Aparentemente abusando de normas del gobierno de George W. Bush que restringen a los que envían dinero a la isla, el gobierno cubano está recortando los recursos que se les envían a activis-tas de derechos humanos que han estado recibiendo dinero de grupos exiliados en Miami.

Los disidentes que reciben dinero que les envía mensualmente la Fundación Nacional Cubano Americana vía Western Union dicen que ahora les preguntan si la persona que les envía el dinero tiene parentezco cercano con ellos.

Por lo menos una docena de disidentes no pudieron reclamar dinero este mes y tuvieron que probar en varias oficinas de Western Union en La Habana antes de encontrar una que les diera el dinero, según dice la fundación.

"Fui a la Western Union, y la mujer me miró y me preguntó: ‘¿Esto proviene de un hermano, hermana padre o hijo suyo? Porque de no ser así no le puedo dar el dinero' '', dijo en una entrevista telefónica desde La Habana Berta Soler, cuyo esposo Angel Moya está cumpliendo una sentencia de 20 años de cárcel. "Lo encontré extraño, porque recojo dinero allí todos los meses, y me los da esa misma empleada''.

El gobierno de Bush restringió las remesas a Cuba en el 2004, cambiando las reglas de modo que los cubanoamericanos sólo pueden mandarles $100 al mes a familiares inmediatos.

Las reglas todavía permiten que organizaciones tales como la FNCA soliciten licencias especiales del Departamento del Tesoro para enviarles dinero a disidentes.

Aparentemente, el gobierno cubano está usando esas reglas familiares como vehículo para suspender los suministros de dinero que se le envían al movimiento oposicionista.

Muchas organizaciones de exiliados mantienen a los disidentes y a las familias de presos porque la mayoría de ellos no puede conseguir trabajo. El dinero se usa para cosas tales como viajes para visitar a los presos en cárceles muy distantes, o para comprar materiales de oficina.

"El gobierno nos está tratando de asfixiar'', dice Soler. "Si no fuera por ese dinero, no podríamos llevarle leche o comida a nuestros esposos en las cárceles . No somos terroristas tratando de derrocar al gobierno. Lo gastamos en tiendas aquí, tiendas del gobierno''.

Esto surge un mes después de que el gobierno cubano denunciara públicamente a varios disidentes conocidos por recibir dinero de un grupo llamado la Fundación Rescate Jurídico (FRJ), fundado por el activista exiliado cubano Santiago Alvarez. El gobierno cubano acusa a Alvarez de costear actividades terroristas en Cuba, y ha usado el argumento de los dineros enviados a disidentes para representarlos como "mercenarios''.

La prensa cubana publicó mensajes electrónicos que muestran que el máximo diplomático estadounidense en La Habana algunas veces sirvió de mensajero para llevar fondos a la isla.

Aunque los disidentes dicen que el gobierno cubano es quien pone los obstáculos, la CANF culpa completamente a la administración Bush.

Jorge Mas Santos, presidente de la Fundación, le envió una carta al presidente Bush diciendo que las restricciones están socavando el trabajo de la organización.

Las regulaciones del 2004 impuestas por su administración han dañado la capacidad de organizaciones como la nuestra de ayudar más a la causa de la libertad para Cuba'', escribió Más Santos. Y continúa la carta: "En muchas ocasiones usted ha invocado los nombres de docenas de prisioneros y disidentes políticos cubanos, señalando la importancia de ayudarlos más en su trabajo, sin embargo en la práctica la política que usted ha impuesto irónicamente los priva de los recursos para poder hacer eso''.

El Departamento de Estado remitió las preguntas sobre el asunto al Departamento del Tesoro. John Ran- kin, portavoz del Departamento del Tesoro, no quiso comentar sobre la carta de Mas Santos, pero señaló que el Departamento tiene un proceso activo para las personas que le mandan dinero a los disidentes.

Por su parte, Western Union no quiso comentar sobre el particular.

"De acuerdo con las leyes del Departamento del Tesoro, Western Union tiene licencia para enviar dinero desde EEUU a Cuba bajo circunstancias limitadas a través de la Oficina de Control de Recursos Extranjeros'', dijo la compañía en una declaración. "Western Union está dedicada a brindar un servicio confiable a los usuarios estadounidenses que envían dinero a sus familiares en Cuba, y a más de 200 países y territorios alrededor del mundo. El problema actual parece ser entre una organización no gubernamental y el gobierno de EEUU, y Wes tern Union no está en posición de hacer ningún comentario''.

Los disidentes dijeron que reciben aproximadamente $50 mensuales de la Fundación. Soler a la larga recibió $300, que comparte con otras cinco familias de prisioneros políticos.

"Todo es muy extraño y un poco arbitrario'', expresó el disidente Jorge Olivera, que dijo que se le negaron los fondos en un local de la Western Union, pero que eventualmente recibió el dinero por otra vía.

"Considero que esto es muy sospechoso. Están tratando de llevarnos a una situación de extrema pobreza. Los precios son muy altos en Cuba. No tenemos salarios y necesitamos esta ayuda''.