¿En serio o jugando?

José Hugo Fernández

LA HABANA, Cuba, octubre (www.cubanet.org) - Livianamente misteriosa resulta la actitud de ciertos periodistas extranjeros que en estos días se afanan en vender gato por liebre mediante sus reportes desde La Habana.

Cuesta creer que responda a falta de agudeza profesional esa insistencia en divulgar verdades a medias, donde la media que se queda oculta es siempre lo más nutritivo de la verdad, o sea, lo que no conviene al régimen que sea divulgado.

En un reciente reporte para BBC Mundo, Fernando Ravsberg otra vez incurre en lo que ya parece ser uno de sus deportes favoritos: echar las asaduras en torno a esta actitud quizá superficial, quizás pícara, quizás timorata, o quizás connivente. 

Según asevera él en su farragoso, Cubanos ya navegan en Internet, el gobierno de Raúl Castro autorizó por fin el acceso de todos nuestros paisanos a este medio.

Desde luego que Raúl Castro no ha hablado tan despacio sobre el particular, ni con Ravsberg ni con nadie. Tampoco hizo pública hasta hoy una disposición oficial donde conste literalmente que elimina la prohibición de acceder a Internet. De hecho, es de prever que tal disposición no sea dictada, porque no han existido nunca normativas escritas para prohibir a los cubanos el tal acceso.

Los regímenes totalitarios no precisan de reglas ni decretos formales para imponer sus atropellos. Al contrario, tienden a matarlas callando, sin constancia escrita.

Lo que Ravsberg está anunciando categóricamente es la derogación de una ley que nunca fue legislada, que no existe sino dentro de la difusa sombra de nuestra dictadura, o sea, como parte de su organismo, consustancial, inseparable.

Sin embargo, ello no ha impedido que el reportero se zumbara a celebrar el supuesto levantamiento de la prohibición oficial, calificando el hecho como de “una trascendencia enorme porque reconoce el derecho a la libre información de los ciudadanos”.

No hay que ser demasiado listo, ni tampoco hay que estar más que mínimamente informado, para saber que uno de los derechos humanos que con menos disimulo viola la dictadura en Cuba es el de la libre información de los ciudadanos. No únicamente en lo referido a Internet, sino a todos los soportes, medios, vías; todas las variantes que hoy resultan comunes para la retroalimentación informativa de las personas en el mundo real. 

En el caso concreto de Internet, casi sobra repetir, ya que es abundantemente conocido, que nuestras limitaciones, más que por una ley o por un dictado en abstracto, están determinadas por los meticulosos resortes que acciona el régimen para impedir que el ciudadano medio pueda aspirar siquiera a este derecho.

Si son escasos (muy escasos) los cubanos que poseen computadora propia, si la mayoría absoluta jamás ha navegado una sola vez en Internet y ni siquiera sabe cómo hacerlo, y si muchos menos aún son los que pueden disponer de una cobertura particular para el acceso, resultaría más que ociosa, ridícula, una ley que lo proscriba. Es como prohibir que los beduinos naden en medio del desierto.

Entre las pocas personas que en la Isla pueden acercarse a Internet con alguna frecuencia, la generalidad lo hace desde sus puestos de trabajo o de estudios, donde tropiezan –en este caso sí- con regulaciones concretas y muy rigurosas que impiden, no ya la navegación con intereses privados, ni aun el intercambio de correos electrónicos de carácter familiar. Son regulaciones que se violan a diario, claro, pero existen, y hasta este minuto no han sido suprimidas.

Únicamente a unos pocos privilegiados se les permite contratar cuentas particulares para el acceso a Internet. Esta tropelía, que difícilmente aparezca regulada por escrito, tampoco ha experimentado cambios hasta el día de hoy. 

Cualquier pelagatos con pasaporte extranjero que resida en el país puede contratar fácilmente su acceso a Internet, pagando en CUC. Pero a ningún nacional se le permite, aun cuando pague en la misma moneda. He ahí otra prohibición que sigue en pie.