Normando Hernández, prisionero político
Desde la cárcel

LA HABANA, HOSPITAL DE RECLUSOS COMBINADO DEL ESTE, Cuba, abril (www.cubanet.org) - El descaro de los que mandan en Cuba alcanza su divinidad en la frase: “Soy partidario de las dictaduras en el único caso que yo sea el dictador”.

Para que lo anterior no se quede en una simple afirmación, lo demostraré con dos hechos históricos.

Primero: Fidel Castro, considerando que el gobierno de Fulgencio Batista era una dictadura, en 1953 organizó y entrenó a decenas de jóvenes, los vistió con el uniforme del ejército y, aprovechándose de las fiestas del carnaval santiaguero, asaltó el cuartel Moncada, mientras otro grupo asaltaba el cuartel de Bayamo, con el objetivo de armar al pueblo y derrocar al régimen de Batista.

En dicha acción perdieron la vida 70 cubanos, sin contar los que fueron asesinados por los militares de la dictadura en los días posteriores al asalto.

Por el fratricidio del 26 de julio de 1953 fueron apresados y sancionados 30 asaltantes a penas que oscilaron entre 7 meses y 15 años de reclusión, condena esta última impuesta sólo a Fidel Castro por haber sido el “autor, jefe máximo, de un delito consumado contra los poderes del Estado”.

277 años y dos meses es la suma de la sanción impuesta a los 30 asaltantes enjuiciados, quienes sólo cumplieron 21 meses y 15 días, pues el dictador les concedió la amnistía, y el 15 de mayo de 1955 todos fueron puestos en libertad.

Segundo: Con Fidel Castro en el poder, desde el 1ro. de enero del 1959 y pasado cuarenta y nueve años, siete meses y veintiún días del asalto a los cuarteles de Bayamo y Moncada, el gobierno castrista en una cacería de brujas sin precedentes, apresó y condenó, en juicios sumarísimos, sin ninguna garantía jurídica, a 75 ciudadanos se oponen, de forma pacífica, a la política gubernamental.

A ninguno de los apresados y sancionados en marzo –abril de 2003- se le ocupó armas, ni fueron culpables de espionaje, ni de incitar a la violencia, ni se les probó ningún delito. Fueron condenados a penas que oscilan entre 6 y 28 años de privación de libertad por expresar sus opiniones; por organizarse en sindicatos y partidos políticos pacíficos; por ejercer el periodismo independiente; por defender, promover o cultivar de forma cívica los derechos humanos, internacionalmente reconocidos.

Mil 454 años es la suma de la sanción impuesta a los 75 disidentes, de los cuales sólo 22 -con la salud quebrantada- han sido puestos en libertad gracias a las críticas y presiones internacionales ejercidas contra el gobierno de la isla, por encarcelar a personas pacíficas, indefensas e inocentes.

Han pasado ochenta y cuatro meses  y 53 disidentes continúan en prisión en condiciones inhumanas, que han acarreado a muchos su destrucción física y síquica de forma parcial e  irreversible. Incluso Miguel Valdés Tamayo –que Dios lo tenga en la gloria- murió al poco tiempo de estar en libertad, bajo licencia extra penal, pues padecía de crecimiento en el corazón, y los maltratos recibidos en la cárcel aceleraron su enfermedad. Además, el caso más reciente es el del prisionero de conciencia y mártir Orlando Zapata Tamayo, que fue asesinado lentamente desde su detención en el año 2003, por exigir que se respetaran los derechos de los presos políticos y de todos los presos cubanos. Zapata se declaró en huelga de hambre y después de 86 días lo dejaron morir sin la debida asistencia médica.