Miguel Iturria Savón

LA HABANA, Cuba, marzo (www.cubanet.org) - Entre diciembre de 2009 y marzo de 2010, la muerte y la difamación planean sobre Cuba. No se debe a un terremoto ni a las habituales campañas de insidias contra quienes critican el desmadre de nuestros ancianos gobernantes, sino a la defunción por frio de decenas de enfermos mentales en el hospital de Mazorra, y al deceso en prisión de Orlando Zapata Tamayo, quien llevaba más de 80 días en huelga de hambre en protesta por los maltratos de sus carceleros.

El primer suceso fue opacado por el terremoto en Haití, pero resurge en marzo como un bumerán por la colocación en Internet de las fotos hechas por los patólogos. Las denuncias de la prensa alternativa y la repercusión internacional del hecho obligaron al gobierno a romper el silencio y tomar medidas en el manicomio capitalino, donde las condiciones son infernales.

Al morir Zapata Tamayo, Guillermo Fariñas Hernández, periodista independiente y ex prisionero de conciencia, se declaró en huelga de hambre en solidaridad con el mártir y con la veintena de presos políticos enfermos. La respuesta oficial fue asumida por los periodistas Enrique Ubieta Gómez, quien denigró a Zapata Tamayo en Cuba Debate y Granma, y Alberto Núñez Betancourt, autor de una diatriba contra Fariñas publicada en el órgano oficial de los comunistas el lunes 8 de marzo.

Ambos textos reiteran la intolerancia, la insolencia y el desprecio por la vida de quienes gobiernan la isla como un campamento sitiado. Hablan de mercenarios, delincuentes, chantajes y presiones, como si los mandatarios endiosados pudieran reducir al aplauso el tapiz de nuestra diversidad.

Los censores no vacilaron en mentir para confundir a los lectores y minimizar el impacto de muertes inútiles. Pero el martillo que golpea al muro de la intolerancia vino desde dentro. Las imágenes de los dementes y la muerte por hambre de un hombre tras las rejas son más fuertes que las difamaciones de los asalariados de la prensa oficial.

Tanto Ubieta Gómez como Núñez Betancourt atentan contra la intimidad de personas que asumen desafíos extremos. Ninguno de los dos conoce la trayectoria vital y política de Orlando Zapata ni de Guillermo Fariñas. Ambos parten del resumen de los expedientes cedidos por la policía política. Calificarlos de mercenarios y delincuentes contrarrevolucionarios al servicio de un país enemigo es tan burdo como increíble.

Las intromisiones en la privacidad y la distorsión de los hechos incluyeron a médicos y oficiales del Ministerio del Interior, que declararon ante los medios informativos –previo montajes de aparatos de escucha y filmación- en detrimento del secreto profesional. El caso implica a la periodista Vladia Rubio, del Noticiero Nacional de Televisión, a cargo de las entrevistas sobre la muerte de Orlando Zapata.

Obligados a informar, los reporteros del régimen optan por la distorsión. La intimidad no debe encubrir hechos de interés social; pero los comunicadores han de respetar la intimidad de las personas, su dignidad y decoro, aunque la relevancia del suceso no beneficie a quienes ejercen el poder.