Nuevo impuesto irrita a cubanos

WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald

La imposición de un gravamen a los cubanos que trabajan para empresas extranjeras y reciben gratificaciones en divisas, ha provocado la suspensión de varias reuniones con representantes gubernamentales en medio de una avalancha de agrias protestas de los afectados.

La ola de inconformidad parece haber erosionado la posición de Gilda Cuesta, presidenta de la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales (ACOREC S.A.), quien fue destituida de su cargo el pasado miércoles, según fuentes vinculadas a ese organismo.

''Ella [Cuesta] renunció al cargo, ya eso se comenta por acá, aunque algunos dicen que la destituyeron'', afirmó un empleado de la Cámara de Comercio de Cuba que pidió el anonimato.

Según los testimonios obtenidos por El Nuevo Herald, la salida de Cuesta se produjo como consecuencia de un polémico seminario sobre la Resolución 277/2007 del Ministerio de Finanzas y Precios, realizada el pasado sábado en el Teatro Nacional de La Habana.

Desde hace años, varias denuncias internas apuntaban a Cuesta y al vicepresidente de ACOREC, Manuel Barceló, por tráfico de influencias y subastas de puestos laborales violando los reglamentos establecidos.

''Fue una reunión bien caliente'', relató un participante. ``La gente no quiere dejarla pasar [la medida], porque lo ve como algo humillante''.

Las protestas contra los funcionarios y las medidas gubernamentales fueron respaldadas por aplausos de los asistentes.

No se ha confirmado si la segunda parte del seminario --fijado para mañana-- llegue a realizarse.

Por el momento, una reunión convocada con similares propósitos por la corporación de comercio y servicios CUBALSE fue cancelada esta semana.

La dinámica laboral de la isla establece que sus ciudadanos deben ser contratados de manera obligatoria por agencias estatales como ACOREC y CUBALSE, únicas autorizadas para reclutar personal cubano. Las empresas extranjeras pagan entonces al Estado en pesos convertibles (un CUC equivale a $1.08), pero los contratados reciben su salario en pesos cubanos (21 por cada $1).

El impuesto que impone la resolución 277 gravaría anualmente a aquellas personas que reciben gratificaciones monetarias por parte de sus empleadores extranjeros. La medida implica una declaración jurada de los beneficiados, que deberán presentarla ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).

Los gravámenes pueden oscilar entre el 10 y el 50 por ciento de la gratificación recibida.

El economista disidente Oscar Espinosa Chepe consideró ayer que ``las reuniones colectivas para la aplicación del impuesto no están saliendo nada bien''.

''Hay mucho disgusto entre la gente'', comentó Espinosa Chepe. ``Es algo esencialmente injusto por parte del Estado... ¿Qué más va a exigirles este Estado a sus ciudadanos?''

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