La defensora del pueblo

Osmar Laffita Rojas

LA HABANA, Cuba, mayo (www.cubanet.org) - Los ciudadanos cubanos son los más desamparados judicialmente en el hemisferio occidental. Esto responde a los reiterados abusos, atropellos, violaciones, e incumplimiento de las leyes. De igual manera, por el quebrantamiento vergonzoso de la Constitución de parte de funcionarios gubernamentales, agentes del orden público y ejecutivos de empresas. 

Es  cuestionado el desempeño de las instituciones encargadas de administrar y hacer cumplir la justicia. El primer ejemplo lo tenemos en el parlamento. Este permite que  el gobierno actúe al margen de lo que está prescripto constitucionalmente, y se escudan en imaginarias agresiones externas para actuar impunemente. Por ello los órganos legislativos y judiciales en Cuba no actúan con firmeza ante la reiterada trasgresión de la Constitución vigente. 

A lo anterior hay que añadir la complicidad y silencio de las organizaciones sindicales, de mujeres, jóvenes y las radicadas en los barrios, todas supeditadas a las directrices del único partido político existente en el país. Ellas han convertido el universo legislativo, constitucional y de defensa de los ciudadanos en una grotesca caricatura legal. 

Las instituciones defensoras de los derechos humanos y todos aquellos que siguen de cerca los procedimientos judiciales dentro de la isla, cuando leen, escuchan o ven las denuncias de violación de los procedimientos judiciales, los juicios amañados, las condenas injustas, el proceder arbitrario de los agentes del orden público, la descarada actuación de funcionarios corruptos y venales, no ocultan su estupor  y perplejidad de la ausencia en pleno siglo XXI de un Estado de Derecho en Cuba.

Los trasgresores del orden jurídico de Cuba se han erigido como fuente de derecho  y proceden de acuerdo a sus conveniencias e intereses, desconociendo la legislación en uso; es decir, que la violación de la Constitución no los detiene en sus actuaciones, y al aplicar medidas que contravienen todo lo que legislativamente está en vigor. 

Un grupo de abogados, encabezado por el Dr. Wilfredo Vallín, decidió, ante esta terrible realidad de desamparo legal, constituir el 1 de octubre de 2008, la Asociación Jurídica Cubana. 

Los organizadores de esta necesaria entidad defensora del pueblo, apelaron a la feliz idea de tener como carta de presentación la intervención del General Raúl Castro en el acto de proclamación de la Constitución, el 24 de febrero de 1976 que entre otras cosa señaló: 

“Condición determinante es que las masas conozcan y dominen todo lo relativo a la estructura y mecanismo de la constitución y de las leyes. No debe bastar, a este propósito, la publicidad que reciban nuestras leyes en la prensa deben organizarse de manera sistemática áreas de estudio para que las masas profundicen en el conocimiento de la constitución y de las leyes”. 

Apegado a estas ideas, la Asociación Jurídica Cubana (AJC), asume como uno de sus primeros cometidos la divulgación de la legalidad entre los diversos segmentos de la sociedad. Su propósito es generalizar el conocimiento y defensa de la constitución, para que los ciudadanos se atengan a su observancia y cumplimiento, que es obligatorio para todos, gobernados y gobernantes.  

La labor que ha iniciado la Asociación es ardua y está llena de obstáculos. Enfrenta ataques y descalificaciones por parte de los aparatos represivos del gobierno.  Es la primera vez que surge en Cuba una institución defensora de lo estrictamente jurídico. De hecho, ya es la guardiana y defensora de los cientos de miles de ciudadanos que, de una manera u otra, están totalmente desamparados y son víctimas de las arbitrariedades y abusos de un gobierno que nunca ha querido reconocer que Cuba es una República, y no una revolución que ya hace bastante tiempo es historia.