El gobierno de Raúl Castro dio un nuevo paso hacia la centralización del comercio exterior con la cancelación de operaciones mercantiles a una treintena de empresas estatales, a la vez que suprimió oficialmente las relaciones entre entidades cubanas y los operadores de zonas francas, según sendos decretos oficiales.

De acuerdo con la Resolución 193/2008, el Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX) canceló las facultades de comercio exterior a 29 empresas estatales y sociedades mercantiles cubanas, y modificó el listado de productos autorizados a importarse por los organismos competentes.

La medida reduce a 16 las entidades estatales con total capacidad para realizar importaciones de mercancías autorizadas por el MINCEX, entre ellas Maquimport, Tecnoimport, Tecnotex, Ecimetal, Copextel, el Grupo Exportador Importador de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, y las corporaciones CUBALSE y CIMEX.

El documento --publicado la pasada semana por la Gaceta Oficial-- señala que la medida va dirigida fundamentalmente a "alcanzar mayores niveles de eficiencia y racionalidad en la utilización de los recursos financieros que se destinan a las compras de ascensores y sus piezas'', aunque no se excluyen otras mercancías descritas por el MINCEX. El texto fue suscrito por el ministro de Comercio Exterior, Raúl de la Nuez, el pasado 8 de mayo.

La decisión parece apuntar a un reforzamiento del control gubernamental sobre las importaciones al calor de una declarada batalla por eliminar gastos y aumentar las producciones nacionales. Se trata de un paso hacia la reinstauración del monopolio que habían perdido las empresas de comercio exterior hacia 1994, cuando el gobierno cubano descentralizó las gestiones de compraventa externa en favor del frabricante, con el fin de reducir costos.

De hecho, el MINCEX recupera control sobre la actividad mercantil de empresas con las que sólo tenía una relación metodológica, mediante inspecciones periódicas.

Mientras, la Resolución 191/2008 dictada también por el MINCEX deroga anteriores regulaciones que pautaban la compraventa de mercancías por las entidades cubanas a los operadores de zonas francas y parques industriales, una actividad que permanecía drásticamente restringida desde mediados del 2004.

La actividad comercial en zonas francas como Wajay, Mariel y Berroa, así como el parque industrial de Santiago de Cuba había sidoi limitada por el Ministerio de Inversión Extranjera y Colaboración Económica (MIECE), que en los últimos cuatro años canceló numerosas licencias de operaradores extranjeros en esos perímetros mercantiles.

Además, el decreto 191 --emitido el pasado 30 de abril-- suprime los grupos de trabajo del MINCEX que desde el 2000 estaban dedicados a establecer "la política para la compra, importación y distribución interna'' de la cerveza y los vinos que se ofertan en el país. La medida afecta mayormente al mercado en moneda convertible.

Ambas disposiciones del MINCEX forman parte de la estrategia trazada por el gobernante Raúl Castro para eliminar importaciones, reevaluar el papel de la inversión extranjera, combatir la corrupción empresarial y reestructurar los organismos de la administración central del Estado.

A comienzos de este año, el MINCEX canceló las licencias de 14 firmas extranjeras por presuntas actividades ilícitas que vinculaban a dependencias estatales bajo el control de GAESA, el consorcio empresarial de las Fuerzas Armadas (FAR).

La lista de licencias suspendidas a firmas extranjeras registradas ante la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales (ACOREC) podría oscilar entre 110 y 160, según reportó El Nuevo Herald el pasado marzo citando fuentes vinculadas al MINCEX. De acuerdo con cifras oficiales, actualmente 274 empresas extranjeras están registradas en Cuba.

El pasado mes, Raúl Castro anunció el cese del Instituto Nacional de Reservas Estatales como organismo autónomo y decidió subordinarlo al mando de las FAR, en una iniciativa encaminada a la reducción del aparato gubernamental.

Al tomar el mando del Consejo de Estado, el pasado 24 de febrero, Raúl Castro se pronunció por establecer "una estructura más compacta y funcional, con el menor número de organismos de la administración central del Estado y una mejor distribución de las funciones que cumplen''.