Carta sin respuesta

Lucas Garve, Fundación por la Libertad de Expresión

LA HABANA, Cuba, febrero (www.cubanet.org) - Dos ciudadanos cubanos aún no han recibido respuesta a una carta dirigida al Fiscal General de la República de Cuba, Sr. Juan Escalona Reguera. Con fecha del 28 de enero del año en curso, en la misiva hacen uso del derecho que les ampara, según los artículos 26 y 63 de  la Constitución de la República, para pedir que se realice un proceso de investigación que responsabilice a quienes ofrecieron cifras y datos  contradictorios sobre electores y votantes del proceso electoral que se desarrolló entre los meses de octubre de 2007 y enero del presente año.

La cuestión es que los datos ofrecidos por el presidente de la Comisión Electoral Nacional (CEN), en este caso la ministra de Justicia de Cuba, tenidos por oficiales y dados a conocer en una emisión de la Mesa Redonda, no coincidieron luego con los publicados en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el periódico Granma. Primeramente, la CEN dijo que 852, 216 ciudadanos habían anulado sus boletas; días más tarde Granma cambió la cifra a 85 216.

En cuanto a los datos ofrecidos sobre la inscripción de votantes en el Registro Electoral, ocurre lo siguiente: en la primera etapa del proceso electoral la cifra de los ciudadanos inscritos fue de 8 millones 474 mil 833; meses más tarde, en enero, ascendía a 8 millones 647mil 602, y cuatro días después, el 25 de enero, disminuye a 8 millones 495 mil 917, plantean en la carta los firmantes Rafael Ávila Pérez y Carlos Ríos Otero y formulan la interrogante de quiénes fueron los responsables de tales diferencias, y cómo pudo variar en solamente cinco días la cifra de electores. Además, tienen en cuenta que hay más de 30 mil cubanos fuera del país, los denominados colaboradores internacionalistas que sufrieron limitación del derecho a ejercer el voto

Todas estas diferencias acumuladas los mueven a dudar de la veracidad de los datos y de los propios comicios electorales. Dado el caso, piden, basados en los artículos 26 y 63 de la Constitución de la República de Cuba, que la fiscalía se ocupe del caso de una posible manipulación de los resultados electorales  y  que detengan las tomas de posesión de las asambleas provinciales y  la Nacional hasta comprobarse las causas que procedieron en la alteración de datos y se demande a los responsables.