Sin producción no hay salario

Laritza Diversent

LA HABANA, Cuba, junio (www.cubanet.org) - La introducción de técnicas de mercado en el sector empresarial estatal ha dado matices especiales a las violaciones de los derechos laborales de los trabajadores cubanos.

La empresa constructora TELRED pertenece al Ministerio de Comunicaciones. Esta entidad contrató en el mes de agosto de 2007 a una brigada de 12 trabajadores. Actualmente, estos hombres prestan servicios en el Palacio de Pioneros Ernesto Guevara, ubicado en el municipio capitalino Arroyo Naranjo.

Cuando formalizaron reclamaciones de trabajo con la entidad, a los obreros les bastó saber que recibirían de forma conjunta hasta el 40% de las ganancias obtenidas con su trabajo, cuestión que los estimulaba a elevar la productividad.

Convenientemente, a la administración de TELRED se le olvidó advertirles que podían unilateralmente reducir las utilidades sin comunicarlo a la otra parte.

A los trabajadores tampoco les informaron que existía un acuerdo del consejo de dirección, con fecha 13 de julio de 2007, que establecía el pago del salario por resultados finales de la producción, y sin derecho al salario básico si este representaba pérdida para la empresa al no tener respaldo en la productividad.

Los obreros conocieron la existencia del referido acuerdo 7 meses después de su adopción, cuando para solventar sus más apremiantes necesidades tuvieron que aceptar un préstamo de la misma empresa por una cantidad igual a la suma de los salarios básicos de cada uno de los miembros de la brigada.

TELRED no les pagó el salario mínimo mensual correspondiente a los meses de diciembre de 2007 y enero de 2008, porque supuestamente no tuvieron producción. El préstamo fue la solución que encontró la administración de la empresa para responder a las exigencias de pago de los obreros. 

Ante tamaña injusticia, los trabajadores reclamaron a los ejecutivos de la empresa, los directores Ramón Poyaux  y Andrés Jústiz, quienes se justificaron diciendo que no había dinero para pagar.

Los obreros alegaron conocer que el inversionista había pagado en efectivo a la empresa el costo de la producción. Sin embargo, ellos no pudieron trabajar en todo ese tiempo porque la entidad no les hizo llegar los materiales indispensables para realizar su labor.

El referido acuerdo del consejo de dirección entra en franca contradicción con la legislación laboral vigente. El artículo 100 del Código de Trabajo establece que el Estado Socialista garantiza a los trabajadores ocupados a tiempo completo, un salario mínimo mensual.

Es inaceptable que sea una empresa del propio Estado la que viole estas regulaciones, más cuando a estos obreros se les exige asistencia puntual y el cumplimiento íntegro de su jornada laboral, aún sin tener contenido de trabajo.

Es sumamente injusto que los trabajadores paguen las consecuencias de las negligencias imputables a la administración, a pesar de conocerse que sus salarios son la base fundamental del sostenimiento de su familia.

Este no es el primer incidente de este tipo que tiene TELRED. Anteriormente, ante una flagrante violación de la empresa, los trabajadores de otra brigada  ejercieron  un derecho no reconocido al pueblo: se manifestaron públicamente frente al Consejo de Estado. Fueron expulsados del centro laboral y se les procesó penalmente.

Con ese precedente, los que ahora reclaman tienen que ser pacientes. Deben esperar que el órgano de justicia laboral de la empresa falle a su favor. De lo contrario, tendrán que recurrir a la vía judicial. En todo este proceso, no hay ninguna garantía de que sus justas demandas sean satisfechas. Curiosamente, ellos tampoco tienen una organización sindical que los represente.

Indefensos como están, no tienen más remedio que seguir vinculados laboralmente a una empresa que cuando lo estime conveniente, no les pagará sus salarios. Es peor todavía después de haber aceptado el préstamo que los endeuda y compromete sus ganancias futuras, cuestión que los obliga a mantener el vínculo laboral hasta que quede satisfecha la deuda.

Hace 22 años, los cubanos aceptaron una Carta Magna que les reconocía  derechos, pero  a la vez, le impedía ejercerlos frente al poder del Estado Socialista. Hoy pagamos las consecuencias. El caso expuesto es un ejemplo real de la explotación que sufren los trabajadores cubanos y de cuán indefensos están ante las arbitrariedades.