Prostitución
y comercio clandestino de servicios sexuales en cárceles
LA HABANA, 25 de septiembre (Ana Leonor Díaz, Grupo Decoro /
www.cubanet.org) - En las cárceles cubanas de varones, donde los reclusos
se hacinan en locales insalubres, se pueden comprar servicios sexuales de
prostitutas autorizados por los funcionarios penales.
Las autoridades carcelarias hacen la vista gorda con este fenómeno y,
eventualmente, perciben una comisión.
En el sistema penitenciario cubano existe la práctica del pabellón
conyugal, para que los presos casados tengan dos o tres horas de sexo al mes con
sus parejas.
Pero la población penal del país (compuesta principalmente por
menores de 35 años, según testimonios de ex prisioneros) no sólo
tiene hábitos promiscuos y cambian de pareja con frecuencia, sino que sus
esposas los abandonan a los pocos meses de estar encarcelados o no están
casados, por lo que han florecido los servicios sexuales de prostitutas
dedicadas a satisfacer la demanda de estos reclusos.
Ese servicio sexual se consigue fácilmente con el pago de 200 pesos
(7.69 dólares al cambio vigente) a mujeres desempleadas que ejercen este
tipo de prostitución, quienes por lo general residen en provincias del
interior del país y tienen uno o dos hijos que mantener. Por supuesto, el
contacto con estas mujeres y el pago lo realizan los familiares de los
prisioneros.
Para abreviar el expediente matrimonial que el sistema carcelario cubano
requiere para conceder el pabellón conyugal, la prostituta contratada
visita una vez al recluso como su "pareja oficial" y un par de semanas
después puede acceder al cliente en los locales destinados a ese tipo de
encuentro.
Aunque la prostitución no está aprobada oficialmente, los
servicios sexuales en las prisiones se realizan a la vista de los funcionarios
carcelarios y con su conocimiento, quienes los toleran con el criterio de que
esta práctica limita el homosexualismo, tan frecuente en los penales
cubanos.
Igual auge que los servicios sexuales de prostitutas tiene el comercio
clandestino de alimentos, ropa y artículos de aseo, que también es
conocido e ignorado por los funcionarios de la Dirección Nacional de Cárceles
y Prisiones del Ministerio del Interior, máxima autoridad del ramo.
De acuerdo a testimonios de ex presos, tanto políticos como comunes,
la escasa ración de alimentos, la ausencia de ropa de cama y de vestir
obliga a los reclusos a "inventar" (solucionar) su propia cantina,
donde no falta el tabaco, los cigarrillos y tampoco el ron.
Fuentes confiables opinan que miles de pesos se mueven cada mes sólo
en la prisión de Toledo, ubicada en el municipio capitalino Marianao, y
que ninguno de los penales del país escapa a estas prácticas.
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