Laritza Diversent

LA HABANA, Cuba, marzo (www.cubanet.org) - Estoy harta del discurso oficial: viejo, gastado y sin fundamento. Estoy hasta el último pelo de esos que dicen ser periodistas. Principalmente de los que, sin investigar, repiten como papagayos las consignas del gobierno, dueño absoluto de los medios en el que se expresan.

Un periodista que se respete no lanza una acusación sin antes tener pruebas con que respaldarla. En ello le va su reputación y, a veces, hasta su libertad. Imputar hechos falsos es atentar contra el honor de las personas, y en consecuencia, se incurre en un delito de calumnia.

Si -como dicen la prensa oficial- los que disienten públicamente de las políticas comunistas son mercenarios; entonces emplazo a los periodistas a denunciarlos ante las autoridades. ¿No dicen que en Cuba impera la ley y el honor?  Pues, para mantener esa afirmación tienen que ser los primeros en cumplirla.

Afirman que los disidentes son mercenarios. Un delito tipificado y sancionado en el artículo 119 del vigente Código Penal. ¿Dónde están las pruebas? Toda persona es inocente hasta que un tribunal demuestre lo contrario.

Si las tienen, están obligados a presentarlas ante un órgano de justicia; más aun, cuando el gobierno de Cuba se comprometió internacionalmente a luchar contra el mercenarismo. ¿Quieren la fuente? Gaceta Oficial No 003, extraordinaria de 7 de enero de 2008.

En ella, el Presidente del Consejo de Estado, por medio de proclama, da publicidad al hecho de haber ratificado la adhesión de Cuba a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y entrenamiento de mercenarios, el 10 de marzo de 2006, con sus respectivas reservas.

Los pobres periodistas del gobierno, ignoran que están violando la legalidad socialista ¿No saben que la legislación penal sanciona al que, a sabiendas, deje de denunciar a las autoridades la comisión de un delito, o la participación de una persona en el mismo? La ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. 
Si no tienen pruebas, también cometen una violación. Incurren en la comisión del delito de calumnia. Figura delictiva regulada en el código penal, que atenta contra el derecho al honor.

Si consideran que disentir públicamente del gobierno es mercenarismo, ¿qué podría decirse de las guerrillas que creó, organizó y financió el gobierno cubano en América Latina, o la intervención de los militares cubanos en el conflicto bélico de Angola?

Hasta hoy no se ha presentado ningún argumento que demuestre que los disidentes cubanos cometen un delito de mercenarismo. Prueba de que en Cuba, ni el gobierno ni sus medios de comunicación, tienen el menor respeto por la ley ni los derechos humanos.

Ahora pregunto: ¿Seguro que impera la ley y el honor? Donde impera la ley, no hay arbitrariedad. Sólo aquellos que gozan del privilegio de la impunidad pueden darse el lujo de denigrar y calumniar públicamente, sin preocuparse por las consecuencias de sus actos.