Carlos Ríos

LA HABANA, Cuba, mayo (www.cubanet.org) - El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, ha emitido una convocatoria para ocupar plazas de jueces en los tribunales provinciales y municipales por tiempo indefinido, a los interesados que reúnan los requerimientos académicos y los principios de la “moral socialista” que exige la institución. 

En el orden académico, se requiere ser graduado en Derecho o diplomado en Administración de Justicia. El ejercicio de oposición será el 9 de julio y los resultados se darán a conocer el 22 del propio mes. 

En la última década las leyes en Cuba han tipificado delitos que en ninguna parte del mundo son punibles, y aumentado las condenas a los que se consideran proclives al delito, como en el caso de la ley de peligrosidad social pre-delictiva. Sólo por acercarse a un turista (acoso),un cubano puede ser condenado a 4 años de prisión.  

Se consideran también delitos que un ciudadano intente vender una casa propia, o un auto que el gobierno le vendió en los últimos cincuenta años. El hurto y sacrificio de ganado mayor, ya sea equino o bovino, conlleva una pena de 20 años de prisión, incluso si los animales son de su propiedad.  

Un elevado por ciento de los jueces cubanos son personas de la tercera edad, o que andan cerca, y cada vez se hace más difícil encontrar relevo entre los jóvenes profesionales.  

La nota del Tribunal Supremo Popular  señala. “Los jueces respetan la dignidad humana, el sentido humanista y solidario de la sociedad, y el principio de igualdad; guían la administración de la justicia en Cuba. Los jueces son independientes en su función de impartir justicia, y no deben obediencia más que a la Ley”. 

Sin embargo, esto queda desmontado con la pena de muerte aplicada a tres jóvenes que trataron de escapar de Cuba en la primavera de 2003, secuestrando una lancha en la bahía. Los acusados coaccionaron a los rehenes, pero no hubo hechos de sangre en el intento. Cuba no estaba en guerra ni en estado de sitio. Las penas de muerte dictadas, y ratificadas en el Tribunal Supremo, en un proceso sumarísimo que duró 96 horas, propiciaron un sinnúmero de críticas en instituciones jurídicas de todo el Planeta, que cuestionaron la supuesta imparcialidad, autonomía e independencia del poder judicial cubano. 

Ese mismo año sancionaron a 75 disidentes con penas de hasta 28 años de cárcel. Estos hechos desmienten la supuesta autonomía jurídica. 

En Cuba, con 11 millones 242 mil 628 habitantes, hay más de 100 mil reclusos. Un preso por cada 138 habitantes. Y más de 200 presos políticos; de ellos, 25 son periodistas independientes.