Las acusaciones lanzadas por el gobierno cubano contra el "bochornoso contubernio'' entre personalidades disidentes, diplomáticos estadounidenses y un prominente activista anticastrista de Miami alcanzaron ayer a la primera dama Laura Bush.

En el primer golpe de una escalada contra el apoyo brindado por Washington a la disidencia interna, Cuba pidió al gobierno estadounidense que tome medidas con sus diplomáticos radicados en la isla y prometió presentar nuevas evidencias sobre lo que considera una provocación externa para desestabilizar al país.

"Esperamos que sea el gobierno de Estados Unidos el que tome medidas, que se comporten acorde con los convenios internacionales'', declaró Josefina Vidal, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. "Cabe preguntarse si esto forma parte de una nueva política''.

El programa Mesa Redonda de la televisión estatal retomó anoche las "pruebas contundentes'' presentadas horas antes por funcionarios gubernamentales sobre el dinero enviado por el exiliado cubano Santiago Alvarez --benefactor del militante anticastrista Luis Posada Carriles-- a la conocida opositora Martha Beatriz Roque, utilizando como correo al jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, Michael Parmly.

Los panelistas invitados al programa televisivo insistieron en que Roque se confabuló para recibir al menos $1,500 mensuales de la Fundación Rescate Jurídico, creada por Alvarez meses antes de ser arrestado en un caso de posesión ilegal de armas. Alvarez, de 66 años, cumple una segunda condena de cárcel.

"Lo verdaderamente escandaloso es la participación de diplomáticos estadounidenses como correos o vulgares mulas de terroristas de Miami'', afirmó Randy Alonso, presentador del programa televisivo y director de la Oficina de Información del Consejo de Estado.

Casi al final del programa --que duró dos horas-- el periodista Reinaldo Taladrid mencionó que un intercambio sostenido por Laura Bush con bibliotecarios independientes a través de una teleconferencia en noviembre pasado fue financiada por el dinero "de un terrorista''.

"Esa actividad estuvo financiada por un hombre sobre el que pesan acusaciones de terrorismo y se hizo en la casa de un diplomático estadounidense [en La Habana]'', apuntó el panelista, quien sugirió que en las listas de bibliotecarios independientes se habrían inscrito, como broma telefónica de un ciudadano cubano, los nombres de conocidos peloteros de la isla.

Un portavoz del El Departamento de Estado dijo ayer que no estaba al tanto de las acusaciones específicas a Parmly, pero insistió en que su gobierno no infringe las leyes internacionales. Parmly será reemplazado este verano tras tres años de servicio.

Desde La Habana, un funcionario de la Sección de Intereses de Estados Unidos que pidió no ser identificado consideró infundadas las acusaciones.

"Es política de muchos años de Estados Unidos proporcionar ayuda humanitaria a la gente cubana, específicamente a las familias de presos políticos que son maltratados por su propio gobierno'', al tiempo que permitimos que las organizaciones privadas también lo hagan''.

El funcionario enfatizó que "esta ayuda no tiene ningún propósito político, sino que busca atender las necesidades cotidianas de las familias que están luchando para sobrevivir en el sistema actual''.