Reporteros sin Fronteras,
mayo 16, 2002.
Union Europea - América Latina.
17 - 18 de
mayo de 2002: Cumbre de Madrid
RSF califica de "grave" la situación de la libertad de
prensa en Colombia, en Cuba y en Haití, y denuncia "problemas
delicados" en otros seis Estados
La organización pide a la Unión Europea que apoye el Proyecto
Varela en Cuba y tome sanciones contra el presidente haitiano
En vísperas de la apertura en Madrid de la segunda cumbre Unión
Europea -América Latina, en la que van a participar 33 Estados
latinoamericanos y de la región del Caribe, Reporteros Sin Fronteras
(RSF) recuerda que en tres de ellos es grave la situación de la libertad
de prensa -Colombia, Cuba y Haití- y que, últimamente, ha
pasado por situaciones delicadas en otros seis: Bolivia, Costa Rica, Guatemala,
Panamá, Paraguay y Venezuela. Dado que estos Estados se comprometieron,
en la Cumbre de Río de los días 28 y 29 de junio de 1999, a "promover
y proteger la totalidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales",
RSF pide a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) que exijan el
respeto a esta cláusula a sus socios latinoamericanos.
Recordando que Cuba es el último país de la región
donde todavía se encarcela a periodistas, la organización pide a
los europeos, entre otras cosas, que tercien con las autoridades cubanas para
que organicen el referendum sobre la democratización del régimen
y el respeto de la libertad de expresión, reclamado por la oposición
interna. Esta iniciativa de la disidencia cubana, conocida como Proyecto
Varela, acaba de recibir el apoyo del ex presidente norteamericano Jimmy
Carter, actualmente en visita en la isla. En sus recomendaciones, RSF pide
también a los jefes de Estado de la UE que pongan fin a la impunidad que
disfrutan, con la complicidad de las autoridades, los asesinos de periodistas
en Haití, adoptando sanciones personalizadas (negativa a conceder
visados y congelación de sus cuentas en el extranjero) contra los
oficiales haitianos que ponen trabas al trabajo de la justicia, entre ellos el
presidente Jean-Bertrand Aristide.
Grave situación en Colombia, en Cuba y en Haití. Con
cinco periodistas y dos colaboradores de los medios de comunicación
muertos en los últimos dieciocho meses, la situación de la prensa
colombiana sigue siendo dramática. Principal causa: la guerra entre los
grupos armados paramilitares y las guerrillas comunistas. La situación
se ha degradado aun más desde el comienzo del año 2002. Las sedes
de tres medios de comunicación resultaron afectadas por atentados con
bombas, atribuidos a las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, marxistas). En el marco de la campaña
presidencial, fueron amenazados al menos tres periodistas y un cuarto tuvo que
exiliarse, después de haber investigado sobre el pasado del candidato
Alvaro Uribe. En total, cinco periodistas han emprendido el camino del exilio,
desde el 1 de enero de 2002.
En Cuba, la Constitución establece el monopolio del Estado
sobre la información. La represión que se cierne sobre los
miembros de las agencias de prensa, que las autoridades se niegan a legalizar,
está dirigida sobre todo a proteger ese monopolio. Cuba, última
dictadura del continente americano, es también el único país
de la región donde todavía se encarcela a periodistas.
Actualmente, cuatro se encuentran encarcelados. Desde el 1 de enero de 2002 se
han contabilizado una treintena de detenciones y actos de acoso contra sus
colegas, y se fue prohibida la venta de ordenadores a particulares. El acceso a
Internet continúa estando estrictamente regulado. "Limpio" de
esta manera, el espacio mediático cubano está ocupado por la
prensa oficial, que difunde las informaciones que reciben el visto bueno del
Departamento de Orientación Revolucionaria.
En Haití, todas las instituciones del Estado participan del clima de
impunidad. Lo demuestran los obstáculos encontrados en la investigación
sobre el asesinato de Jean Dominique, director de Radio Haïti Inter,
ocurrido en abril de 2000. La policía está implicada en la muerte
de dos importantes sopechosos. El Senado se negó a levantar la inmunidad
parlamentaria del principal sospechoso, el senador Dany Toussaint. A pesar de
que el presidente Aristide ha hecho muchas declaraciones tranquilizadoras, ante
todo ha tapado estas irregularidades. Convencidos de poder disfrutar del mismo
trato de favor, sus seguidores multiplican las agresiones contra periodistas
críticos. Una escalada de violencia que, el 3 de diciembre de 2001,
condujo al asesinato de otro periodista, Brignol Lindor, y a la salida hacia el
exilio de una quincena de periodistas.
