5 de mayo de 2008       VOLVER AL INICIO
 
 

Pesquisa sobre el tráfico de cubanos en Honduras

EFE

TEGUCIGALPA

El director de Migración y el secretario general de la Cancillería de Honduras se retiraron temporalmente de sus cargos para facilitar una investigación sobre tráfico de cubanos, aunque ninguno de ellos ha sido implicado.

En declaraciones por separado a la prensa, el director de Migración, Germán Espinal, y el secretario general de la Cancillería, Juan Ramón Rivera, anunciaron que pusieron sus cargos ''a disposición'' del Gobierno en un gesto de ``transparencia''.

Ambos explicaron que esta decisión significa que quedan separados voluntaria y temporalmente de sus puestos mientras el Ministerio Público (MP) lleva adelante la investigación, e insistieron en que no están involucrados en el tráfico de cubanos.

El cónsul de Honduras en Cuba, Reynieri Amador, presentó hoy ante autoridades de la Cancillería, que lo llamaron en el marco de la investigación, un informe sobre los visados que ha otorgado el consulado en La Habana.

El MP investiga un centenar de visados otorgados a cubanos entre el 2006 y el 2007 por solicitud de entidades del Gobierno de Honduras, para establecer si hubo irregularidades en su tramitación, según fuentes de esa institución, que aún no implica a alguien en el caso.

Decenas de esos cubanos llegaron a Honduras con visados tramitados con solicitudes que contenían firmas o sellos falsificados, entre otras irregularidades, y posteriormente viajaron a Estados Unidos.

La Cancillería denunció hace un mes ante el Ministerio Público una solicitud de visados para seis cubanos, supuestamente enviada por el Instituto de la Propiedad, que no se tramitó al descubrirse la falsificación de la firma de su director, Rafael Medina.

En febrero pasado el director de Migración de Honduras denunció que bandas de traficantes de personas llevan cubanos ilegalmente a ese país para después enviarlos a Estados Unidos, lo cual reiteró esta semana a la prensa local. Según Espinal, algunos cubanos reconocieron ante las autoridades hondureñas que pagaron entre $22,000 y $30,000 a los traficantes.

 

 

 

 

 

 
 
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