Cuba pidió al gobierno de Estados Unidos que tome medidas tras acusar al máximo diplomático de esa nación aquí de ser ''correo'' de fondos para disidentes procedentes de una organización anticastrista con sede en Miami dirigida por uno de sus enemigos más encarnizados, Santiago Alvarez.
Las autoridades isleñas hicieron su denuncia contra Michael Parmly, jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, durante una conferencia de prensa en la que presentaron correos electrónicos, videos y recibos de dinero.
'' ¡Es un hecho insólito y escandaloso!'', exclamó Josefina Vidal, directora de América del Norte de la Cancillería. ''Cabe preguntar si esta colaboración constituye una nueva política'' de Washington hacia la isla, manifestó la funcionaria.
Un Comunicado la Oficina de Intereses reaccionó a la denuncia cubana, aunque aseguró que no se contaba ''con los detalles'' de la argumentación isleña.
''Es la política estadounidense por largo tiempo dar asistencia humanitaria al pueblo cubano, específicamente a familias de presos políticos. Nosotros permitimos a organizaciones privadas hacerlo también'', comentó el texto estadounidense.
Sin embargo, indicó que los diplomáticos tienen que actuar en base a las leyes del embargo contra Cuba, sin especificar si Parmly tenía o no permiso para oficiar de correo.
Aprobadas en la década de los 60 y endurecidas bajo la administración del presidente George Bush, las sanciones contra la isla buscan modificar su sistema por uno pluripartidista y de libre mercado.
''Esperamos que sea el gobierno de Estados Unidos el que tome medidas, que se comporten acorde con los convenios internacionales'', dijo Vidal, quien descartó en lo inmediato una acción contra Parmly. Tampoco indicó si enviará esta denuncia de manera oficial.
La Habana suele acusar a Washington de financiar y orientar a los disidentes internos, pero hasta ahora siempre se trataba de las millonarias partidas presupuestales gubernamentales aprobadas por el Congreso norteamericano.
Nunca se había denunciado la vinculación de diplomáticos con fondos de un anticastrista particular, los cuales no puede ser auditados o controlado por el gobierno estadounidense.
Vidal se presentó ante los periodistas junto a Manuel Hevia, experto del Centro de Investigaciones de la Seguridad del Estado, quien fue explicando las pruebas.
Varias de ellas indican que la disidente Martha Beatriz Roque recibió unos 1.500 dólares mensuales de la Fundación Rescate Jurídico, dirigido por Alvarez, actualmente preso en la Florida por portación de pertrechos militares.
Cuba calificó de ''terrorista'' a este hombre quien reconoció parte de su historial como militante violento contra Cuba realizando ataques e infiltrando grupos armados.
Además es colaborador de Luis Posada Carriles, un ex agente de la CIA vinculado al sabotaje de un avión civil en 1976 y la colocación de bombas en hoteles de La Habana en 1997.
Otros recibos de dinero --por 2.400 dólares-- involucran a Laura Pollán, quien encabeza el grupo de Damas de Blanco, esposas de varios disidentes presos y a José Luis García, alias ''Antúnez'' --con 200--.
Las autoridades cubanas indicaron que la conferencia de prensa será solo el arranque de una serie de foros en los cuales irá develando más pruebas.