Problemas delicados en Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Panamá,
Paraguay y Venezuela. En los últimos dieciocho meses ha muerto un
periodista tanto en Bolivia como en Costa Rica, Guatemala, Paraguay y
Venezuela. El asesinato de Parmenio Medina, de Radio Monumental, en Costa Rica,
demuestra que la prensa no está al margen de la violencia en ningún
país de América Latina. En ese Estado, considerado hasta ahora
como modélico por el respeto a los derechos humanos, la sociedad civil
se encuentra preocupada por el silencio de las autoridades sobre los avances
de la investigación. En Paraguay, aunque ha sido juzgado y condenado el
asesino de Salvador Medina, abatido en enero de 2001, a los inductores ni
siquiera se les ha molestado.
Tres de cada cinco asesinatos cometidos en estos Estados están
relacionados con las revelaciones de los periodistas sobre asuntos de corrupción,
o sobre presuntas relaciones entre la clase política y los medios
mafiosos. En Guatemala, una decena de profesionales de la información
fueron amenazados y agredidos, por este motivo, durante el año 2001.
Otro se vio obligado a abandonar el país, en abril de 2002, mientras se
encontraba investigando sobre las exacciones cometidas por el ejército
durante la guerra civil (1960 - 1966).
En Venezuela, la situación se ha degradado recientemente. Al fotógrafo
Jorge Tortoza le mataron el 11 de abril de 2002, mientras cubría las
manifestaciones de la oposición que llevaron al efímero golpe de
Estado contra el presidente Chávez. El pasado 10 de mayo, el presidente
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el
clima de inseguridad para la prensa, creado por las incendiarias declaraciones
del Presidente, y de miembros del gobierno, en relación con los
periodistas.
Finalmente, en Panamá, orgullosos de una legislación que todavía
establece penas de cárcel para los delitos de "difamación"
y "atentado al honor", los agentes del Estado molestos con las críticas
ejercen un constante acoso judicial contra los medios de comunicación.
Actualmente hay presentadas noventa querellas por "difamación"
contra periodistas.
Recomendaciones
RSF recomienda a los Estados de la UE que tercien, con sus socios
latinoamericanos y de la región del Caribe, para que respeten los
compromisos asumidos en la anterior cumbre UE - América Latina, en Río,
de "promover y proteger la totalidad de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales".
RSF pide, en particular, a los Estados de la UE:
- que apoyen económicamente el programa de protección de
periodistas, puesto en marcha por el gobierno de Colombia, para garantizar su
seguridad, y presionar sobre éste último para conseguir avances en
la lucha contra la impunidad, en los casos de asesinatos de periodistas.
- que tercien con las autoridades cubanas para que organicen el referendum
sobre la democratización del régimen, reclamado por la oposición
interna. Acogiéndose a una disposición de la Constitución
cubana, algunos opositores moderados han depositado, en el Parlamento cubano,
las diez mil firmas necesarias para conseguir un referendum sobre cinco puntos:
libertad de expresión y de asociación, amnistía para los
presos políticos, reconocimiento de la libertad empresarial, elaboración
de una nueva ley electoral y, si el referendum se aprueba, convocatoria de
elecciones en el plazo de nueve meses. Esta iniciativa de la oposición,
bautizada como Proyecto Varela, ha recibido el apoyo del ex presidente
norteamericano Jimmy Carter, que actualmente se encuentra de visita en la isla.
- que adopten sanciones individuales contra algunos oficiales haitianos,
entre ellos el presidente Aristide, que, por acción u omisión,
ponen trabas a las investigaciones destinadas a aclarar los asesinatos de Jean
Dominique y Brignol Lindor. Las sanciones personalizadas que se solicitan, son
de dos tipos: negar, a las personas citadas y a su familiares, el visado de
entrada y de tránsito en los territorios de los Estados miembros de la
Unión Europea, y congelación de sus cuentas en el extranjero. La
lista de los veinticuatro oficiales concernidos se encuentra disponible en el
sitio de RSF (www.rsf.org).
- que pidan a las autoridades de Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y
Venezuela, que efectúen una investigación sobre los asesinatos de
Juan Carlos Encinas (Bolivia), Parmenio Medina (Costa Rica) y Jorge Mynor Alegría
Almendáriz (Guatemala), Salvador Medina (Paraguay) y Jorge Tortoza
(Venezuela), con el fin de castigar a los ejecutantes y a los inductores de
estos crímenes. Igualmente, RSF pide que se ejerzan presiones sobre las
autoridades panameñas para que sean abolidas las leyes que establecen
penas de cárcel para los delitos de prensa. |
