Oscar Espinosa Chepe

LA HABANA, Cuba, septiembre (www.cubanet.org) - En un movimiento dirigido a alentar las inversiones extranjeras, las autoridades cubanas emitieron el Decreto-Ley No. 273 para modificar los artículos 221 y 222 del Código Civil, Ley No. 259 del 16 de julio de 1987.  Las modificaciones esenciales son que “el derecho de superficie puede concederse por un término de hasta 99 años. Cuando el derecho se otorgue por un período inferior, puede ser prorrogado hasta dicho término en virtud de la solicitud formulada por el titular, antes de la fecha de su vencimiento”.

Muchos analistas consideran con fundamento que el gobierno cubano está preparándose para  el eventual levantamiento por Estados Unidos de las prohibiciones a sus ciudadanos para visitar a Cuba. Pronósticos  de especialistas de ese país vaticinan que durante el primer año viajaría un millón de personas, quienes poseerían una capacidad de gastos superior a la de los turistas actualmente recibidos.

De hecho, la autorización  de la Administración Obama a los cubano-americanos ha significado un incremento apreciable en la cantidad de visitantes. Según fuentes extraoficiales, en el primer semestre de 2010 se recibieron 175 mil 212 cubanos residentes en el exterior, para un incremento del 35,4% con respecto a igual periodo de 2009. Representan el 12,6% de todas las llegadas, sólo superadas por los turistas canadienses, pero duplican las procedentes de Reino Unido que ocupan el tercer lugar.

Los atractivos turísticos cubanos inexplotados son considerables. En 2009, arribaron 2,4 millones; volumen sustancialmente inferior a los recibidos en República Dominicana y Puerto Rico, que poseen menos recursos naturales para competir en la actividad, como áreas de costa y playa. 

El  negocio turístico no radica en recibir personas, sino  en obtener ganancias con una gestión racional y eficiente.  En las actuales condiciones, si llegaran millones de turistas norteamericanos la propensión marginal a importar crecería aún más. Cuba ha estado importando más del 80,0% de los alimentos consumidos; esto crecería adicionalmente, si se produjera un incremento sustancial del turismo, en particular el norteamericano, acostumbrado a consumir productos de elevada calidad, sin que hubiera un correspondiente crecimiento de la oferta interna. Similar necesidad podría ocurrir con los artículos de la industria manufacturera, cuyos niveles productivos presentes son inferiores al   50,0% de los existentes en  1989. Por ello no sorprendería que, si se abriera el turismo norteamericano, paradójicamente podría suceder que los verdaderos beneficiados serian los granjeros y negociantes de alimentos de Estados Unidos, lo cual también ocurriría con los exportadores de otros países.

Hoy se considera la construcción de una poderosa infraestructura turística en Cuba, incluida la edificación de una docena de complejos con campos de golf, valorados en cientos de millones de dólares. Se ha informado la existencia de cartas de intensión suscritas con España, Canadá, Gran Bretaña, y hasta Viet Nam ha mostrado su interés en estos negocios.  De todas formas habría que importar gran parte de los recursos necesarios para esas construcciones, pero realmente el país tiene condiciones para participar en el suministro de materiales de calidad para las obras y sustituir un alto porcentaje de las importaciones inducidas. Sería una pena y una vergüenza que nuestra participación en esos procesos inversionistas fuera de figurantes y  aportadores de fuerza de trabajo, bellos panoramas naturales, superficie e insignificantes cantidades de recursos materiales.

La ampliación del derecho a 99 años es un paso correcto, aunque insuficiente si no es acompañada por la participación de la economía cubana de forma integral  en la creación de las estructuras para convertir Cuba en un polo turístico importante, poder explotar adecuadamente las potenciales condiciones existentes y convertir esta actividad en la locomotora requerida por la economía cubana. Para lograrlo resulta indispensable una nueva mentalidad económica y liberar las fuerzas productivas. Es contradictorio que se eleve a 99 años el derecho de superficie a los inversionistas extranjeros, pero se mantenga sólo a 10 años, renovable a otros 10, si se aprueba, el derecho de los usufructuarios nacionales a cultivar pequeñas parcelas agrícolas.