La participación popular en Cuba (I parte)

Laritza Diversent

LA HABANA, enero (www.cubanet.org) - Para hablar de democracia, hay que referirse obligatoriamente a la participación popular. Un estado será más o menos democrático en la medida que sus ciudadanos tomen parte activa en la toma de decisiones políticas que atañen a la vida de la nación en general.

La participación política ciudadana es una facultad reconocida internacionalmente en el Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.

Como prerrogativa de carácter político y del ámbito público es reconocido por la Constitución cubana en su artículo 3: “En la República de Cuba, la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de la Asamblea del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ella derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes”.

Es conveniente aclarar que esta facultad humana no está reconocida en nuestra Carta Magna dentro del capítulo dedicado a los derechos, deberes y garantías fundamentales (artículos del 45 al 66). Igual sucede con el derecho al voto (artículo 132), evidente muestra de la deficiente técnica jurídica constitucional y la subvaloración que sufren en nuestro país los derechos políticos de los ciudadanos.

De la lectura de los comentados preceptos se desprende que existen dos formas de participación.

Entre las formas de participación directa se encuentran el voto en elecciones y en referendos, la iniciativa legislativa, el derecho al control popular y a la revocación del mandato de los delegados municipales del Poder Popular.

La participación indirecta supuestamente se realiza a través de los representantes populares de los diferentes niveles (municipio, provincia, nación). Son integrantes de los órganos representativos del Estado. El gobierno asegura que Cuba es un país democrático porque el pueblo los elige directamente.

El voto popular directo para elegir a los miembros de los órganos locales y supremos del poder, excluyendo al Consejo de Estado, no significa en modo alguno una mayor participación popular directa. A esta conclusión se llega cuando analizamos algunos elementos del proceso electoral cubano.

En estos momentos está a punto de concluir la segunda fase de las elecciones generales en Cuba. El 20 de enero, los cubanos supuestamente elegirán a los delegados provinciales y diputados nacionales.

En la elección y mandato de estos últimos, concentraremos nuestras reflexiones, por ser ellos los que ocuparán los cargos de importancia política en el país.

Los candidatos a diputados son propuestos por una comisión de candidaturas, integrada por miembros de las organizaciones sociales y de masas (CDR, CTC, FMC, UJC, FEU).

Supuestamente, el Partido Comunista de Cuba no participa en el proceso electoral. Sin embargo, cada comité de base de estas organizaciones es atendido directamente por un representante del Partido. Este vigila y asegura que cada uno de los propuestos tenga una proyección política consecuente con la ideología castrista. No es casualidad que casi todos los nominados sean parte de la membresía del único partido existente en Cuba.

Hay comisiones de candidaturas a todos los niveles: nacional, provincial y municipal. Es a través de esta red jerárquica que se mueve de arriba hacia abajo, que los líderes de la revolución escogen el distrito electoral por el cual han de ser propuestos y nominados. Eso es, claro está, después de un estudio demográfico de las diferentes regiones del país, que les asegure un cuerpo electoral reducido.

Luego, las 169 asambleas municipales de la nación nominan a los propuestos. La candidatura de los mismos es de lista cerrada y bloqueada, es decir, la boleta electoral tiene tantos candidatos como escaños a cubrir tiene el municipio en el foro superior. Este tipo de lista impide al elector un voto selectivo y preferencial.

Es intrascendente que tengamos la posibilidad de escoger a los diputados de nuestra preferencia, si tenemos en cuenta que el pueblo de Cuba es persuadido e incitado por los medios de comunicación masiva oficiales a ejercer el voto unido o en bloque, como “un deber de los buenos cubanos”.
Este voto característico de las listas cerradas y bloqueadas anula completamente nuestra facultad de elegir.

En estas condiciones, es difícil que los candidatos propuestos y nominados no obtengan más del 50% de los votos necesarios para ocupar el puesto en la Asamblea Nacional.

Nuestro papel en el proceso electoral se reduce a marcar con una cruz. Votamos para legitimar la estancia imperturbable por casi 50 años de la élite política cubana.

Votar es el acto a través del cual una persona expresa su voluntad política. Decide quién lo representará políticamente. Elegir es escoger, seleccionar. Eso sólo se puede hacer cuando hay pluralismo político, y nosotros no tenemos.

El pueblo cubano no decide quien lo gobernará, porque las elecciones son simbólicas.