Leonel Alberto Pérez Belette

LA HABANA, Cuba, marzo (www.cubanet.org) - En Cuba, como en épocas de la colonia, desde hace mucho se ha desarrollado una economía independiente, en la cual las disposiciones de la monarquía de los hermanos Castro rigen, pero distan mucho de cumplirse, debido a que los cubanos, para satisfacer sus  necesidades, practican el contrabando. La principal causa es similar a la de antaño, cuando la metrópoli, lastrada por una tradición que se remontaba al siglo XV, imponía una política comercial monopolista de Estado.

Un joven me confesó que luego de terminar la carrera de Contabilidad y Dirección de Empresas, y  no encontrar un trabajo que cubriera sus necesidades, se había convertido en lo que en otras épocas hubiera sido considerado un bucanero. Me sorprendió personalmente el hecho, pues el joven hijo de personas vinculadas al gobierno, y él mismo se confiesa comunista.

En una página de Internet, que alojada en un servidor extranjero, coloca anuncios para la venta en territorio nacional de teléfonos móviles, computadoras, automóviles, bienes raíces. Cuando hablamos estaba contactando a un posible comprador. Le pregunté sí iba a efectuar el negocio, y me contestó:

-No, qué va, aparecieron demasiados compradores debido a los precios de los equipos. Lo que voy a hacer es ponerlo otra vez en oferta, pero con un precio superior. Si espero un poco puedo vender más caro.

Por supuesto, se trata de un mercado subterráneo alternativo, surtido con mercancías que provienen de la pacotilla que acarrean los mismos funcionarios y enviados del régimen al regresar de las misiones en el exterior. Esta gente se aprovecha del estancamiento económico para especular con mercancías que no podrían adquirirse en ninguna otra parte en la Isla. A pesar de las limitantes de los cubanos para acceder a Internet, este tipo de comercio florece con la complicidad de las autoridades.

En la época de la colonia los cabildos controlaban la situación y permitían el ilegal contrabando, porque era necesario para su supervivencia. Prohibirlo hubiera podido generar estallidos de malestar. Era un negocio del cual todos participaban, y los que no participaban directamente, al menos callaban, incluidos los curas. Por algo Melchor Suárez de Poago, el asesor letrado del gobernador Pedro Valdés, al hacer una pesquisa en 1603, en la ciudad de Bayamo, descubrió que, como en Fuenteovejuna, todos eran culpables.  

Estamos en las mismas.