Marea jurídica

Miguel Iturria Savón

LA HABANA, Cuba,marzo (www.cubanet.org) - Desde 1999 no acudía al Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana. La semana pasada retorné a esa mole jurídica, ubicada a un costado del desaparecido Diario de la Marina, en Teniente Rey entre Prado y Bernaza, frente de Capitolio nacional.

No fui por curiosidad, sino como testigo de un vecino involucrado en un litigio civil. Allí creció mi sentido de indagación mientras esperaba por acusadores y confidentes. Antes de partir coincidí con un viejo abogado que me invitó a presenciar los juicios de la sala 5ta, en la cual juzgan los casos de los municipios Arroyo Naranjo y Cotorro.

Quedé sobrecogido por tantos robos con fuerza y violencia, hurtos y lesiones. No me conmovió, sin embargo, el rostro de los malhechores que actúan por impulsos, como en la jungla.

Me parecieron más interesantes tres estafadores de Arroyo Naranjo, creadores de una red de engaños en la que involucraron a amigos y funcionarios de centros estatales, incluidas las víctimas.

Lo que más me impresionó y me hizo volver otra vez con interés periodístico fue la percepción del Tribunal Provincial como una maquinaria imparable, que funciona de lunes a viernes, en el  horario de 8 y 45 am a 5 pm; aunque a veces finaliza más tarde o pospone algunos procesos por falta de testigos o de acusados.

El Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana dispone de dos salas de lo civil y lo administrativo, una para reclamaciones laborales y seguridad social y ocho de lo penal; más la sala especial de delitos contra la Seguridad del Estado, la cual procesa también las infracciones del tránsito y las drogas, cuyos casos relevantes son ventilados en una dependencia del municipio Diez de octubre.

Como los casos penales son más participativos, las salas destinadas a los mismos se dividen por municipio. Atienden, además, los procesos de la unidad especial de instrucción ubicada en Cien y Aldabó. La sala 6ta asume las apelaciones de los 15 tribunales municipales.

Cada sala dispone de un fiscal, tres o cinco jueces según el delito, uno o más abogados y el secretario. Varios de los jueces son legos, cuyo voto es  teóricamente tan válido como el del juez profesional, pero los legos –salvo excepciones- no pueden calificar ni medir la sanción, pues son obreros en prestación de servicio.

El acceso es libre, según los intereses, pero casi nadie va a ver cómo se administra justicia, sino a testificar o acompañar a un pariente involucrado. Hay mucho público en la mañana que entra en cualquier sala mientras espera su turno o un caso de amplia expectativa. En ocasiones es posible tropezar con estudiantes de Derecho.

Supe de juicios realizados a puertas cerradas por razones de seguridad estatal, moralidad, orden público y por respeto a los familiares de las personas ofendidas. Los delitos sexuales, principalmente con menores, entran en la categoría del silencio.

Como parte del público medio me interesó la actuación de los abogados. Los fiscales me parecieron agotados, tensos y menos interesados. Los jueces que conducen prestan atención a las partes, pero los legos desatienden el proceso y hasta se duermen o hacen dibujitos ¿Cómo mantener el interés durante ocho o diez juicios diarios?     

Aprecié la premura y la incertidumbre en el rostro de quienes acuden a las salas del Tribunal Provincial de la capital cubana. Los  jueces, fiscales y abogados me parecieron actores de un drama cotidiano, donde cada uno desempeña su rol, pero los acusados, los testigos y los familiares no piensan como espectadores, pues esperan por un dictamen que puede cambiar sus destinos.