La suspensión de la reunión bilateral en Madrid destapa las tensiones entre La Habana y los Veintisiete

Las relaciones entre Cuba y la Unión Europea atraviesan un nuevo periodo de turbulencias. La muerte del prisionero de conciencia Orlando Zapata y la posterior condena internacional al Gobierno de Raúl Castro han sacudido otra vez los cimientos de la política española favorable a promover un acercamiento entre Bruselas y La Habana. A la dura resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en la isla, y la no menos dura respuesta de la Asamblea Nacional cubana, ha seguido la suspensión de la reunión que debían sostener en Madrid, el 6 de abril, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, y su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, en calidad de representante de la UE.

Según fuentes diplomáticas europeas, el encuentro no está suspendido definitivamente. Oficialmente está "aplazado" por decisión de ambas partes y podría celebrarse a finales de abril o en vísperas de la cumbre entre la Unión Europea y América Latina y Caribe, fijada para el 18 de mayo en la capital española. Al parecer, lo caldeado del ambiente ha aconsejado a Rodríguez y Moratinos poner días de por medio a una reunión que podía enredar todavía más las cosas.

Al decir de diplomáticos europeos consultados en La Habana, la postergación de la cumbre ministerial no significa un "descarrilamiento del proceso de diálogo", aunque sí "evidencia que la situación es complicada". Está claro que el impacto del caso Zapata y su cola posterior -la huelga de hambre del opositor Guillermo Fariñas y la represión de las manifestaciones de protesta de las Damas de Blanco- han expuesto la fragilidad de las relaciones políticas entre Cuba y la UE, sometidas de modo permanente a vaivenes coyunturales y cargadas de contradicciones.

Hoy adquiere mayor actualidad que nunca el debate sobre la eficacia de la actual política de los Veintisiete hacia Cuba. Basada en la Posición Común de 1996, aprobada a instancias del ex presidente español José María Aznar, dicha línea condiciona la normalización de las relaciones a avances en el campo de los derechos humanos y de las libertades democráticas en la isla. España sostiene que tal política no ha producido los resultados esperados y que el diálogo y el "compromiso constructivo" es la mejor estrategia para apoyar los cambios en Cuba.

¿Confrontación o diálogo? La cuestión, básicamente, es decidir cuál de los dos enfoques puede promover y defender de manera más eficaz los intereses y valores europeos en todos los ámbitos, incluido el campo de los derechos humanos. "Parece existir la percepción de que eliminar la Posición Común equivaldría a abandonar las reivindicaciones de la Unión Europea en el campo de los Derechos Humanos. Esto no es cierto", afirmó recientemente el representante en Cuba de la Comisión Europea, Javier Niño. Según el diplomático, "un posible acuerdo bilateral que sustituyera la Posición Común tendría necesariamente que incorporar una cláusula de derechos humanos, dentro de la cual se discutirían de manera estructurada y regular estas cuestiones".

El debate sobre qué es mejor, si la presión o la normalización de las relaciones, es cuando menos curioso. Algunos diplomáticos opinan que "la normalización, de hecho, ya es una realidad: Europa es el segundo o tercer socio comercial de Cuba, el primer inversor en la isla y el principal emisor de turistas; la cooperación al desarrollo fue restablecida en octubre de 2008 y también existe un proceso regular de diálogo político".

El caso Zapata ha zarandeado el delicado equilibrio político entre Bruselas y La Habana. Y también entre Madrid y Bruselas, donde parece difícil que ahora pueda cambiarse la política hacia Cuba.