Un llamado de advertencia (II)
Laritza Diversent
LA HABANA, Cuba, marzo (www.cubanet.org) - Son muy variadas y novedosas las arbitrariedades del gobierno cubano y su sistema penitenciario. Los reclusos son víctimas de engaño y manipulaciones para que se resignen y mantengan un buen comportamiento.
Las autoridades penitenciarias esperezan a los reos con promesas de otorgarles en un futuro la libertad condicional a cambio de una buena conducta, aún sin haber cumplido los requisitos legales exigidos para disfrutar de tales beneficios.
El deseo de estar libres, la dura vida en prisión, la experiencia adquirida en 22 años de encierro, problemas de salud que le anuncian una futura y completa ceguera, aconsejarán al recluso José Antonio Flores García transformar su conducta de forma positiva.
Ilusionado con promesas, ha pedido 7 veces consecutivas que le den la libertad condicional y se la han negado. Con todo esto, lo animan con inseguras y futuras posibilidades si se porta bien. Lleva años esforzándose para ser disciplinado.
Flores reconoce que es difícil no ser amonestado. En prisión se aplica la añeja norma costumbrista de que pagan justos por pecadores. Después del motín de reclusos en el centro penitenciario Combinado del Este, de Ciudad de la Habana en el año 2005, las autoridades de esta cárcel mancharon el expediente de todos los reos por considerarlos “proclives”, en virtud de una disposición interna.
No hubo investigación para determinar quiénes habían participado en el acontecimiento. Era más fácil declararlos a todos propensos a mantener mal comportamiento, convirtiendo en infructuosos los intentos de aquellos que se esforzaban por no tener indisciplinas que pusieran en riesgo la oportunidad de obtener la libertad condicional en un futuro.
José Antonio es un recluso reincidente. Fue condenado en 1995 a 20 años de prisión.
En virtud del artículo 58, inciso c, del código penal, para obtener la libertad condicional el reo debe haber cumplido las dos terceras partes de la sanción impuesta. Es decir, en este caso, más de trece años para que el tribunal pueda disponer y otorgarle el referido beneficio.
Sin embargo, a José Antonio lo han ilusionado con una posible libertad condicional desde hace 7 años, cuando legalmente tal beneficio no puede disfrutarlo hasta después de agosto de 2008.
Pero estos requerimientos no son necesarios si un reo se convierte en fiel colaborador del trabajo operativo que realiza la Seguridad del Estado (ESTOP).
El recluso común Alberto Agustín Seúl, en 1993 asesinó brutalmente dentro de la prisión de Quivicán al reo Enrique Triana. Le pedían pena de muerte. El tribunal determinó sancionarlo a 30 años de privación de libertad. Seúl comenzó a colaborar activamente con la ESTOP y actualmente está en la calle bajo libertad condicional.
Por ley, este ex convicto tenía que haber cumplido 20 años de prisión para que pudieran otorgarle la libertad condicional. Hasta el 2013 no debería haber disfrutado del beneficio. Pero era más importante recibir información a cambio de impunidad.
El sistema penitenciario existe en las sociedades para aislar y reeducar a aquellos que con su conducta lesionan el sistema de relaciones sociales. Hacerles promesas a los reclusos para que se comporten, se resignen a vivir en un ambiente hostil y violento, para que no protesten por las condiciones infrahumanas de existencia, no es garantía para que en el futuro no reincidan en comportamientos delictivos.
La práctica ha demostrado que el aislamiento en prisión no logra la readaptación social de los ex convictos una vez en libertad. Nuestro gobierno está consciente de esto. La impunidad por realizar ciertos favores no disminuirá nunca la delincuencia.
La sociedad es la que más sufre con el fenómeno de la criminalidad. La única forma de eliminar los conflictos sociales, y con ello la delincuencia, es combatiendo la pobreza mediante políticas sociales autenticas y democráticas.
Esta es la propuesta que debe dar el gobierno al crecimiento del delito. La represión jamás garantizará la seguridad ciudadana que merecen nuestros pueblos. Al contrario, el Estado cubre con demagogia todas la arbitrariedades aquí expuestas.
Decir que están convirtiendo las prisiones en escuelas es una hipocresía, aún cuando existen reclusos como José Antonio Flores, con tercer grado de nivel escolar y más de 22 años de prisión. Para el gobierno, reconocer el fracaso de la reeducación penal significa aceptar los resultados adversos del sistema socialista.
Un llamado de advertencia (I)
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