Mecanismo ineficiente

Miguel Iturria Savón

LA HABANA, Cuba, octubre (www.cubanet.org) - Llama la atención el caso de un vecino propietario de su casa, el cual se divorció de una mujer de armas tomar que se niega a abandonar el inmueble, por lo que en lugar de acudir a la violencia instó a la Dirección Municipal de Vivienda para que dictara el cese de convivencia.

Después de un proceso administrativo judicial de dos años, con sentencia del Tribunal Supremo a favor del apacible propietario, la conviviente indeseada sigue en casa, mientras el nuevo marido toca a la puerta o la espera en la acera.

Curiosamente, al promover la extracción a través de Viviendas, le informaron al demandante que era él quien debía sacarla materialmente del inmueble en su condición de propietario, pues a la instancia municipal sólo le corresponde imponerle un descuento de hasta el 50% del salario, mientras ella se mantenga bajo el mismo techo.

Ante esta disyuntiva, muy generalizada, el vecino sacó tres conclusiones, irónicas pero acertadas:

“Sí, tuve que acudir a la ley fue para evitar un enfrentamiento físico con consecuencias penales; ahora, después de dos años, sólo gané el derecho a que una instancia estatal me ordene actuar por mi propia mano. El enfrentamiento es inevitable”.

“Como medida coercitiva, la instancia municipal le impuso un descuento salarial. Como ella gana 360 pesos y le descuentan 180, equivalente a 7 pesos convertibles, yo he perdido mi tiempo y dinero mientras ella ganó un gran alquiler, pues el menos costoso oscila entre 20 y 30 pesos convertibles al mes”.

“Lo peor de todo es que si uso la violencia habrá un proceso penal, donde lo más probable es que yo acuda como acusado y ella en calidad de víctima. Soy un hombre pacífico, mejor me adapto a la idea de cargar con ella para siempre a pesar de las provocaciones”.

Si la ex mujer de mi vecino hubiera sido declarada ocupante ilegal de algún inmueble estatal, Vivienda la desalojaría a través de la policía. Como el caso no afecta al Estado, pues clasifica como derecho individual o del ciudadano, la instancia burocrática apenas actúa.

El dilema de este hombre evidencia un derecho subjetivo convertido en letra muerta por la dificultad de hacerlo efectivo. ¿Qué sentido tiene que exista un procedimiento formal cuando en la práctica no hay ningún mecanismo para ejecutarlo?