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SOCIEDAD
Castigarán a choferes
estatales que no recojan pasajeros
LA HABANA, 22 de febrero (Ariel
Delgado Covarrubias / www.cubanet.org) - Los vehículos
estatales cuyos choferes no recojan pasajeros
serán confiscados, según se anunció,
mientras las autoridades siguen imponiendo fuertes
multas a los choferes particulares por hacerlo.
Al cumplirse el primer año de la instauración
de los Inspectores Populares del Transporte, conocidos
popularmente como "los azules", se anunció
la aplicación de medidas coercitivas contra
los choferes de automóviles estatales que
no respondan a la señal de PARE de estos
inspectores.
La medida anunciada se hará efectiva con
aquellos conductores que no detengan sus vehículos
ante la señal del inspector en cinco o
más oportunidades en el transcurso de un
mes. Sus vehículos serán asignados
temporalmente al servicio de hospitales, funerarias,
escuelas u otras instalaciones sociales carentes
de esos recursos. Según el grado de reincidencia,
la función social se podrá realizar
dentro del propio organismo o a disposición
de las necesidades del territorio.
De acuerdo con cifras oficiales, en el año
transcurrido "los azules" han permitido
la transportación de más de 8 millones
250 mil pasajeros en vehículos de organismos
estatales, equivalente a casi 87 mil viajes de
ómnibus urbanos. Se han reportado más
de 492 mil casos de autos estatales que fueron
indiferentes al llamado de los inspectores.
El Grupo Especial de Transporte Alternativo (GETA),
encargado de las actividades de los inspectores,
se propone para este año lograr más
de 60 mil pasajeros transportados diariamente
por este medio. Para poder materializar las medidas
coercitivas han sido dotados de un sistema informatizado
que permite el registro de los vehículos
infractores, para notificarlos mensualmente a
los organismos centrales del Estado.
"Es una contradicción, porque si
el gobierno quisiera aliviar la crítica
situación del transporte en el país,
sólo tienen que permitir nuevas licencias
para los particulares", expresó un
conductor de taxi particular que tiene licencia.
Cuando la policía detiene a un "botero
clandestino", como se les llama, les ponen
multas elevadas de hasta 1,500 pesos en moneda
nacional, y a la tercera oportunidad le decomisan
el vehículo definitivamente. Para la transportación
pública el Estado sólo asigna recursos
para reparaciones con la intención de mantener
el insuficiente parque, que sufre una gran cantidad
de roturas, pero no incrementa el número
de vehículos para aliviar uno de los problemas
que más trastornos crea a la población.
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