Reporteros sin Fronteras.
29 de marzo de 2002
En Cuba, un decreto aprobado por el Ministerio del Comercio Interior prohíbe,
desde el 16 de enero de 2002, la venta de ordenadores personales (personal
computers, PC) a los particulares. Según un
artículo
publicado el 25 de marzo en el periódico digital wired.com, el
decreto n' 383/2001 prohíbe "la venta de ordenadores, impresoras, máquinas
de policopiar, fotocopiadoras y cualquier otro instrumento de impresión
masiva" a cualquier asociación, fundación, organización
civil sin interés de lucro y a los particulares. En el caso de que se
considere indispensable la compra del equipo, o de sus piezas sueltas o
accesorios, deberá solicitarse una autorización al Ministerio del
Comercio Interior.
En efecto, según una fuente local consultada por RSF, en un centro
comercial del barrio de La Playa, en La Habana, un cartel publicitario indica
que "a partir del 16 de enero de 2002, se suspende la venta de piezas
sueltas, o de accesorios informáticos, a personas privadas". Otros
establecimientos, consultados por teléfono, han confirmado esta
información. Sin embargo, un establecimiento de La Playa no ha aplicado
todavía esta medida cuya adopción, según wired.com, provocó
una polémica en el seno del gobierno. La medida se extendió a
toda la provincia el 1 de febrero de 2002.
Se ignoran las razones que han llevado a adoptar tal decisión. Aunque
siempre ha estado estrictamente controlada la venta de cualquier material de
reprografía, para impedir la aparición de publicaciones
independientes, la de ordenadores personales y faxes se había
liberalizado en los últimos meses, siempre que se pagaran en dólares.
La prohibición se ha producido después del lanzamiento de una página
web del Instituto Cubano de Economistas Independientes -ilegal- (www.cubaicei.org), dirigido por la célebre
economista disidente Marta Beatriz Roque. El acceso a la página desde
Cuba fue bloqueado el 7 de diciembre, cuando aun no se había cumplido
una semana de su lanzamiento. Elaborada en Miami, se trata del primer sitio que
ofrece informaciones sobre la disidencia, únicamente procedentes de la
oposición interna.
Luis Fernández, portavoz del gobierno cubano en Washington, respondió
con evasivas a las preguntas de wired.com sobre la realidad de la prohibición
de los PC: "Si no tuviéramos que hacer frente a un embargo, habría
ordenadores para todos". "¿Cómo no se va a restringir el
acceso a Internet en un país que se enfrenta a un embargo, y en el que
faltan los medicamentos?", explicaba el 7 de febrero de 2001 Sergio Pérez,
entonces director de la empresa pública Teledatos, en un artículo
en el diario oficial Granma. Pero en Cuba, las dificultades para el acceso a
Internet no tienen solamente causas económicas. El acceso a la red se
encuentra estrictamente regulado. Su utilización está sometida al
respeto "a los principios morales de la sociedad cubana y a las leyes del
país". Solo pueden acceder las empresas extranjeras y las
instituciones gubernamentales. Aunque existen dos cibercafés, el
primero de ellos está reservado para los turistas, y al segundo solo
pueden acceder los miembros de la asociación oficial de escritores y
artistas cubanos, la UNEAC.
Desde septiembre de 2001, cuatro oficinas postales de La Habana ofrecen a
los cubanos la posibilidad de crearse una dirección electrónica y
de acceder a la red. Sin embargo, la navegación está limitada a
las páginas aprobadas por las autoridades, denominadas "la Intranet".
En cuanto al precio, es disuasorio: 4,5 dólares norteamericanos (5
euros), cuando el salario medio mensual es de 12 dólares. Algunas
organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos
publican frecuentemente artículos en sitios de Internet con base en
Miami, enviándolos por fax o dictándolos por teléfono.
En Cuba, donde la Constitución establece que "la libertad de
palabra y de prensa está sometida a los objetivos de la sociedad
socialista", solo está autorizada la prensa oficial. Un centenar de
periodistas independientes, agrupados en una veintena de agencias de prensa y
de asociaciones, no reconocidas por el Estado, son objeto de un constante
hostigamiento. Medio centenar de periodistas han tenido que abandonar la isla,
desde 1995.
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Régis Bourgeat Despacho Américas / Americas desk
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