Osmar Laffita Rojas

LA HABANA, Cuba, junio (www.cubanet.org) - El Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la tortura, el austriaco Manfred Nowak, en una nota que entregó a la prensa el pasado 9 de junio, expresó su profunda decepción después de ser informado por el gobierno de Cuba que no podía convenir una fecha para su admisión al país antes del final de su mandato, el 30 de octubre de 2010. 

Nowak, quien -al menos públicamente- se creyó la invitación, está a la espera de que le digan cuándo visitará Cuba. Sus predecesores, el embajador de Colombia, Rafael Rivas, el sueco, Carl Johann Groth, y la jurista francesa Christine Chanet, corrieron similar suerte.  

Ninguno de ellos escapó al rechazo del gobierno cubano, empeñado en mantener su imagen de falso cumplidor de sus compromisos. 

El gobierno desmintió las declaraciones de Nowak, si bien de esta información solo se hicieron eco los medios informativos fuera de Cuba, porque  la prensa oficialista no reflejó nada sobre el asunto. Como de costumbre, se le niega al pueblo el derecho a conocer los que sucede dentro y fuera del país.   

El Relator lamentó en su nota que, pese a la invitación, el gobierno no le haya permitido evaluar la situación mediante la obtención de informaciones de primera mano. Se le había invitado en febrero de 2009 a visitar la isla antes de fin de año. 

Las autoridades mostraron sorpresa tras el anuncio del relator, aclarando que el comunicado de Nowak “no se corresponde con el permanente esfuerzo del gobierno para facilitar la realización de la visita y con los intercambios realizados entre las dos partes''. En la misma nota se aclara que las discusiones con Nowak se llevaron a cabo en un ``clima de confianza'', y reiteran “la voluntad de seguir cooperando tanto con el propio señor Nowak, como con el resto de los expertos designados para el cumplimiento de mandatos del Consejo de Derechos Humanos”.  

Esperemos que, si al fin se concreta la visita, el gobierno permita desempeñar su labor al Relator, tal como su cargo y misión lo exigen, sin ningún tipo de impedimentos. Los luchadores por los derechos humanos, dentro y fuera de Cuba, estarán vigilantes, para impedir que su labor se convierta en una campaña propagandística a favor del régimen.