Osmar Laffita Rojas

LA HABANA, Cuba, enero (www.cubanet.org) - Ha trascurrido más de un año desde que el defenestrado ex-canciller cubano Felipe Pérez Roque firmara en Nueva York los Pactos de Derechos Civiles y Político y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos instrumentos del derecho internacional fueron abiertos a la firma y adhesión el 16 de diciembre de 1966 y están en vigor  desde el 23 de marzo de 1976.  
El hecho creó algunas expectativas, y los más optimistas no pusieron en tela de juicio que las autoridades cubanas honrarían el tardío compromiso que habían  contraído con la comunidad internacional con la ratificación de ambos pactos. 

Los más escépticos están convencidos que esa firma fue sólo una maniobra del gobierno para enviar una falsa señal de que iniciaría una nueva era y mejorar sus relaciones internacionales. 

Los acontecimientos posteriores han demostrado que todo ha sido falso. Los ancianos gobernantes saben perfectamente que la ratificación de estos instrumentos implicaba la adecuación del universo legal vigente en la república a ambos pactos. Léase, a modo de ejemplo, que se derogarían leyes como la 88, la de peligrosidad, entrarían en vigencia los derechos de asociación, de libre circulación, de salida y entrada al país sin la arbitraria tarjeta blanca, tendrían que permitir el libre mercado y todos los derechos económicos propios de un Estado de Derecho. 

Aplicando una maniobra dilatoria, los expertos en Derecho Internacional del gobierno cubano, le han dado las instrucciones de avenirse  a los mecanismos existentes, comunicándole al comité que chequea en la ONU la adecuación de las leyes nacionales de las partes firmantes con el contenido de ambos pactos, que las autoridades cubanas se encuentran en estos momentos en ese proceso y por eso no han procedido a su ratificación. En este asunto se pueden demorar un año o más, porque no hay un tiempo fijo.  

Dado el caso que el gobierno cubano ratificara los acuerdos, no se le puede exigir que los aplique de inmediato. El gobierno, conoce que el último paso sería la firma del Protocolo facultativo vinculante de Roma. Mientras no se dé ese paso, las autoridades cubanas no estarán obligadas a la adecuación de las leyes nacionales a los pactos, que sólo entrarían en vigor cuando se firme el citado protocolo. 

El gobierno puede hacer las reservas que considere pertinente a uno y otro instrumento del Derecho Internacional, tal como establece la ONU a las partes firmantes. Pero las mismas no pueden ser de magnitud tal que desvirtúen el contenido y la esencia de los pactos. 

El protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contenido en la resolución 2200 A de 16 de diciembre de 1966, le concede a la parte firmante la capacidad soberana de ratificar uno  de los pactos y no otro.  Muchos entendidos en la materia dudan que el gobierno cubano se decida a ratificar ambos pactos. En todo caso, ratificaría el económico y no el político. 

Mientras, continúan dándole largo al asunto.

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