Bonilla pide al mundo que lo apoye (II parte. Final) 

Laritza Diversent

LA HABANA, Cuba, junio (www.cubanet.org) - A la resolución de “Cese de Convivencia”, emitida por la Dirección Municipal de la Vivienda del municipio Plaza de la Revolución, contra Enrique Bonilla Deibe, un ciudadano argentino-cubano, y oficial retirado de la Marina de Guerra, le siguieron otras medidas, con sus respectivas consecuencias. 

Bonilla no tiene hoy domicilio reconocido. La oficina del registro de direcciones le dio baja de la casa del Vedado, y no puede comprar los alimentos de la canasta básica 

Bonilla se niega a aceptar un carné que consigna que él no tiene dirección reconocida. Para él es reconocer su condición de indigente. Desde entonces, los documentos que lo identifican dentro del territorio nacional, están retenidos por las autoridades, y está privado del derecho al trabajo, y en las pasadas elecciones no pudo ejercer su derecho al sufragio. 

Bonilla dirigió cartas a todos los niveles de dirección para que el gobierno diera solución a su problema. Llegó a la Fiscalía General de la República, al Instituto Nacional de la Vivienda, al Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), al Consejo de Ministros, al Ministerio del Interior, a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, al Presidente del Parlamento, al Embajador y Cónsul de Argentina, al Comandante en Jefe, etc. 

También denunció su caso ante la prensa nacional. Granma y Juventud Rebelde nunca se pronunciaron. Tribuna de La Habana no dio a conocer el caso  porque el gobierno provincial nunca dio la información que se le solicitó. 

Para Enrique es difícil resumir cuatro años de denuncias. “Muchas entrevistas, esperas interminables, para que al final todo sea una farsa”, dijo. Al final sólo posee varios mamotretos, que incluyen 39 reclamaciones y ninguna solución. 

“He sido vejado, humillado y maltratado por funcionarios inescrupulosos, que han elaborado documentos con argumentos falsos, y ahí siguen, porque gozan de inmunidad. Por eso obran impunemente”. Así valora Bonilla la gestión de las autoridades. 

Bonilla responsabiliza de su desgracia a Graciela  Martínez, Ileana Grave de Peralta, Pavel Milán y Gina Gómez, todos funcionarios de la DMV de Plaza de la Revolución. También menciona a Arian Posle, presidente del gobierno municipal de Plaza de la Revolución, y a Juan Contino, presidente del gobierno provincial de Ciudad de La Habana. 

Bonilla se siente traicionado por el gobierno cubano. “Le brindé mis modestos esfuerzos, al igual que mi familia, y ahora me excluye de la sociedad, me deja indefenso y desamparado. Si estoy vivo no se le debo a este Estado, sino a mis amistades, humildes ciudadanos que me están ayudando”.

Bonilla aun espera que el gobierno resuelva su situación. Exige por lo menos que se pronuncie, y le ofrezca un lugar donde vivir, o que lo deporte a su país de origen. Mientras, pide humildemente al mundo que le apoye en su lucha, y sobre todo que se denuncie otro caso de violación de los derechos humanos en Cuba.