¿Yoani Ciudadana? 

Rafael  Álvarez Echavarría 

MADRID, España, octubre, www.cubanet.org -En estos días hemos sido testigos virtuales del vituperio a los derechos de movimiento de Yoani Sánchez (no necesita presentación). Las autoridades cubanas le negaron una vez más  “la tarjeta blanca” (permiso para viajar al extranjero), esta vez con el propósito de recoger el premio María  Moors Cabot  de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Ha llovido sobre lo mojado. El video en el que le informan de la negativa de su permiso, es un arriesgado ejercicio de defensa de sus derechos que merece toda nuestra admiración; una vez más demuestra Yoani su coraje. Por otra parte, se ponen en evidencia los oscuros mecanismos de la burocracia del régimen cubano y la impotencia del ciudadano ante ellos.

Ante tales hechos, cabe preguntarse: ¿Cuáles son los derechos ciudadanos de los cubanos?

La ciudadanía es un status que le confiere al individuo  un grupo de derechos universales, asegurados por el Estado, quien los garantiza a todos los individuos por igual, como manera de entender la igualdad.

Los estados democráticos modernos transfieren mediante impuestos una parte de los beneficios de los sectores más pudientes para la mejora de los grupos sociales más desfavorecidos. En la práctica los deberes y derechos del ciudadano están íntimamente asociados. Más recientemente se proclama a todos los niveles la indivisibilidad de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. 

La Constitución de Cuba adolece de múltiples omisiones y, por otra parte, establece derechos que luego se ven limitados por otros artículos.

El artículo 55 reza: “El Estado, que reconoce, respeta y garantiza la libertad de conciencia y religión, reconoce, respeta y garantiza a la vez  la libertad de cada ciudadano a cambiar de creencias religiosas….. 

Luego en el artículo 62,  limita esas las libertades estableciendo que ninguna de ellas puede ser ejercida contra la existencia y fines del Estado socialista. Aquí entra a jugar la interpretación del funcionario de turno sobre qué y quién pone en peligro la existencia o fines del Estado socialista.

Este último artículo, brindó  el marco jurídico para la ley que posibilitó acusar de enemigos de la patria al grupo de periodistas independientes que hoy cumplen largas condenas de prisión sólo por hacer pública información no confidencial, ni secreto, de estado que resultaba incómoda al régimen. 

Estamos ante un estado ideológico y excluyente, en el que una parte de los ciudadanos, por su modo de pensar, son considerados y tratados como ciudadanos de tercera categoría. Digo de tercera categoría, porque de segunda con casi todos y de primera una muy selecta minoría. Los derechos ciudadanos construidos y mediatizados por los contenidos y mecanismos políticos no tienen valor. 

El Estado no considera oportuno que la ciudadana Yoani Sánchez viaje al extranjero y no es necesario siquiera darle una explicación. La omnipotente y oscura maquinaria estatal se interpone en su camino y trunca el legítimo derecho de una ciudadana a viajar fuera de las fronteras del paraíso socialista.

Es tal el “valor” de residir en Cuba que, además de que requerir un permiso especial para salir del país, los nacionales que son autorizados a viajar al extranjero, a título particular, deben pagar un impuesto mensual durante su estancia fuera del país, para no perder el derecho a regresar.

El estado totalitario cubano ha establecido regulaciones y disposiciones que tratan de encubrir las arbitrariedades y limitaciones que el sistema pone de manifiesto cada día y hacen de los derechos ciudadanos meros enunciados teóricos.

Me viene a la mente una anécdota en que un conocido amigo de Daniel  Ortega, actual presidente de Nicaragua, a raíz de las elecciones en que los sandinistas pedieron el poder, le comentó que, en caso de perder las elecciones, podría irse a Cuba.

Ortega le respondió: - Tú sabes que yo no podría vivir en Cuba.