René Gómez Manzano

LA HABANA, Cuba, noviembre (www.cubanet.org) - En Cuba han sido usuales los ataques contra los juristas. Durante los primeros lustros del actual proceso, en la llamada “época de la barbarie”, se esgrimió una consigna insólita: “Abogados, ¿para qué?”. Irónicamente, la frase en cuestión surgió de un graduado en leyes: el doctor Fidel Castro.

La Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana estuvo años sin graduar a un solo jurista. No obstante, hay que decir que al cabo del tiempo se reconoció la metedura de pata perpetrada, y el papel desempeñado por mis colegas aumentó paulatinamente.

Pero en las sociedades en las que impera el marxismo-leninismo la moda de atacar a los abogados nunca pasa del todo. En la Cuba de hoy pudiera tratarse de algún nostálgico de aquella década de los sesenta. Ése parece ser el caso de un tal “L.

Campoalegre Sánchez”, autor de una carta a la redacción del periódico Granma publicada el pasado viernes (Sí, hay que revisar las plantillas). El pasaje en que nos ataca es digno de ser citado: “¿Por qué se necesitan tantos jurídicos, como si estuviéramos en medio de un país capitalista, donde un abogado es capaz de utilizar sus mañas para liberar de la justicia a un tramposo empresario o político, burlar al fisco con sus artimañas o dejar en bancarrota a una empresa similar con sutiles engaños?”.

Como se ve, el señor Campoalegre exhibe sin pudor unos prejuicios que, aunque generalmente minoritarios, suelen tener cierta difusión. Sólo que usualmente ellos aparecen en comentarios verbales entre íntimos, mientras que en este caso han sido plasmados en blanco y negro, y publicados en el periódico más difundido de Cuba.

Aunque se acude al pretexto de aludir a los juristas del mundo del capital, en realidad los argumentos son aplicables a los de cualquier sitio. Obviamente, el corresponsal de Granma no puede comprender que para que una sociedad medianamente desarrollada funcione, tienen que existir reglas del juego que por su misma complejidad sólo pueden ser dominadas por especialistas.

Esa es justamente la función de los abogados, a quienes Campoalegre pinta como una especie de émulos de Al Capone y Lucky Luciano. Claro que para quienes están acostumbrados a cambiar tramposamente las reglas en mitad del juego, la sola idea de que haya individuos que defiendan la pureza de la lid debe parecer indeseable.

En los países donde impera el comunismo, el papel del jurisconsulto es sustancialmente menor que en otros: en lo civil, porque existe un solo dueño y los conflictos patrimoniales son secundarios; en lo penal, porque las ansias estatales por reprimir priman sobre cualquier deseo de defender los derechos de los ciudadanos. Además, en todo caso las consideraciones políticas prevalecen sobre las puramente jurídicas.

No obstante, las sandeces de Campoalegre deben despertar nuestra inquietud, y no tanto porque él las haya escrito (pues ya he dicho que esas ideas no son exclusivas de él), sino porque Granma tuvo a bien publicarlas. ¿A qué obedece esa divulgación?