Mario J. Viera

PORT CHARLOTTE, Florida, noviembre, www.cubanet.org -Luego de leer el breve artículo de Augusto C. San Martin, aparecido en Cubanet con el título La Crisis Violenta, decidí hacer un comentario sobre la violencia delictiva que, cada día se hace más crítica en Cuba. Han pasado ya diez años desde que me acogí al Programa de Refugiados de los Estados Unidos; pero aún está vivo en mi memoria el estado de temor que se respiraba dentro de la sociedad cubana por el crecimiento de la actividad delictiva.

Recuerdo como muchos, incluido yo, trataban de rehuir, en las noches, las calles solitarias y mal alumbradas, por el recelo de sufrir un atraco; sin embargo, aunque se producía esporádicamente algún hecho violento ligado a la comisión de un delito, no alcanzaba la magnitud que nos muestra en breves párrafos el periodista independiente Augusto San Martín.

Aunque, ciertamente los niveles de violencia presentes en Cuba no han alcanzado los índices que se manifiestan en países como México, El Salvador y Venezuela este hecho no deja de ser preocupante.

¿Por qué ha crecido tanto la violencia dentro de una sociedad que se suponía aséptica en cuanto a la actividad criminal? Como bien señala San Martín, los ideólogos del socialismo siempre han afirmado que la delincuencia es un cuerpo extraño dentro de las estructuras de una sociedad sin clases y, las pocas manifestaciones delictivas que pudieran presentarse no serían más que reminiscencias de una sociedad explotadora e injusta. La cruda realidad ha destruido esa tesis argumentada como dogma infalible.

Pero, ¿es capaz el sistema socialista de erradicar la comisión de delitos y suprimir la violencia que se manifiesta a cada momento en cualquier lugar, ante cualquier situación en Cuba?

Mientras cumplía prisión entre presos comunes en las cárceles Combinado del Este, en La Habana, y Canaleta, en Ciego de Avila, pude observar que entre los que cumplían condenas por delitos violentos contra las personas y el patrimonio había una muy alta incidencia de jóvenes entre los 18 y 36 años de edad; el grupo étnico mayoritario era de negros. La inmensa mayoría de esa categoría de reclusos provenía de familias disfuncionales en las que la figura paterna era, por lo general, ausente. Ninguno de los que conocí presentaba las características morfológicas que Lombroso definía para el criminal nato. Por lo general, manifestaban una gran frustración y rencor con el sistema político imperante en el país. Recuerdo que uno de ellos me dijera que él era más “opositor” que los presos políticos, porque él cometía sus atracos en empresas estatales, mataderos, y procesadoras de grasas, lo que le causaba más daños al gobierno que las críticas de los disidentes.

El delito es un fenómeno del que ninguna sociedad políticamente organizada esta exenta. En todas está presente en mayor o menor grado. Torres López (Políticas públicas de prevención de delito, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, diciembre 2009) señala que en países como Finlandia, Noruega e Irlanda “los delitos y crímenes se han reducido a mínimos que no alcanzan el 0.1 % de su población” y plantea que estos resultados se deben a que esos países aplican “políticas públicas sostenidas en el tiempo; educación ciudadana de calidad, prevención y promoción a los deberes y derechos humanos; desarrollo social, cultural y económico; sistema de justicia oportuna, eficiente y efectiva…”

Es tal vez la ausencia de esas políticas públicas en la Cuba bajo el castrismo la causa que origine el incremento de la violencia delictiva en el país.

En América Latina las altas tasas de criminalidad se empeoran, según la opinión de Paulo Sérgio Pinheiro, directivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “por la falta de respuestas o por las respuestas ineficientes” de los gobiernos, lo que origina “efectos negativos” en esas sociedades. (El Nuevo Herald, 13 de noviembre de 2010). Esta opinión es válida para el caso cubano.

