NOTICIAS DE CUBA
El Nuevo Herald

Piden pena máxima contra anticastristas

Agence France Presse, PANAMA.

Un fiscal y tres abogados querellantes pidieron ayer una condena con la pena máxima en Panamá, de 20 años de prisión, para el anticastrista Luis Posada Carriles y tres cómplices involucrados en un presunto plan para asesinar al gobernante cubano, Fidel Castro, en el 2000, informaron fuentes judiciales.

Tres días después de iniciado el juicio contra Posada Carrilles, de 76 años, junto a Pedro Crispín Remón (59 años), Guillermo Novo Sampoll (66 años) y Gaspar Jiménez Escobedo (68 años), el fiscal Arquímedes Sáez solicitó al juez quinto, José Hoo Justiniani, que ''no tenga clemencia'' con la sentencia.

Junto a los cubanos también fueron acusados como presuntos implicados el comerciante panameño de origen cubano, César Matamoros, quien habría facilitado la logística para el atentado, y el panameño José Hurtado, quien se desempeñaba como chofer de Posada Carriles.

No obstante, para estos dos panameños aún no se ha solcitado una pena específica.

Los cuatro cubanos acusados fueron detenidos en noviembre del 2000 por los organismos de inteligencia de Panamá, alertados por el propio Fidel Castro, quien denunció en supuesto plan para asesinarlo con una bomba durante la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado que se realizó en este país.

La Fiscalía acusó a Posada Carrilles y al resto de los cubanos de los delitos de asociación ilícita para delinquir, posesión ilegal de documentos, posesión ilegal de explosivos y delitos contra la fe pública, por los cuales podrían ser condenados a penas que oscilan entre 12 a 20 años de prisión.

Pero el cargo más grave, el de intento de asesinato contra Castro, fue anulado porque la fiscalía aseguró que en su investigación no encontró un detonador, ni material para fabricar una bomba.

Según el fiscal, la investigación realizada en los últimos tres años permitió determinar que los anticastristas introdujeron ilegalmente a Panamá 33 kilos de explosivos a través de la frontera entre Panamá y Costa Rica, 500 km al oeste de la capital, "con los cuales pensaban asesinar a Castro''.

Sáez también rechazó que Posada Carriles hubiera viajado a Panamá para garantizar la deserción del general cubano Eduardo Delgado, como alega el acusado.

Asimismo, el fiscal cuestionó otro alegato de la defensa sobre una presunta plantación de explosivos por parte de los servicios secretos de Cuba.

''Estamos preparados con la fiscalía y los abogados querellantes para que estos terroristas sean parados en seco, porque no hay terroristas malos y terroristas buenos'', advirtió por su parte uno de los tres abogados acusadores, Julio Berríos.

Berríos dijo que la defensa de Posada y su grupo quieren presentar a sus clientes ''como terroristas buenos'' porque combaten el gobierno de Castro, "como si sólo fueran terroristas malos los izquierdistas, anarquistas, los ultranacionalistas o los árabes''.

''Ellos no vinieron a Panamá para hacer turismo, sino con la intención de asesinar a (Fidel) Castro, sin importarle cuantas vidas panameñas cobraran en este intento'', dijo por su parte el abogado Rafael Rodríguez.

El abogado defensor de Posada Carriles, el ex procurador panameño Rogelio Cruz, afirmó que hasta ahora ''ninguno ha presentado ante el tribunal ninguna evidencia que los involucre (a los cubanos) en un plan para matar a Castro'' e insistió en la inocencia de su defendido.

Por su parte, y de acuerdo a un cable de la Associated Press, María del Carmen, esposa del acusado Jiménez, dijo que espera el pronto fin del juicio.

''Ya ha pasado mucho tiempo y queremos a Gaspar con nosotras en casa. Sus dos hijas lo esperan en Estados Unidos'', señaló.

María del Carmen Jiménez, Miriam Novo, esposa de Guillermo Novo Sampol, y otros familiares de los detenidos se encuentran en Panamá.

