Colombia,
Cuba, Haití, Honduras y Venezuela integran la lista negra
de los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que este jueves publicó su informe anual.
La CIDH incluyó por primera vez a Honduras en este grupo,
tras el golpe de Estado del año pasado, mientras que mantuvo
con respecto al año pasado a los otros cuatro países que forman
parte de la lista.
Este grupo de países son los que a juicio de la Comisión
"merecen especial atención" y a ellos les dedica
el Capítulo IV de su informe anual.
Honduras, incluida tras el Golpe
La Comisión se refiere a las numerosas violaciones de los
derechos que sufrió Honduras tras el golpe de Estado del 28
de junio.
clic Lea: Honduras bajo la lupa en derechos humanos
Justifica la inclusión del país centroamericano "por
la imposición del estado de excepción, las ejecuciones extrajudiciales,
la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza por parte
de policía y ejército".
"En este contexto y como consecuencia del uso desproporcionado
de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para reprimir
manifestaciones públicas, se produjo la muerte de al menos
siete personas", dice el informe.
También hace mención del cierre de canales de televisión
o las amenazas a periodistas opositores al Gobierno interino.
Represión a la oposición en Venezuela
La CIDH reitera las duras críticas a Venezuela, que ya expuso
en la publicación de un informe especial en febrero.
Lea: La CIDH considera "preocupante" la situación
de los derechos en Venezuela
"Se está utilizando el poder punitivo del Estado para
intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política",
reza el informe.
"En Venezuela se han creado mecanismos para restringir
las oportunidades de acceso al poder de los candidatos disidentes
del gobierno. Esto se llevó a cabo a través de resoluciones
administrativas de la Contraloría General de la República
mediante las cuales 260 personas, en gran parte de la oposición
al gobierno, fueron inhabilitadas para optar a cargos públicos".
La Comisión se refirió a las restricciones a la inseguridad
ciudadana, el derecho de manifestarse , la escasa independencia
e imparcialidad del poder judicial y los procesos administrativos
sancionatorios contra los medios de comunicación críticos
del gobierno.
A la Comisión le preocupa que en varios de estos casos, las
investigaciones se iniciaron luego de que las más altas autoridades
del Estado llamaran a las entidades públicas a actuar contra
Globovisión y otros medios independientes y críticos del gobierno.
De otra parte, en el presente informe la Comisión destaca
"los importantes logros del Estado venezolano en materia
de derechos económicos, sociales y culturales", y menciona
que a través de las Misiones se ha conseguido mejorar la situación
de sectores tradicionalmente excluidos, aunque exigió más
transparencia en la asignación de recursos.
Derechos políticos en Cuba
Además, la Comisión se queja de la escasa información disponible
sobre la situación de derechos humanos, "como consecuencia
de una política de Estado destinada a restringir el flujo
de información".
La CIDH insta a La Habana a liberar inmediatamente a los
opositores condenados en la llamada "Primavera Negra"
de 2003, y recuerda que algunos sufren problemas de salud
sin que se les provea de una adecuada atención médica.
Respecto al embargo comercial y financiero de Estados Unidos
pide que termine por el impacto que generan tales sanciones
en los derechos humanos de la población cubana.
Recuerda que esa petición ya la formuló en octubre de 2007
la Asamblea de las Naciones Unidas. Sin embargo, también reitera
que el embargo no exime al Estado de cumplir con sus obligaciones
internacionales ni lo excusa por las violaciones a los derechos
humanos.
Narcotráfico y conflicto en Colombia
El narcotráfico y las cinco décadas de violencia armada son
la principal causa de preocupación en Colombia.
La Comisión constata que a pesar de los esfuerzos del Estado
para desarmar a las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC),
otros grupúsculos han llenado el vacío. "Grupos armados
ilegales continúan involucrados en la comisión de actos de
hostigamiento y violencia contra poblaciones vulnerables,
líderes sociales y defensores de derechos humanos".
"Existen además nuevos desafíos para administrar justicia
y asegurar la reparación integral del daño causado a las víctimas
del conflicto", dice el informe.
A pesar de estos desafíos, la CIDH reconoce los esfuerzos
para desmovilizar a los actores armados y para protección
de sus ciudadanos.
Entre estos últimos destaca la continuidad del "programa
de protección de defensores de derechos humanos, sindicalistas,
periodistas y líderes sociales", que en el periodo entre
enero y junio de 2009 se extendió a 8.796 personas.
Por último, con respecto a Haití, la CIDH expresa de nuevo
su preocupación por la seguridad pública, la administración
de justicia, la impunidad y la situación de personas vulnerables
como mujeres y niños.
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