Un mal de casi medio siglo (I parte)

Oscar Espinosa Chepe

LA HABANA, Cuba, octubre, www.cubanet.org -En marzo de 2010 se cumplirán 48 años de la implantación en Cuba del racionamiento, a través de la llamada libreta de abastecimiento. Cerca del 70,0% de los cubanos  nacieron con posterioridad al inicio, en 1962, de este sistema de distribución de los alimentos. Actualmente, en la prensa oficial se debate la conveniencia de liquidar el injusto método de distribución que sólo “garantiza aproximadamente la mitad del consumo de calorías per cápita de los cubanos y cubanas”, según afirmó el gobierno en el segundo Informe sobre cumplimiento de las metas del milenio, enviado a Naciones Unidas en julio de 2005.

Habría que añadir que la proteína se garantiza en una proporción mucho menor, pues la cuota de sus principales portadores se ha reducido a niveles mínimos, con entregas mensuales de 230 gramos (1 onza= 28.75 gramos) de picadillo de carne mezclado con soya, 460 gr. de pescado con cabeza o 316 gr. sin cabeza, 460 gr. de pollo sin deshuesar, 10 huevos, algunos gr. de carne en conserva –salchichas o mortadela- en dependencia de las disponibilidades. A esto se agrega 1 litro de leche diario a los niños, hasta que cumplen 7 años. Respecto a las grasas, la venta mensual está limitada a 230 gr. de aceite comestible por persona.

La mayoría de las personas consideran que la cantidad de calorías que “garantiza” la libreta es mucho menor que el 50,0% , declarado por el gobierno, considerando que en junio pasado la entrega mensual de las leguminosas (chícharos) fue reducida a la mitad (de 575 a 287gramos).

Como consecuencia, la libreta no garantiza los alimentos a los sectores más necesitados, a  la vez que subvenciona a personas que no precisan de esa ayuda. Por ello, sería una política más justa establecer la solidaridad a quienes lo requieran, y paulatinamente reducir las subvenciones, dejándola a determinados niveles a productos básicos como arroz, frijoles, leche, pan y quizás otros, como se hace en muchos países.

A los consumidores que urgen del apoyo de la sociedad podría entregárseles bonos, incrementar las pensiones y salarios, en particular los más bajos, y elevar los montos destinados a la asistencia social, todo en dependencia de las posibilidades reales de la economía, y siempre con el objetivo de que los necesitados de ayuda puedan abandonar la dependencia mediante el incremento de sus calificaciones para que estén mejor preparados y, sin paternalismo, eleven sus ingresos y autoestima, convirtiéndose en personas  autosuficientes.