Laritza Diversent

LA HABANA, Cuba, octubre (www.cubanet.org) - Luego de dos meses, la incertidumbre llena el escenario cubano. Todavía el gobierno no concreta los principios que regirán el trabajo por cuenta propia. Mientras, la cifra de desempleados y las expectativas de la población, aumentan.

Una de las inquietudes planteadas es si el gobierno otorgará a los cuentapropistas derechos para explotar concesiones administrativas, teniendo en cuenta que considera la actividad de los particulares como un complemento estatal.

Hasta el momento no se ha dicho nada al respecto. Sin embargo, varias de las actividades por cuenta propia autorizadas están relacionadas con la explotación de recursos minerales, como el cantero y el productor-vendedor de artículos de alfarería.

Incluso les exige, para la  autorización de la actividad, presentar la aprobación según lo establecido por la ley de minas. Otras, como el elaborador-vendedor de artículos de granito y mármol, se mantienen paralizadas, según informó el diario Granma, por no existir un mercado lícito para adquirir las mercancías.

El Ministerio de la Industria Básica está autorizado para otorgar o denegar las concesiones mineras para pequeños yacimientos de determinados minerales, reconocidos por la Constitución de la República como bienes de “propiedad estatal socialista de todo el pueblo”.

Hace dos años, la ciudadana Amada Pupo Cisneros presentó a la Oficina Nacional de Recursos Minerales, una solicitud de concesión de explotación del mineral de arcilla, en la localidad tunera La Estrella. Su pretensión fue rechazada por la  recién destituida Ministra de la Industria Básica, Yadira García.

La ex representante del gobierno negó el derecho por recomendación de la Oficina Nacional de Recursos Minerales, quien valoró que, la petición de Pupo Cisneros, se contraponía a los principios generales del ejercicio del trabajo por cuenta propia.

Desde 1992 los bienes estatales pueden  trasmitirse, parcial o totalmente, en propiedad, a personas naturales y jurídicas, previa aprobación del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo. Sin embargo, el gobierno sólo reconoce este derecho a los  inversionistas extranjeros.

Los nacionales como Amada Pupo están excluidos. Su participación en la economía nacional está seriamente limitada por la Constitución de la República, el Decreto-ley 141 de 8 de septiembre de 1993, “Sobre Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia”, y el resto de la  legislación complementaria, que regula este derecho.

En el artículo 21 del texto de la Constitución, se reconoce  la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar. Sin embargo, restringe el derecho al prohibir utilizarlos en la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno.

A pesar de que es un derecho constitucional, en la última sesión parlamentaria, Raúl Castro anunció que su gobierno levantaría algunas restricciones al ejercicio del trabajo por cuenta propia, entre ellas la contratación de mano de obra.

Sin embargo, dejó claro que mantendrá su política en cuanto a determinar, supervisar  y controlar las  actividades, y quiénes pueden realizarlas. También fiscalizara  las condiciones de  comercialización de los productos y servicios de los cuentapropistas. Las medidas, según el diario Granma, entrarán en vigor, sin especificar el día, este mes.