El tema de los derechos enfrenta a Cuba y Costa Rica

Efe, GINEBRA.

Costa Rica y Cuba protagonizaron ayer un duro enfrentamiento verbal en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU después de que el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, preguntara si el Gobierno de San José prepara una resolución contra La Habana, "actuando como peón al servicio del amo imperial''.

Aprovechando su derecho de réplica, el representante permanente de Costa Rica, Manuel A. González-Sanz, respondió a los ''gratuitos agravios expresados por el canciller del hermano pueblo de Cuba'' y dijo que no quería "caer en la trampa de la provocación''.

El embajador costarricense señaló que el pueblo cubano tiene ''todo el derecho del mundo a vivir en plena libertad y en el ejercicio pleno de los derechos humanos'' y expresó el orgullo de sus compatriotas por "compartir no sólo el idioma español, sino también el de la paz, la libertad y el respeto al prójimo''.

Tras recordar que Costa Rica fue el primer país en abolir el ejército, en 1949, y que eliminó la pena de muerte hace ya 117 años, ''sin titubear nunca en todos los foros para denunciar esa práctica'', dijo que no dejará tampoco de denunciar ''respetuosamente, sin ceder a intimidaciones, pero de manera firme, la violación de los derechos humanos'' donde se produzcan.

Respondiendo a las acusaciones del canciller cubano de que Costa Rica no haya votado nunca en la Comisión ''contra las espantosas violaciones de los derechos humanos y los crímenes de Israel contra el pueblo palestino'', criticó ''los infructuosos intentos (cubanos) de generar una infundada animadversión de los países árabes en nuestra contra'', calificándolos de "inaceptables''.

La intervención costarricense suscitó a su vez una respuesta de un funcionario de la delegación cubana que dijo que no había respondido a la pregunta de su canciller de si el Gobierno de San José sería este año de nuevo ''la marioneta'' del de EEUU, presentando una resolución de condena de Cuba cuyo "texto ha sido escrito en Washington''.

En ese texto, dijo, "se incluyen graves condenas al pueblo cubano para justificar la política de bloqueo genocida y una eventual agresión militar para destruir la revolución y sus logros''.

El representante cubano dijo ''albergar serias dudas'' de si Costa Rica no volvería a presentar una resolución contra Cuba y recordó el ''triste papel'' que hizo el Gobierno de ese país centroamericano al presentar una enmienda más dura a un proyecto de resolución latinoamericano, que fue finalmente rechazada en votación.

En declaraciones a EFE tras el rifirrafe diplomático, el embajador costarricense explicó ''en virtud de la transparencia'' que no hay todavía nada decidido este año sobre la eventual presentación de una resolución de denuncia de Cuba y recordó que en la pasada Comisión su país fue el único de América Latina que ''levantó la voz'' aquí sobre las detenciones, condenas y ejecuciones de los disidentes en la isla.

Preguntado si Costa Rica está al menos llevando a cabo consultas con otros países latinoamericanos para presentar eventualmente un texto sobre Cuba, el diplomático centroamericano afirmó que su país ''no tiene el liderazgo de las consultas'' y agregó que las acusaciones cubanas "se basan en un rumor, que no está confirmado''.

El embajador costarricense dijo no estar de acuerdo con la propuesta de Cuba, China y numerosos países africanos de dejar que la Comisión se abstenga de señalar con el dedo acusador a los países que atropellan los derechos humanos y se limite a establecer en su lugar mecanismos de cooperación técnica en esa materia con los violadores.

''Votaremos en contra de cualquier resolución en ese sentido'', anunció el embajador costarricense.

Cumplen un año en prisión los disidentes cubanos

Mar Marin/Efe, LA HABANA.

Un año después de la campaña que llevó a la cárcel a 75 disidentes cubanos, la oposición interna sufre aún el golpe y muestra señales de división, mientras las esposas de los condenados han tomado un papel activo en el reclamo de sus derechos.