Como indica el autor de La Crisis Violenta el gobierno de Cuba, en 1999 trató de enfrentar la criminalidad “fortaleció el Código Penal, aumentando las condenas en varios delitos” con lo que incurrió en “el error de poner en riesgo la correlación delito-sanción y las valoraciones circunstanciales del delito”.

En opinión de muchos especialistas, las leyes penales per se no contribuyen a corregir las actitudes delictivas. “En el caso del Código Penal Argentino ─ afirma José Mario Pérez González (Criminología y criminalística para periodistas policiales: Cap. 5. Delito, delincuente y víctima del delito), desde su creación hasta la fecha ha sido reformado más de 850 veces. Esta ley reformada según la presión política de turno, no ha garantizado que el delito haya disminuido”.

Son muchas las teorías que intentan explicar las causas del delito atribuyéndolas a factores tan disímiles como las biológicas, psicológicas, de origen jurídico, político económico y socio-ambientales como la marginación social, la pobreza moral y cultural, el abandono familiar y la escasa o nula educación cívica. La causa real que origina el comportamiento criminal puede ser una combinación de todas ellas o de una conjunción de algunas de las mismas.

De acuerdo con la Universidad de Carabobo (Factores Sociales de la Criminalidad. Noviembre de 2002) “… es un hecho que la carencia de los medios indispensables para la satisfacción misma de las necesidades individuales y familiares (falta de trabajo, de vivienda adecuada, de servicios elementales, etc), puede crear en los individuos un estado emocional susceptible de transformarse en sentimientos de inferioridad y de frustración que, asimismo, puede convertirse en odio o resentimiento hacia toda la sociedad, considerada como responsable de tales penurias”.

La Ecología Social elaborada por la Escuela de Chicago a partir de la década de 1950 ha asociado las tasas de delincuencia con el nivel de pobreza. Considera que el crimen no se origina en ninguna patología individual ni social, sino en el normal y regular funcionamiento de todo orden social. En estudios realizados en Estados Unidos, de acuerdo con la Ecología Social se encontró que las cifras más altas de criminalidad se presentaban en las “áreas de desorganización social”  en las que existe una prosperidad deteriorada, la existencia de “gangas” (pandillas), heterogeneidad cultural y social y una ausencia de los controles sociales.
Un estudio llevado a cabo en Argentina en 2009 por un equipo del Instituto de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas determinó que con cada incremento del 1 % en la tasa de personas excluidas eleva la probabilidad de que el delito crezca entre el 1,65 % y el 2,34 %, a la vez que relativizó que el desempleo fuera un desencadenante del delito.

La ya citada Universidad de Carabobo considera que la existencia de gobiernos ineficaces y corruptos “puede constituirse en factor inmediato de producción de conductas delictivas; también lo será en forma indirecta, en la medida en que cree condiciones favorables a la conducta delictiva y no tome las medidas pertinentes de prevención”

Muchos de estos factores impulsores del crecimiento delictivo están presentes en la sociedad cubana actual. La mayoría de los barrios citadinos por la desidia gubernamental, la falta de mantenimiento de los edificios y el colapso de muchos de ellos, han devenido en barrios marginales y verdaderas áreas de desorganización social. El déficit habitacional hace que en una sola vivienda convivan a la vez varias generaciones de una misma familia con la consiguiente promiscuidad y conflictos inherentes.

El sistema educativo construido sobre presupuestos ideológicos, se concentra, principalmente en la enseñanza descuidando la fase de la educación formal y cívica de los colegiales y estudiantes. La falta de oportunidades y progreso de la ciudadanía es una de las mayores causas de frustración entre las personas como también el desprecio hacia los derechos humanos característico de las estructuras del poder. Como bien concluye su artículo Augusto C. San Martín, el aumento del desempleo y la incertidumbre que se vive en Cuba “provocan desconciertos sociales que superan la represión y el castigo por parte de las autoridades”

La oposición cubana no debe descuidar el estudio del incremento delictivo del país, un elemento que podría generar conflictos y desestabilidad social dentro de una transición hacia la democracia.