Laritza Diversent
LA HABANA, Cuba, febrero (www.cubanet.org) - Papá Estado exige y necesita, que sus ciudadanos dejen de depender de él. Sin embargo, les impide buscarse el sustento, por si solos. Numerosas disposiciones jurídicas de carácter penal y administrativo prohíben a los cubanos realizar actividades económicas individuales.
El gobierno sanciona a los ciudadanos que realicen, sin poseer la licencia correspondiente, cualquier actividad de producción, venta de mercancías o prestación de servicios, de los que están autorizados y reconocidos de forma expresa por disposición legal o reglamentaria.
Quien trabaje en la calle como albañil, plomero, carpintero, etc., y se contrata directamente con otros particulares, sin tener autorización estatal, comete un delito. En ningún caso la ley permite la contratación de mano de obra. A las sanciones se une la confiscación de bienes.
Vender pastelitos en una esquina, comprar en un establecimiento estatal para después revender, o “poseer mercancías en cantidades superiores a las requeridas para las necesidades normales”, es considerado un delito de especulación y acaparamiento. Si se trata de tabaco o café, en cualquier cantidad, igualmente se comete la infracción.
Es intrascendente que el Código Penal no considera delito las actividades de reducida significación económica, como vender coquitos o aguacates. Tampoco procede en la vía judicial si usted compra 10 bolsas de nailon, en una tienda estatal, a 50 centavos, para después revenderlas en la esquina a peso.
Sin embargo, será penado con multa de hasta mil 500 pesos si un policía lo sorprende, en virtud, del Decreto 141 del 24 de marzo de 1988, sobre contravenciones del orden Interior.
No es el tribunal el que determina si usted comete una ilegalidad. Quien decide es el agente policial que lo atrapa infraganti, o sospecha de los bultos que usted lleva. Son ellos, según sus criterios individuales, los que deciden en cada caso, tomando en cuenta la cuantía de lo ocupado, el tipo de producto, la justificación suficiente o no de su tenencia, el destino asignado y las condiciones personales del infractor.
Para garantizar el desarrollo programado del país; fortalecer el sistema socialista; satisfacer las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos, el Estado cubano, bajo el presupuesto de que es el único capaz de satisfacer intereses sociales y económicos, asume el control absoluto del quehacer económico nacional.
Paradójicamente, a la par que el Estado excluye a sus ciudadanos de intervenir en la economía interna, prohibiéndole la iniciativa privada, sea esta de mucha o poca significación, se queja de que no saben vivir por cuenta propia, cuando en realidad les impide subsistir en un escenario económico en banca rota.
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