Leonel Alberto Pérez Belette

LA HABANA, Cuba, junio (www.cubanet.org) – Como consecuencia de las excesivas presiones oficiales, ha disminuido el número de ciudadanos autorizados a rentar sus viviendas a los turistas extranjeros. Paradójicamente, a la par que el gobierno, forzado por la grave crisis que atraviesa, da luz verde a nuevas formas de negocios particulares, cada vez se hace más difícil a un particular hacer este negocio.

En lo que va de año, varias personas, dedicadas al arriendo de sus viviendas, han tenido que pagar fuertes multas impuestas por  funcionarios de Inmigración y Extranjería y, además, les han retirado la licencia para operar. En los casos más severos, las autoridades han procedido al decomiso de los inmuebles.

Arturo Iriarte, de Ciudad de La Habana, dijo a este reportero: “El gobierno ha incrementado el control sobre cada extranjero, y nos presionan constantemente. Se trata de un síndrome de vigilancia enfermizo. Ya no basta con correr  -visado en mano- a la oficina de inmigración más cercana, a oficializar la estancia del inquilino, ni llenar el libro de incidencias con cada detalle de la estancia de los turistas”.

“No tenemos manera de saber lo que cada cual hace con su vida. Algunos viajeros simplemente llegan a mi casa y rentan tres, cuatro o cinco días; luego se van a recorrer el país por su cuenta y sólo regresan un día antes de la partida. En varias oportunidades me han citado, con los turistas, a la oficina central de Inmigración, en Nuevo Vedado, para aclarar dónde y qué han estado haciendo dentro del país.

He pasado varios sustos; porque a ellos los multan y los sacan de la Isla, pero a mí me quitan la vivienda y me retiran la licencia. No soy yo el único; cada vez que me citan la oficina está llena de casos similares”.

Solamente en la capital, varias viviendas han sido decomisadas por el Estado, debido a “ilegalidades” cometidas en el negocio de arrendamiento. Curiosamente, las autoridades reubicaron en estos inmuebles expropiados a militares.

Otras personas que se dedicaban al negocio, han entregado la licencia porque no pueden pagar los altísimos impuestos: 400 pesos convertibles al mes, por habitación.

El hostigamiento contra estos ciudadanos pone en duda las recientes aperturas a formas privadas de producción y servicios, promulgadas por Raúl Castro. ¿Contra quién es la batalla económica?