A mediados del pasado marzo, la disidencia sufrió uno de los golpes más duros, con la detención de 75 opositores que fueron condenados a penas de hasta 28 años de cárcel en juicios sumarísimos.

Desde entonces, familiares y oposición han venido denunciando las condiciones del presidio.

La mayoría ''languidece bajo condiciones infrahumanas que significan una violación de las reglas mínimas de la ONU para el trato a presos y detenidos'', según el disidente Elizardo Sánchez Santacruz, que encabeza una ilegal Comisión de Derechos Humanos.

''Por lo menos una decena son sexagenarios y algunos padecían de serias enfermedades al momento de su detención'', recordó.

Un año después, su salud ''se ha deteriorado como consecuencia de todo este tiempo sufriendo de confinamiento solitario, en áreas de aislamiento y castigo de unas diez prisiones de alta seguridad situadas generalmente a centenares de kilómetros de sus hogares'', explicó.

''Ninguno tiene acceso a agua verdaderamente potable, los alimentos que reciben son prácticamente incomibles y en pésimas condiciones higiénicas, aparte de insuficientes, la atención médica es muy pobre y están sometidos a verdaderas plagas de insectos y ratas'', agregó.

Al menos 13, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), que encabeza Sánchez, están hospitalizados y otros 10 presentan un estado "incompatible con el internamiento carcelario''.

Miriam Leiva, esposa del economista Oscar Espinosa --condenado a 20 años-- denunció recientemente que a su marido, de 63 años, le diagnosticaron tumores cancerosos.

''Estoy muy alarmada, pienso que lo están matando lenta y dolorosamente'', dijo a EFE.

Héctor Palacios, condenado a 25 años, se recupera de una operación de vesícula tras ''un año en el que ha vivido bajo la tortura física y psicológica'', según su esposa, Gisela Delgado.

El escritor y periodista Raúl Rivero, de 58 años, salió hace unas semanas del hospital tras someterse a una revisión y su estado, según su mujer, no es preocupante, aunque ha perdido más de diez kilos de peso.

Las esposas de los disidentes se han movilizado para reclamar sus derechos y muchas han ocupado su lugar en actos públicos y en recepciones diplomáticas.

La mayoría asegura que antes de las detenciones no estaban en contacto con la disidencia e insisten en que sus actuaciones no tienen sesgos políticos, sino humanitarios.

'Si yo escribiera un libro pondría de título 'En defensa de Raúl', porque es lo que he hecho en el último año'', dijo la mujer de Rivero, Blanca Reyes, convencida de que el trabajo de las esposas ha servido para que "fuera se conozca todo esto''.

''El gobierno nunca pensó que sin ser una organización nos uniéramos por el mismo problema'', afirmó.

Las esposas y madres de los disidentes condenados, según Miriam Leiva, "se han convertido en sus voces desde la prisión y hoy el pueblo cubano conoce más que hace un año la situación de los opositores''.

''Ha surgido un fenómeno nuevo, con el que el gobierno no contaba, y es el que ha movido a la población cubana y al mundo entero'', insistió Leiva, para quien condenando a los disidentes el gobierno quiso dar un ''escarmiento'' porque "el pueblo estaba perdiendo el miedo''.

Leiva cree que el golpe no ha debilitado a la oposición, sino que "la ha fortalecido''.

Otros opositores que continúan tras las rejas son el periodista Manuel Vásquez Portal, la economista Martha Beatriz Roque y el médico Oscar Elías Biscet.

También en opinión de Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), la represión permitió un fortalecimiento, porque fue seguida de una renovación en las organizaciones.

Payá presentó en diciembre pasado una detallada agenda de transición que, lejos de aglutinar a la dispersa oposición, ha sido criticada con dureza por otros grupos, como el liderado por Félix Antonio Bonne y René Gómez Manzano.

''No apoyamos en modo alguno esta nueva iniciativa. No es idónea en lo absoluto para los fines que expresa perseguir'', señalan ambos en un amplio documento.

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