Miguel Iturria Savón

LA HABANA, Cuba, junio (www.cubanet.org) - La semana pasada una caricatura del diario Juventud Rebelde desató reuniones de análisis en los bufetes colectivos de Ciudad de La Habana, convocados por la directiva provincial para analizar la parodia gráfica de un tipo vestido de torero que buscaba a un abogado.

Las reuniones son tan absurdas como la sátira a estos operadores del Derecho, quienes pagan la inconformidad de los clientes que contratan los servicios ofrecidos por la red de bufetes municipales, sin pensar que el abogado interactúa con instituciones burocráticas estatales que demoran los trámites y determinan las decisiones.

Más que torear al abogado hay que banderillear a la desidia del sistema jurídico cubano, tan dependiente del gobierno como las empresas, las escuelas y los hospitales de la isla, donde todo gira en torno al grupo de ancianos que norman la vida desde el poder.

Ante un pleito penal el abogado de bufete es el operador jurídico más interesado en el cumplimiento de los deberes y derechos procesales del acusado. Es el único que rinde cuenta al cliente por los trámites realizados, pero el hecho de influir y dar la cara no determina la celeridad en los fallos; los jueces y fiscales son más decisivos.

El abogado asesora a empresas, tramita divorcios, declaraciones de herederos, litigios administrativos, laborales y jurídicos. Es el letrado más integral y, paradójicamente, el único que no decide nada. Puede actuar con la mayor diligencia posible, aunque no es corresponsable de la determinación tomada por las entidades estatales, cuya dinámica está marcada por órdenes y decisiones del nivel superior, y por órganos menos visibles como el Partido Comunista y la Seguridad del Estado.

A veces se es injusto con los abogados. Casi nadie recuerda que para ejercer la abogacía en Cuba hay que pertenecer a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que es autofinanciada, y en teoría constituye un organismo no gubernamental, pero rinde cuentas al Ministerio de Justicia y funciona como una entidad más del enorme aparato estatal.

El abogado tiene que ajustarse a lineamientos estatales y a las normas del bufete, que le exige permanencia y soluciones. Su salario depende de los asuntos terminados, pero el pago recibido es inferior a lo abonado por el cliente que lo contrató en el bufete colectivo, el cual no le garantiza almuerzo ni transporte para sus gestiones en las unidades de instrucción policial, cárceles, fiscalías, tribunales, direcciones de vivienda o notarías. A esas dificultades se une la lucha contra las detenciones arbitrarias de muchos policías y la complicidad de jueces y fiscales, quienes se limitan a sugerirles a los familiares de los acusados que se busquen un abogado.

Tal vez un usuario toree a un abogado de bufete, pero a nadie se le ocurre torear al juez que dicta sentencia seis meses después de celebrado el juicio, al notario que emite una declaratoria de herederos con casi un año de retraso, al fiscal que demora semanas una solicitud de cambio de medidas, o al funcionario de vivienda que dictamina cuando se acuerda.

La vox populi comenta que los abogados engañan a la población, piden dinero y a veces estafan, lo cual no abarca a la mayoría pero muestra los hilos de la corrupción que salpica por igual a notarios, jueces y fiscales, quienes sobreviven de la “búsqueda colateral”. Más que caricaturizar este problema valdría la pena que la prensa oficial lo abordara de frente, sin omitir las culpas del sistema que lo genera.