Andrés Oppenheimer
/ El
Nuevo Herald, junio 26, 2002.
El gobernante cubano Fidel Castro puede haber cometido el mayor error de su
vida política la semana pasada al imponer una enmienda constitucional que
prohibirá cualquier cambio futuro a la constitución socialista de
Cuba. Al prohibir cualquier enmienda, Castro está invitando a que un
futuro gobierno la deseche por completo, y a que no se preserve un ápice
de su régimen de más de cuatro décadas.
Como se sabe, el régimen recolectó 8.1 millones de firmas la
semana pasada pidiendo que la Asamblea Nacional declare la actual constitución
''intocable''. Las supuestas firmas de un 99.5 por ciento de la población
fueron recolectadas por los Comités de Defensa de la Revolución,
la policía política vecinal cuyas evaluaciones sobre el grado de
''compromiso revolucionario'' de cada ciudadano determinan el futuro laboral de
todo el mundo en un país en que el gobierno es dueño de todos los
medios de producción, y de prácticamente todos los empleos.
La recolección de firmas del régimen fue una reacción a
la ofensiva política sin precedentes de la oposición cubana, que
--aprovechando una cláusula constitucional que permite someter a la
Asamblea Nacional peticiones de ciudadanos que reúnan 10,000 firmas-- había
presentado más de 11,000 firmas pidiendo un referéndum nacional
para preguntarle a los votantes cubanos, entre otras cosas, si desean libertad
de expresión, libertad de asamblea y el derecho a la propiedad privada.
Pero Castro no tuvo el valor de presentarle al pueblo cubano las dos
propuestas, para ver cuál elegían. Sabe perfectamente que perdería
una elección abierta, con voto secreto.
En su lugar, ordenó a las ''organizaciones de masas'' la recolección
de firmas a favor de su propuesta, y prohibió que la propuesta opositora
fuera siquiera publicada en los medios de comunicación. Al hacerlo,
Castro podría estar cavando su propia tumba política.
La propuesta de la oposición cubana, conocida como el Proyecto
Varela, promueve cambios pacíficos y graduales en Cuba, que conservarían
muchas leyes sociales que probablemente una buena parte de la población
cubana desea mantener.
Pero, al cerrarle las puertas a futuras enmiendas constitucionales, Fidel
Castro firmará la partida de defunción política de lo que
queda de su régimen.
La historia de América Latina está repleta de presidentes
vitalicios que han promulgado cientos de constituciones, todas ellas declaradas
definitivas, intocables y eternas, sólo para luego ser descartadas por
completo por nuevas asambleas constituyentes al primer cambio de los vientos políticos.
''Paradójicamente, al intentar momificar la constitución
cubana, el gobierno podría realmente estar declarándola
irrelevante'', dice Robert Pastor, ex miembro del gobierno de Jimmy Carter, que
acompañó al ex presidente norteamericano en su reciente visita a
la isla. "Si el gobierno dice que esta constitución no puede ser
enmendada, los que vengan tendrán que redactar una nueva constitución''.
Es la vieja paradoja del patriarca: en sus esfuerzos por mantenerse en el
poder, los dictadores que se sienten amenazados por la oposición decretan
leyes inviables a largo plazo, que no hacen más que garantizar cambios
radicales en el futuro.
Por primera vez en mucho tiempo, el régimen castrista está a
la defensiva. No recuerdo otro momento de los últimos años en que
la oposición interna cubana --a pesar de su total falta de acceso a los
medios de comunicación-- se ha colocado en el centro del escenario político
nacional, y ha obligado al régimen a tomar posiciones reactivas.
En una entrevista telefónica desde La Habana, Oswaldo Payá, el
líder opositor que está al frente del Proyecto Varela, confirmó
mi sospecha: El hecho de que Castro no permita el derecho otorgado por su propia
constitución a los opositores a que se sometan sus preguntas a un referéndum
es un claro síntoma de debilidad del régimen.
''Hay una pregunta para el gobierno'', dijo Payá. "Si usted
tiene el apoyo del 99 por ciento de los electores, ¿por qué no
permite la publicación del Proyecto Varela? ¿Por qué no le
permite al pueblo cubano escuchar del proyecto a través de los medios de
comunicación, que son propiedad de todos los cubanos?''
''¿Por qué no vamos a un debate público, donde Castro,
[el presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo] Alarcón y todos sus
expertos hablen seis horas, y yo 15 minutos?'', preguntó Payá. "No
se animan a hacerlo''.
¿Qué pasará ahora? La Asamblea Nacional castrista
probablemente declarará la constitución ''intocable''. Aún
no está claro si piensan ir aún más lejos, eliminando por
completo los artículos que permiten a los ciudadanos presentar peticiones
a la Asamblea Nacional.
Pase lo que pase, la oposición cubana lleva las de ganar. Si Castro
no elimina la cláusula constitucional que permite a ciudadanos hacer
peticiones públicas, la oposición seguirá adelante. Ya
cuenta con 30,000 firmas, según me dicen. Y si Castro anula el artículo
constitucional que permite las peticiones ciudadanas y declara su constitución
inmodificable, habrá firmado su suicidio político.
La oposición cubana ya le ha perdido el miedo al régimen
castrista, y está apoderándose de la iniciativa política en
la isla, lo cual es una excelente noticia.
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