Ahogados en la represión (I)

Laritza Diversent

LA HABANA, Cuba, abril (www.cubanet.org) - El Estado cubano cuenta con un adiestrado y numeroso aparato represivo. Eso no es un secreto para nadie. Hablo de sus cuerpos policiales, los tribunales, la fiscalía y el ejército.

En principio, todo estado goza de potestad soberana, poder que expresa por medio de la actuación de sus órganos y por la promulgación de leyes. Estas últimas constituyen el instrumento idóneo a través de las cuales ejerce su derecho a instituir delitos y penas (ius puniendi).

Supuestamente, la normativa jurídica-penal y la actividad del aparato represivo estatal deben estar en función de salvaguardar la sociedad en general. Su fin es prevenir y reprimir el delito.

Me refiero a la protección contra los hechos que lesionen o pongan en peligro intereses fundamentales que afecten las condiciones de vida de los seres humanos, presupuestos indispensables para la vida en sociedad.
Ejemplo de ello es proteger la propiedad contra hurtos o robos, la vida humana de los actos que atenten contra la integridad corporal, etc.

Sin embargo, la pobreza que agobia a nuestro pueblo ha determinado que aumente la delincuencia.

Incluso, muchas de las conductas calificadas legalmente como delitos, son acogidas, respaldadas y toleradas por la sociedad cubana. Esto se debe fundamentalmente a la insuficiente satisfacción de las necesidades sociales, y en otro orden de cosas, a la precariedad en la dirección ético-política que ejerce la cúpula gobernante en la actualidad.

Es evidente que el aparato represivo del Estado cubano se ha desviado de su objetivo fundamental y de la principal razón de su existencia. Mientras la sociedad cubana se hunde en la decadencia, ellos se centran en reprimir y perseguir a los disidentes.

Es realmente preocupante la tendencia del gobierno cubano, en casi medio siglo de socialismo, a utilizar la fuerza coactiva del derecho penal con fines políticos. Para preservarse y mantenerse indefinidamente en el poder, la oligarquía burocrática castrista se sirve del ius puniendi del Estado para imponer su decrépita ideología comunista.

En otras palabras, por medio del intervencionismo estatal intenta modificar comportamientos socialmente integrados. Conductas de determinados ciudadanos, percibidas por los poderes públicos como indeseables.

La mayor prueba de ello lo constituye la Ley 88 del 16 de febrero de 1999, “de protección de la independencia nacional y la economía”, conocida popularmente como Ley Mordaza.

Por su esencia y contenido, esta ley es violatoria de una de las facultades humanas reconocidas a escala internacional. Impide el ejercicio y disfrute de nuestro derecho a expresarnos y opinar libremente. Legaliza la represión principalmente contra los periodistas independientes residentes en la isla. De forma general, reprime a todo aquel que denuncie las arbitrariedades del gobierno cubano.

Esta disposición normativa tiene carácter penal. Prevé sanciones extremadamente severas para todo el que difunda por cualquier medio de expresión  una opinión contraria a la gestión y política del gobierno de los Castro.

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