno de estos diputados ha respondido a sus electores, violando así
lo establecido por los artículos 63 y 84 de la Constitución
vigente en Cuba. No obstante, el informe de los gestores del Proyecto Varela
presenta el testimonio de un alto número de firmantes de estas cartas que
han sido citados, interrogados y amenazados para que declaren falsamente que sus
firmas han sido fruto de promesas de pago en dinero o para obtener facilidades
migratorias. Todos sin exclusión han sido conminados a abandonar el
proceso de recogida de firmas. También muchos firmantes y colaboradores
del Proyecto Varela han sido chantajeados con amenazas de perder sus trabajos,
ser suspendidas las licencias en el caso que sean cuentapropistas o de suspender
los permisos de salida del país a los casos que la han solicitado, de
continuar enfrascados en este proceso.
En el informe se hace referencia a los casos más graves, como los de
amenaza de muerte, detenciones, confiscación de boletas firmadas y
registros en domicilios y a personas con vistas a incautar las boletas. Se
recoge igualmente las respuestas de los ciudadanos afectados por estas acciones,
quienes han escrito denuncias a las instancias de fiscalías municipales y
nacional, a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado
apelando a los máximos representantes de esas instancias especialmente a
los señores Fidel Castro Ruz, presidente del gobierno, y Ricardo Alarcón
de Quesada, presidente de la Asamblea nacional del Poder Popular.
La respuesta a estas demandas ha sido el silencio o el aumento de la represión
y, en casos excepcionales, una lacónica respuesta de tramitación
del caso a las autoridades que han cometido estas infracciones, o sea al
Ministerio del Interior.
Todas estas acciones han tenido como objetivo frustrar la gestión de
recogida de firmas, desalentar a los ciudadanos que se lo han propuesto y evitar
que se lleve a cabo el objetivo fundamental de esta idea cívica.
Además, se han detectado personas que han presentado boletas con
datos falsos a los gestores con el evidente fin de sabotear esta campaña
legal. Los nombres de estas personas serán denunciados públicamente.
Aclaramos que en diversas ocasiones agentes de la Seguridad del Estado
amenazaron con realizar estos actos ilegales y con no permitir que se recojan
las firmas.
Denunciamos esta guerra sucia del gobierno y sus instrumentos de represión
contra los ciudadanos y contra la propia Constitución.
Llamamos la atención de la opinión pública sobre las
condiciones de total persecución en que realizamos esta campaña
legal.
Es evidente que el gobierno quiere evitar a toda costa que se recojan las
firmas y que se presenten. Por eso emplea métodos propios del
gangsterismo.
El gobierno quiere impedir que los cubanos que vencen el miedo y se abren a
la solidaridad con su propio pueblo den este paso liberador. Porque es con este
paso con el que comienzan los cambios que Cuba necesita y que el pueblo quiere.
A pesar de estos obstáculos se mantiene en los gestores del Proyecto
Varela el firme propósito de recoger las diez mil firmas estipuladas en
el artículo 88 inciso g) de la Constitución para presentar
demandas de los ciudadanos a la asamblea legislativa y finalmente poder
presentar esta petición por un cambio cívico y pacífico en
Cuba. |