Laritza Diversent 

LA HABANA, Cuba, septiembre (www.cubanet.org) - El Estado de Derecho se basa en la legalidad, el respeto a las libertades civiles y la igualdad jurídica. Implica también el control judicial sobre actividad gubernamental, para romper  la impunidad del Estado ante sus propios actos. Sin embargo, la  ilegalidad en Cuba se ha convertido en una práctica extensiva, principalmente de los órganos estatales. 

Es normal que un policía o miembros del Departamento de Seguridad del Estado, cite a un ciudadano. Sin embargo, los únicos legalmente facultados para realizar este acto son  el instructor, el fiscal y el tribunal. Los uniformados son agentes de la autoridad, cuando más, sólo pueden realizar la entrega del documento.  

Los agentes realizan, sin título legítimo, actos propios de una autoridad o de un funcionario público, atribuyéndose carácter oficial. Un delito regulado en el  Código Penal, bajo el título de “Usurpación de Funciones Públicas”.  

El ciudadano desconoce que, en estos casos, puede denunciar a los usurpadores ante la fiscalía  militar. Aunque difícilmente le acepten una acusación de este tipo. La impunidad en el sistema estatal llega a niveles insospechados, al igual que el desconocimiento de los procedimientos penales.   

También es común que en la advertencia, por la inasistencia injustificada al llamamiento oficial, los agentes de la autoridad adicionen un 0 a la cifra legalmente establecida. La ley exige, la primera vez, la imposición de una multa de 50 pesos, la segunda, procesamiento penal por desobediencia.

En el aviso, los policías y miembros de la policía política advierten que la contravención es penada con 500 pesos. La ley obliga a concurrir al llamamiento de una autoridad, siempre que esta cite con las formalidades legales. La cifra “inflada” es una forma de coaccionar e impedir el ejercicio de los derechos reconocidos.  

La no observancia de los procedimientos penales se deriva del exceso de poder que otorga el Estado a los órganos represivos, en detrimento de las libertades civiles y seguridad jurídica ciudadana. Hecho que permite, a los funcionarios estatales y agentes de la autoridad, ignorar las normas legales y actuar por cuenta propia.