Puesto o impuesto

Odelin Alfonso Torna

LA HABANA, febrero (www.cubanet.org) - José Delgado (Pepe) dejó de conducir el bote que pasea a los turistas por el húmedo río en el interior de la cueva del Indio, en el polo turístico de Viñales, provincia Pinar del Río. El asma bronquial que padece desde hace años  y el microclima de la caverna, hicieron que se trasladara a trabajar en los exteriores.    

No le sorprende la nueva resolución 277 de 2007 del Ministerio de Finanzas y Precios, sobre la aplicación de impuestos por gratificaciones. Desde hace nueve años abona a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) 30 pesos convertibles al mes. Cree que la nueva medida tiende a legalizar lo que ya es un hecho, al menos en su complejo turístico.

Pueden parecer insuficientes, poco rentables y volubles, los macro impuestos o declaraciones juradas que llegan al recaudo de la ONAT, provenientes de un exiguo sector privatizado.

El gremio de trabajadores por cuenta propia es una propuesta a extirpar por el gobierno. Funciona bajo el monitoreo de lujuriosos inspectores que socavan la voluntad de trabajar independientes al gobierno.

Con los impuestos, la ONAT suple un considerable por ciento de los salarios destinados a los servicios públicos centralizados por el Estado. Esta contribución se traspapela y se disuelve tras el cerco de los logros económicos exaltados por el gobierno.

¿Cuántos salarios pagaría José Delgado con su contribución de 360 pesos convertibles al año, solamente por concepto de propina?

La nueva conjura del gobierno va dirigida a cubanos que laboran para empresas extranjeras y misiones diplomáticas. La resolución 277 prevé la aplicación de un gravamen que oscila entre el 10 y el 50 %, según la gratificación recibida por el empleado.

Esto ha desatado una disparidad de criterios entre las agencias empleadoras y su seleccionado grupo de trabajadores sometidos a las migajas de un capital aparentemente mixto.

Como consecuencia de un debate realizado en el Teatro Nacional de la Habana, el sábado 13 de enero, Gilda Cuesta, presidenta de la Agencia de contratación a Representaciones Comerciales (ACOREC), engrosó la lista de los destituidos dentro del mandato provisional de Raúl Castro.

Los rumores apuntan a que Cuesta renunció a su cargo. La medida, sea cual sea, asienta las sucesivas dimisiones como el recurso probatorio de un inminente cambio.

Entre bambalinas circulan una serie de anónimos que sentencian la inconformidad generalizada en este sector, único sometido a la nueva resolución.

Se propone entre pasillos hacer extensiva la medida, de manera que se tengan en cuenta todas las ramas de la producción y los servicios, incluyendo los que se ofertan en moneda nacional.

Llama la atención la manera en que los contratados por las agencias empleadoras ACOREC y CUBALSE, suben el tono y manifiestan paridad de impuestos con un proletariado que salda su existencia día a día con el régimen.

La bolsa de empleos perteneciente a las agencias ACOREC y CUBALSE, no les ofrece puestos a disidentes, homosexuales o sujetos con antecedentes penales. Más bien se rige por la militancia comunista, cierto nivel cultural y político o un “servicio a la patria” entre signos de interrogación.

Si bien el gravamen prevé cotizar un ínfimo por ciento de los impuestos sobre ingresos personales, también conseguirá sanear los insuficientes recaudos de la ONAT.

Suscitar el debate con una fuerte carga de alevosía, no quiere decir que una resolución inadecuada y discriminatoria se haga extensiva a todos los sectores de la sociedad.

Es obvio que la resolución 277 de 2007  irrita a un pequeño sector, que en medio de la ahogada economía familiar, respira con menos dificultad. Debemos pensar que también nos irritan el cobro de la tarifa eléctrica, los altos precios del mercado agropecuario o una espeluznante multa impuesta por los organismos de vivienda.

La polémica sobre la resolución 277 del Ministerio de Finanzas y Precios, es otra sugerencia del alto mando para mantener a flote la economía. Respaldar las inquietudes de sus empleados no está en manos de ACOREC ni  CUBALSE.

¿Perderán el puesto, o asumirán el impuesto?