22 de mayo de 2008       VOLVER AL INICIO
 
 

Menos tierras ociosas, más pan

La realidad demanda transformaciones urgentes en la propiedad agraria y en el sistema salarial.

Dimas Castellanos, La Habana

El pasado 28 de abril, en el discurso de clausura del VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista, el presidente del Consejo de Estado, Raúl Castro, expresó: "La producción de alimentos debe constituir una tarea principal para los dirigentes del Partido", calificándola de "asunto de máxima seguridad nacional".

También, en los primeros días de mayo, el presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón llamó a la nueva Comisión Agroalimentaria de esa entidad a impulsar "el salto" en la producción de alimentos que necesita la Isla.

Al parecer, a lo largo de la historia cubana, ningún gobierno enfrentó condiciones tan difíciles como las actuales: incapacidad económica, insuficiencia de los salarios, indisciplina laboral, desinterés de los trabajadores por el resultado productivo, desesperanza generalizada y creciente deterioro ético, en un contexto caracterizado por el aumento de los precios de los alimentos en el mercado internacional.

Este cuadro ha sido causado por un sistema político totalitario, basado en el voluntarismo y una economía prisionera de la ideología. Prueba de ello es que, durante varios años, en vez de trabajar para sustituir importaciones, el gobierno ha dedicado millones y millones de dólares en la compra de alimentos a Estados Unidos, cifra que pudo utilizarse para la conversión de la agricultura en fuente de empleo y desarrollo sostenible.

Como la producción de alimentos exige eficiencia, con independencia de que la misma sea considerada "tarea principal para los dirigentes del Partido", la realidad demanda transformaciones profundas en el sistema salarial y en la estructura de la propiedad agraria para promover el interés de los trabajadores. En el estado actual de deterioro, la mayoría de los ciudadanos no quieren trabajar por un salario totalmente ajeno al costo de la vida y en el que los llamados ideológicos carecen de eficacia.

En ese sentido, es bueno tener presente dos razones: 1) Que el trabajo es tanto fuente de riqueza como de propiedad. La fuerza que el derecho natural de cada persona sobre sí mismo y el instinto de apropiación ejercen sobre la propiedad de las cosas es mucho mayor sobre los productos del trabajo; y 2) Tal como el desarrollo individual y el social se condicionan mutuamente, la propiedad privada y la social se complementan, por lo que el problema no radica en la elección de una u otra forma de propiedad, sino en la capacidad y voluntad para determinar en cada época, lugar y condiciones, cuál o cuáles de las formas resultan más ventajosas. Ambas razones vinculan la institución de la propiedad con el interés productivo y la convierten en fundamento del orden social.

Dos medidas

El reto del gobierno radica en convertir la propiedad y los salarios en palancas del desarrollo económico. Una estructura en la que, de un lado, convivan y cohabiten sus variadas formas con sus propias dinámicas: la propiedad privada, mixta y cooperativa, la autogestión o los consejos de trabajadores en las empresas; la propiedad municipal y las entidades económicas controladas por el Estado; y de otro, la redistribución se rija por el principio de "a cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo". Una combinación que sitúa las decisiones básicas en el lugar donde estas deben realizarse: una concepción compatible con las ideas de participación creativa y plena de los trabajadores.

Históricamente, en la Isla los latifundios coloniales devinieron latifundios republicanos, y estos en latifundios socialistas, propiedad de nadie y desinterés de todos, donde los ciudadanos, desposeídos e impedidos por ley de ser propietarios y de recibir en dependencia de sus aportes, han tenido que acudir a las ilegalidades, entre ellas la apropiación individual de la supuesta "propiedad de todo el pueblo".

Por otra parte, una pequeña propiedad agraria fuerte estuvo siempre en proyectos. José Antonio Saco, en su Análisis de una obra sobre Brasil, planteaba la disolución de la plantación esclavista en pequeñas parcelas agrícolas o colonatos, y José Martí decía: "Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios. No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza. En economía política y en buen gobierno, distribuir es hacer venturosos".

Se impone pues, si se quiere eficiencia en la producción de alimentos, suspender todas las regulaciones encaminadas a impedir la formación de una clase media rural y, en su lugar, proceder a la transformación de los ociosos latifundios estatales en grandes, pequeñas o medianas empresas e incentivar a sus dueños, privados o colectivos, con imposiciones fiscales bajas y flexibles. Dos medidas que generarían una mayor oferta, variedad y calidad de productos agrícolas y la consiguiente disminución de los elevados precios actuales.

A esas medidas debe unirse la institucionalización del contenido de los pactos de derechos humanos recientemente firmados por el gobierno, lo que generaría un cambio significativo en la situación actual. "Quien quiera nación viva, ayude a establecer las cosas de su patria de manera que cada hombre pueda labrarse en un trabajo activo y aplicable una situación personal independiente", decía Martí. Y ese establecimiento pasa por la implementación y protección de los derechos y libertades que sirven de fundamento a la dignidad de la persona humana.

 

 

 

 
 
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