Un diputado cubano propuso el endurecimiento de la ley del país para castigar a los "individuos que reciban dinero (...) para subvertir el orden interno". La isla había acusado a disidentes de haber aceptado sumas de exiliados

Lázaro Barredo, hizo la propuesta durante la constitución de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral cubano).

El objetivo sería, "a tenor con la actual coyuntura que vive el país", que se pida a la Fiscalía la "revisión" de la Ley 88 o el Código Penal "en cuanto a la pertinencia de incluir el castigo a aquellos individuos que reciban dinero de una potencia extranjera para subvertir el orden interno", reseña el órgano oficial del Partido Comunista (PCC, único).

La Ley de Protección de la Independencia Nacional fue promulgada en 1999 para "tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la Ley "Helms-Burton", el bloqueo y la guerra económica (...), quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado Socialista y la independencia de Cuba".

En su artículo 11, prevé penas de cárcel de tres a ocho años para quien "directamente o mediante tercero, reciba, distribuya o participe en la distribución de medios financieros, materiales o de otra índole, procedentes del Gobierno de Estados Unidos de América, sus agencias, dependencias, representantes, funcionarios o de entidades privadas".

La semana pasada, Cuba acusó a diplomáticos norteamericanos acreditados en La Habana, con su jefe Michael Parmly a la cabeza, de haber sido "correos" para hacer llegar a disidentes cubanos dinero procedente de Santiago Alvarez, un anticastrista que cumple cárcel en Estados Unidos por posesión ilegal de armas y al que la isla acusa de "terrorismo".

"Cuba espera una investigación exhaustiva del gobierno de Estados Unidos y que los resultados sean hechos públicos", subrayó el canciller Pérez Roque.

Además del endurecimiento de la ley, el diputado Barredo propuso también que sea "evaluada" la "solicitud de extradición a un grupo de personas que han evadido la justicia cubana o tienen causas pendientes y están radicadas en Estados Unidos u otras naciones".

Entre los mencionados, figura el propio Santiago Alvarez, protagonista de las acusaciones de la semana pasada, así como el "terrorista" Carlos Alberto Montaner, agrega "Granma".